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El Gobierno intenta retener a Alcoa y otras industrias con rebajas a medida en los costes energéticos

El Ejecutivo prevé asegurar 70.000 empleos industriales con el nuevo contrato de relevo

Manifestación por las calles de A Coruña contra el anuncio de cierre de la planta de Alcoa.
Manifestación por las calles de A Coruña contra el anuncio de cierre de la planta de Alcoa. EFE

El Gobierno ha aprobado hoy medidas en un intento para que Alcoa dé marcha atrás en su amenaza de cerrar sus plantas de A Coruña y Avilés, que emplean a casi 700 trabajadores. La multinacional ha denunciado reiteradamente en los últimos años los altos precios de energía que padecen sus fábricas españolas, quejas que la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha asumido con, sobre todo, una propuesta que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros: la creación de un Estatuto de Consumidores Electrointensivos, permitiendo un abaratamiento de costes y reduciendo la volatilidad de los precios eléctricos en grandes industrias. Maroto ha avisado que las medidas quieren "evitar el cierre de empresas", aunque no ha hecho referencias directas a Alcoa.

La ministra de Industria aseguró que una resolución positiva a la crisis de Alcoa "no es fácil", pero ha asegurado qeu se stá trabajando para poder resolver la situación. Considera Maroto que ahora es necesario que la multinacional siderúrgica "ponga en un horizonte las medidas que podrían evitar el cierre de las plantas". "Hay condiciones para que pueda salir bien y ahora hay que trabajar mucho", ha dicho.

La medida aprobada abre una tramitación de seis meses para acabar de definir los elementos que vestirán en su conjunto el estatuto de consumidores electrointensivos, pero la idea básica es reconocer las necesidades de aquellos consumidores intensivos de electricidad y que consumen energía en horas de baja demanda eléctrica, como sería el caso de la industria metalúrgica. El Gobierno asume que para estas compañías el precio de la electricidad es uno de los principales factores de producción, por lo que darles estabilidad es una de las pocas fórmulas para aportarles competitividad y permitirles que mantengan cuota de mercado y así que quieran seguir en España.

Los gobiernos autonómicos de Galicia y Asturias habían demandado un plan de choque con el Gobierno central para intentar cambiar de opinión a la dirección de Alcoa, que ha amenazado de forma reiterada su marcha de España.

Maroto ha explicado tras la reunión del Consejo de Ministros que en las medidas del Gobierno habrá beneficios para las compañías, pero también obligaciones. Respecto a esas últimas, la ministra ha avisado que las subvenciones de compensaciones de dióxido de carbono, que se darán este mes de diciembre, quedarán a partir de ahora condicionadas. Las empresas que se beneficien deberán asegurar que sus plantas se mantienen activas al menos durante los siguientes tres años y que si ejecutan regulaciones de empleo, las plantillas no se reducen más de un 15%.

Otra de las medidas aprobada hoy es una prolongación de la vida útil de plantas de cogeneración que utilicen combustibles renovables o gas natural que hayan superado su vida útil este año. Esa prolongación será de dos años. Asimismo, se abre la puerta a la creación de redes de distribución eléctricas cerradas, una medida dirigida especialmente a los polígonos petroquímicos de Tarragona y Huelva.

Contrato de relevo

El Gobierno ha aprobado hoy finalmente una prórroga del contrato de relevo, que se prolongará cuatro años, pero solo para puestos de trabajo vinculados con la industria manufacturera, tal y como avanzó EL PAÍS. La modificación, que facilita el rejuvenecimiento de plantillas con la entrada de trabajadores más jóvenes a cambio de jubilaciones parciales, supone retraer las condiciones a la normativa anterior a 2012, modificada con los cambios introducidas en la ley de Pensiones. Según los cálculos del Gobierno, esta actualización de las condiciones permitirá "asegurar" 70.000 puestos de trabajo en los próximos cinco años.

El plan era una petición expresa del sector de la automoción, que lo considera imprescindible para mantener condiciones de competitividad con las plantas extranjeras y para rejuvenecer plantillas y potenciar la formación en sus plantillas. Pese a las diferencias internas en patronales y sindicatos, el Ejecutivo ha admitido introducir modificaciones únicamente para el sector industrial y solo para aquellos empleos relacionados directamente con puestos de trabajo en líneas de producción.

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