El Gobierno ultima una mejora del contrato de relevo limitada a la industria

El Ministerio de Industria ultima un cambio en las condiciones del contrato de relevo. La medida se aplicará desde el próximo 1 de enero y hasta finales de 2022 y quedará restringida a la industria y, dentro de ella, a los puestos de trabajo vinculados a la cadena de producción. El contrato de relevo abre la puerta a que trabajadores próximos a la jubilación se retiren parcialmente años antes de llegar a la edad legal de jubilación. A cambio, la empresa puede contratar a jóvenes con sueldos más bajos y, en ocasiones, con bonificaciones en sus cotizaciones.

La propuesta del Gobierno llega tras reiteradas demandas de la industria durante los dos últimos años y, especialmente, de los fabricantes de automóviles, que utilizaron ese modelo como una de sus puntas de lanza para mejorar la competitividad. En el último acuerdo de negociación colectiva sellado entre patronal y sindicatos se hacía hincapié en la necesidad de una reforma. Ambas partes consideraban necesario volver a las condiciones previas a 2011, cuando el Gobierno introdujo modificaciones en la Ley de Pensiones con el objetivo de rebajar los incentivos a la jubilación parcial acompañada de contrato de relevo, al considerar que era una medida que tenía un impacto considerable en los recursos que llegaban a la caja de la Seguridad Social.

Aquella regulación volvió a endurecerse en marzo de 2013, aunque se introdujo un periodo transitorio hasta el 1 de enero de 2019 para no afectar a las contrataciones que había anunciado en aquellas fechas el sector de la automoción, siempre que estuvieran previstas y recogidas en convenios y planes de empleo. Esa moratoria está tocando a su fin y las presiones han aumentado en los últimos meses.

Industria ha tomado nota de esas reivindicaciones y las ha asumido, pero con una gran restricción: solo se podrá beneficiar la industria manufacturera y, de ésta, quedarían exentos los empleos de servicios o administración. La medida solo beneficiará a aquellos trabajadores que tengan asignadas tareas que requieran esfuerzo físico o alto grado de atención en líneas de montaje, apuntan fuentes de la negociación.

Aunque aún quedarían algunos flecos pendientes, representantes de empresas y de trabajadores recibieron la semana pasada la última propuesta del Gobierno, que podría pasar por el Consejo de Ministros el próximo viernes. Una de las condiciones que el Ejecutivo pretende fijar para impulsar la contratación indefinida es que la empresa que se acoja cuente, en el momento de la solicitud, con un 70% de empleo indefinido en su plantilla. Ese ha sido un punto de fricción entre el Ejecutivo y las patronales.

Los márgenes que plantea el Gobierno es que la reducción de la jornada para los trabajadores que se quieran prejubilar parcialmente sea de entre un 25% y un 67% si el empleado entrante es temporal. Este último porcentaje es 17 puntos más alto que la regulación aprobada en 2013 (50%) y que entraría en vigor en 2019 para aquellos sectores que no son la industria.

Malestar en otros sectores

La reducción de jornada podrá llegar al 80% si la empresa contrata de forma indefinida a un relevista para sustituir al jubilado parcial. De nuevo, esta condición es algo más laxa que la prevista para el año próximo para servicios o actividades no vinculadas a cadenas de producción, que se queda en el 75%. Además de estas condiciones, Industria también fija un límite en las condiciones laborales del relevista: el sueldo. Las mismas fuentes explican que la base de cotización del nuevo trabajador deberá ser, al menos, el 65% de la base reguladora del jubilado. En plata: el sueldo del joven no podrá ser más de un 35% inferior a la referencia última que se toma para calcular la pensión del retirado.

Según la última propuesta del Gobierno, un trabajador que quiera acogerse a ese modo de jubilación parcial —que permite retiros anticipados con el 100% de la prestación— deberá contar con una edad mínima de 62 años y 33 años cotizados a la Seguridad Social o sumar 61 años de edad y haber generado cotizaciones sociales durante 34 años y seis meses. Como en las exigencias anteriores, estos requisitos son más fáciles de cumplir que la legislación que afecta al resto de sectores, pero más duras que las requeridas según la legislación previa a 2011.

La decisión del Ejecutivo de mejorar solo las condiciones al sector de la industria ha generado cierto malestar en el seno de las patronales y los sindicatos, que interpretan la medida como un agravio para el resto de sectores productivos. Según explican fuentes próximas a las negociaciones, ese malestar es el que ha provocado que el Ministerio de Industria decidiera asumir las negociaciones y la iniciativa, que podría llegar al Consejo de Ministros el próximo viernes.