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El Gobierno aprueba para 2019 otra subida de las pensiones del 1,6% y del 3% en las mínimas

El Consejo de Ministros deja sin efecto la revalorización del 0,25% y decreta una subida de las bases máximas de cotización del 7% y de las mínimas del 22,3%

Dos jubilados toman el sol en la zona de Madrid Río. En vídeo, declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Consejo de Ministros de este viernes ha aprobado otra revalorización de las pensiones del 1,6% para 2019. Además, las mínimas y las no contributivas subirán un 3%. Estos incrementos tendrán lugar a partir del 1 de enero y se recogen en un real decreto ley que tendrá que ser convalidado en el Congreso. "Las pensiones se revalorizarán en 2019 seis décimas más que la previsión de IPC del Gobierno [ahora en el 1%], por lo que habrá una ganancia de poder adquisitivo por primera vez en años", ha declarado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo. 10,3 millones de prestaciones se verán mejoradas por esta decisión.   

Anulación ‘de facto’ del 0,25%

El texto legal contempla en la práctica la anulación de las subidas de las pensiones del 0,25%.  El llamado Índice de Revalorización de las Pensiones fue aprobado en 2013 por el Gobierno del PP y ligaba la actualización de las prestaciones a la evolución de las cuentas de la Seguridad Social: en tanto que hubiese déficit solo podrían elevarse un 0,25% anual. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ya pactó con el PNV romper puntualmente con su propia legislación y subir las pensiones en 2018 un 1,6% y un 3% para las bajas. Poco después, los partidos políticos acordaron en el Pacto de Toledo volver a revalorizar las pensiones en base a la inflación. Ahora, el Gobierno de Sánchez decide que el año que viene se dejará sin efecto el 0,25% y que se subirán otra vez un 1,6%. Y emplaza a sindicatos y patronal para que acuerden un nuevo sistema en el plazo de seis meses siguiendo la recomendación del Pacto de Toledo. Esto supone un significativo cambio de opinión del Ejecutivo porque en el borrador del real decreto ley antes se especificaba que a partir de ahora se vincularían siempre con el IPC.

Subida en 2019

El Gobierno elevará las prestaciones de jubilación un 1,6% para el año que viene. Y hace eso con la inflación moderándose y cerrando 2018 en el 1,2%, según el indicador de diciembre. Es decir, las previsiones lógicas en este momento suponen que el IPC quedará algo por debajo, si bien las del Banco de España todavía lo sitúan en el 1,7% en 2019. Además, las pensiones mínimas y las no contributivas volverán a subirse más que el resto: un 3%. Por este mayor incremento se verán beneficiadas unos tres millones de prestaciones.   

Paga compensatoria por el IPC de 2018

Los Presupuestos de 2018 recogieron un incremento de las pensiones del 1,6%. Al final, la inflación media entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018 asciende al 1,68%. Con el redondeo queda en el 1,7%, lo que significa que habrá una paga compensatoria del 0,1% que se abonará antes de abril, probablemente en el mes de febrero, según apuntan fuentes de la Seguridad Social.

Un coste de 2.591 millones

El abono de ese 0,1% costará a las arcas de la Seguridad Social unos 125 millones. Además, el pago se consolidará ya como una parte de la prestación y, por tanto, supondrá otros 128 millones para el próximo ejercicio. Las revalorizaciones del 1,6% y del 3% el año que viene requerirán 2.343 millones de gasto adicional para el sistema, según las cifras del Ministerio de Trabajo. En total, la factura ascenderá a los 2.591 millones.

Incrementos de cotizaciones

Para compensar esos mayores gastos, el Gobierno elevará las cotizaciones. Las bases máximas subirán un 7%, por encima de lo que es habitual. Y las mínimas aumentarán en línea con la subida que registrará el salario mínimo en 2019 y que aprobó el Ejecutivo en el anterior Consejo de Ministros: un 22,3%. El Ministerio de Trabajo calcula que el alza del 7% en las bases máximas supondrá unos ingresos adicionales de unos 850 millones de euros. Y la del 22,3% reportará unos 1.500 millones más de recaudación. Con estos repuntes se pretende compensar por completo el coste que tendrá el año que viene ligar las pensiones al IPC.

Seis meses para reformar la revalorización con sindicatos y patronal 

A pesar de que el Gobierno invalida el 0,25%, deja abierto cómo se van a compensar estos incrementos ligados al IPC todos los años. Pese a su elevada contestación social, el 0,25% contribuía a corregir el déficit de las pensiones. Y las subidas de cotizaciones solo servirán para financiar la revalorización de las prestaciones de 2019, que además quedará consolidada como un gasto todos los años. De hecho, el Banco de España cifra el coste de ligar las pensiones a la inflación en 1,9 puntos del PIB para 2030 y 3,4 puntos del PIB para 2050. Por dar una idea, al acumularse las revalorizaciones serían, con el PIB actual, unos 22.000 millones de euros adicionales de gasto en 2030 y unos 40.000 millones en 2050. Sin embargo, el Ejecutivo no inicia ninguna reforma para poder financiar este nuevo desfase. Se deja al diálogo social con sindicatos y patronal para que en los seis primeros meses del año consensúen un nuevo mecanismo de revalorización que se recoja en el artículo 58 de la Ley de Seguridad Social. Este deberá "garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo preservando la sostenibilidad social y financiera del sistema de Seguridad Social", reza la nota publicada por el Ministerio de Trabajo. Con estos mimbres, el Pacto de Toledo tendrá que pactar una reforma que ajuste el agujero presupuestario de las pensiones, ahora situado cerca de los 19.000 millones.

Economía suaviza los cambios

El borrador del Ministerio de Trabajo decía muy claro que la fórmula que brindaba un 0,25% de revalorización quedaba derogada definitivamente. Ahora fuentes del Ministerio señalan que se ha querido esperar para modificarlo a un pacto de sindicatos y patronal. Y no detallan qué ocurrirá si al cabo de los seis meses los agentes sociales no consiguen cerrar un nuevo índice de revalorización. Sin embargo, otras fuentes apuntan que Economía no ha querido que se cambie una de las mayores reformas que había hecho España a ojos de la Comisión Europea. Una cosa es decir que se anula temporalmente como ya había hecho Rajoy, y otra muy distinta decir que se derogaba sin ofrecer una alternativa a Bruselas.

La oposición de la patronal

CEOE remitió este jueves al Gobierno un documento muy duro sobre las iniciativas planteadas. Sostiene que se han tomado sin el acuerdo con la patronal y que “se incrementa de manera muy importante los costes empresariales” e “incidirá negativamente en el número de afiliados”. A su juicio, van a entrañar "elevados déficits contributivos” porque “las medidas generarán pequeños incrementos de cotizaciones a corto plazo pero pueden dar lugar a gastos elevados en el futuro”. “En lugar de conseguir un aterrizaje suave hacia las sostenibilidad del sistema, esta podría alcanzarse forma brusca, es decir, podríamos haber empezado el camino hacia una helenización de las pensiones”, concluye el papel.

Jubilación forzosa

Los convenios colectivos podrán establecer la extinción del contrato de trabajo por cumplir la edad legal de jubilación, siempre que se tenga el derecho al 100% de la pensión. Esta medida era una demanda de la patronal que apoyan los sindicatos para rejuvenecer plantilla.

Viudas, becarios y ayudas a parados

La pensión de viudedad se calculará aplicando el 60% de la base reguladora, lo que culmina la subida prometida de 8 puntos. Los contratos de becarios y formación pasarán a cotizar a la Seguridad Social y se impide usar estas fórmulas de contratación para personas entre 25 y 30 años, algo que introdujo el Gobierno del PP con la crisis. Se prorrogan las ayudas extraordinarias a los parados de larga duración hasta que se establezca un nuevo modelo. Se elimina el contrato de emprendedores, aquel que permitía despedir durante un año gratis. Y se suprime el complemento salarial para los jóvenes que conseguían un contrato de formación acogiéndose a la garantía juvenil, un plan que no ha funcionado y que elevaba el salario por encima del de trabajadores con más experiencia.

Se penalizan los contratos más cortos

El decreto endurece las penalizaciones que se aplican a los contratos que duran cinco días o menos. Ya existe un incremento del 36% de la cotización empresarial para esas contrataciones. Y ahora el Gobierno la subirá al 40%. “Así no habrá la tentación de que el fin de semana no se cotice por esos trabajadores", dijo la ministra Valerio el jueves. Además, la nueva normativa hará que esos días por debajo de la semana se contabilicen como 1,4 jornadas cotizadas para el trabajador, de forma que la excesiva rotación no erosione sus derechos.

Se amplía en un año, hasta el 1 de enero de 2020, la posibilidad de que los despedidos antes del 1 de abril de 2013, o aquellos que se acojan a un ERE abierto con anterioridad a esa fecha, se puedan jubilar de forma anticipada sin las penalizaciones que se establecieron en 2011.

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