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La nueva jubilación parcial de la industria costará 1.778 millones a la Seguridad Social

La normativa permitirá que los trabajadores de las empresas de manufacturas se retiren anticipadamente sin tener que aplicarse coeficientes reductores en la prestación

El Ministerio de Industria aprobó la semana pasada un nuevo contrato de relevo que permitirá a los trabajadores veteranos de la industria de la automoción y las manufacturas jubilarse anticipadamente de forma parcial sin aplicarse ningún coeficiente reductor a la prestación, tal y como ya se hacía antes de las reformas de la jubilación anticipada de 2011 y 2013. Según consta en la memoria económica del real decreto ley, el coste de esta medida para la Seguridad Social ascenderá en total a los 1.778 millones de euros entre 2019 y 2026.

Cadena de montaje de Seat en Martorell. Martorell.
Cadena de montaje de Seat en Martorell. Martorell. EL PAÍS

Hasta 2011 era habitual que las empresas utilizasen el contrato de relevo para renovar y rejuvenecer sus plantillas. La idea consistía en que un trabajador joven se incorporaba de la mano del operario que ya acumulaba mucho tiempo y experiencia en la compañía. Así, el nuevo iba aprendiendo el oficio, mientras que el antiguo podía ir reduciendo su jornada, jubilándose de manera parcial. Este último cobraba una parte del salario según las horas trabajadas, y la otra procedía de la pensión en proporción a la reducción de su jornada laboral. La mayoría solía llevarse un 25% del sueldo y un 75% de la pensión.

Además, una sentencia del Supremo hizo posible que los trabajadores concentrasen en un solo año o periodo todas las horas que tenían que trabajar. De manera que muchos alargaban su vida laboral solo unos meses o un año más, en función de la reducción de jornada que tuviesen, y se retiraban por completo mucho antes de la edad oficial de jubilación. Lo que eliminaba el proceso de formación, que es el objetivo inicial del relevista. En la industria era habitual usar estos empleados ya jubilados solo para picos de producción o en vacaciones.

Una vez retirados, la prestación de estos pensionistas no sufre la reducción de entre el 6% y el 7,5% por año de jubilación anticipada que sí padecen aquellos que se acogen en las condiciones de jubilación anticipada ahora vigentes.

Esta fórmula, que básicamente reparte el puesto de trabajo entre dos, tenía gran respaldo tanto de las empresas como de los sindicatos. Sin embargo, las reformas de 2011 y 2013 endurecieron la jubilación parcial. Hasta tal punto que a las empresas no les compensaba usar esta figura tal y como quedaba en la legislación. Por ese motivo, se concedió a las compañías una prórroga de las condiciones anteriores a 2011 para que siguiesen aplicando jubilaciones parciales con contratos de relevo hasta el 1 de enero de 2019.

Solo que ahora la inminente finalización de esta prórroga ha provocado que sobre todo el sector del automóvil presione para que se recuperen de nuevo las antiguas condiciones previas a 2011. Y el Ministerio de Industria ha accedido. Si bien las ha restringido para que solo se aplique a las manufacturas y siempre que se trate de operarios de la cadena de montaje. Sin embargo, incluso restringiéndolo, la medida tendrá un coste sustancial para la Seguridad Social. Según la memoria económica del real decreto ley aprobado el viernes de la semana pasada, volver a las condiciones de 2011 costará 1.778 millones para la Seguridad Social. En el Fondo de Reserva, la llamada hucha de las pensiones, solo quedan unos 4.000 millones después de que Gobierno sacase unos 4.000 millones para sufragar la extra de diciembre.

La propia memoria económica establece que el coste de volver a 2011 en la jubilación parcial acarrearía una factura adicional para el sistema de pensiones por valor de 3.251 millones. Sin embargo, el Gobierno ha introducido algunas restricciones que, según sus cálculos, harán que el coste se reduzca casi a la mitad. El primero y más importante es que el contrato de relevo solo se podrá utilizar cuando el trabajador que lo solicite sea de la industria manufacturera y sus tareas requieran esfuerzo físico o alto grado de atención. También se exige que la compañía cuente con un 70% de empleados indefinidos en su plantilla.

El trabajador que se beneficie de la jubilación parcial tendrá que haber trabajado en la empresa al menos durante seis años antes. Y deberá acreditar un periodo de cotización de 33 años. Por último, el salario del relevista no podrá quedar un 65% por debajo de la pensión del jubilado.

Con todas estas condiciones —la limitación a los operarios de industria, la antigüedad y el porcentaje de empleo indefinido previsto—, el Gobierno espera que se reduzca el coste desde esos 3.251 millones hasta los 1.778 millones finalmente recogidos.

“Se hace notar que este cálculo no contempla el coste que se podría producir en prestaciones de desempleo, si finalmente parte del colectivo pasa a dicha situación, ni el incremento en la recaudación fiscal derivada de las contrataciones de los relevistas y los efectos inducidos de estas en la economía (incremento de consumo, mejora en la capacitación del capital humano, etcétera)”, dice el texto de la memoria económica.

Rejuvenecer a costa de las pensiones

Un estudio de Fedea sobre la jubilación parcial con contrato de relevo concluye que esta modalidad ha supuesto desde que se aplica un coste total para la Seguridad Social no inferior a los 30.000 millones de euros. “Permite que ciertos trabajadores puedan evitar los coeficientes reductores a los que se enfrentan otras personas en situaciones similares, rompiendo así la equidad horizontal del sistema”, sostiene Miguel Ángel García, autor del estudio y director general de la Seguridad Social con el anterior Gobierno. 

Según sus cálculos, para una esperanza de vida de 21 años, el coste medio extra por pensionista para la Seguridad Social alcanza los 120.000 euros. Además, hay un porcentaje elevado de los que se acogen que son trabajadores cualificados de la industria, tienen una cotización media elevada y, por tanto, la factura resulta incluso superior. Por estas razones, García concluye que no se deberían prorrogar las condiciones de las jubilaciones parciales anteriores a 2011.

El Ministerio de Industria justifica la iniciativa del contrato de relevo diciendo en el decreto que no se ha completado el ciclo de rejuvenecimiento de las plantillas, lo que pone “en riesgo la competitividad futura, a medio y largo plazo, de las plantas de fabricación y montaje”.

Por el contrario, para el economista Miguel Ángel García, este mecanismo “implica un trato favorable a una parte de la población no extensible a todos los trabajadores que cumplen con las mismas condiciones de edad y aportación al sistema, es decir, disminuye la equidad individual del sistema público de pensiones”. Solo en 2017 el coste fue del entorno de los 2.200 millones, recuerda. Y uno de cada diez nuevos jubilados se benefició de este formato.

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