La ‘ley mordaza’ dejará de sancionar las concentraciones pacíficas frente al Congreso

Los representantes de los partidos que participan en la ponencia que estudia en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana del PP (la conocida popularmente como ley mordaza) han acordado en su última reunión la próxima eliminación de algunos de los aspectos más polémicos de la norma, entre ellos los que ponían trabas al derecho de manifestación, según detallan a EL PAÍS varios de los participantes en las negociaciones. Así, los grupos parlamentarios han alcanzado un acuerdo para que deje de ser infracción la grabación o difusión de imágenes de los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado durante sus actuaciones o la convocatoria exprés de manifestaciones. También hay mayoría, aunque todavía no se ha votado por una cuestión técnica, para que se deje de penalizar la convocatoria y celebración de concentraciones pacíficas en los alrededores de las Cámaras parlamentarias.

Desde el pasado mes de noviembre, la ponencia del Congreso estudia la reforma de la ley mordaza que el PP aprobó gracias a su mayoría absoluta en 2015. Sobre la mesa tienen el texto elaborado por el PNV, al que el resto de grupos ha presentado más de 200 enmiendas. En las tres reuniones que han celebrado hasta ahora, los avances han sido “importantes”, según detallan las fuentes parlamentarias consultadas, que destacan los que se han producido en las últimas horas y que afectan, de manera concreta, al derecho de manifestación, al que la norma aprobada por los populares hace casi cuatro años imponía importantes limitaciones.

Así, el texto que finalmente se llevará al pleno de la Cámara alta para su aprobación recoge que no se sancionará “con carácter general” a los ciudadanos que graben a los policías que participen en los operativos de control de las protestas. Sí seguirá siendo infracción el uso y difusión intencionada de datos o imágenes de estos agentes cuando generen un peligro concreto para ellos y sus familias o pongan en riesgo una operación policial. Esta decisión supone un jarro de agua fría para los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil, que habían reclamado al Ministerio del Interior que se mantuviera intacto este punto de la ley mordaza.

No ha sido el único. Los diputados también han decidido que deje de ser una infracción grave el uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones o réplicas de los distintivos que utilizan los agentes. Además, se reduce el tiempo máximo de retención en comisaria de un ciudadano para su identificación a dos horas, aunque se podrá elevar hasta seis “en circunstancias excepcionales” que deberán estar suficientemente motivadas y justificadas. Con la ley del PP, el plazo de retención llegaba hasta las seis horas. También se prohibirán los cacheos con desnudo integral en la calle salvo peligro inminente para la vida o la seguridad. Buena parte de estos avances son propuestas que Unidos Podemos planteó al Gobierno en el acuerdo que Pablo Iglesias firmó con Sánchez para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Otro aspecto que sufrirá cambios significativos es el referido a los plazos fijados para la convocatoria de manifestaciones. Así, los partidos han acordado reducir los requisitos temporales para informar a las delegaciones del Gobierno de la próxima celebración de una protesta cuando esta venga provocada por un suceso de repercusión mediática, “como la sentencia contra los integrantes de La Manada”, detallan fuentes parlamentarias. Aunque el plazo mínimo será de 24 horas, en estos casos se abre la puerta a que se pueda hacer convocatorias exprés de concentraciones con tan solo cuatro horas y tras comunicarlo de manera telemática para evitar que la protesta pierda vigencia. Eso sí, estas nunca se podrán celebrar en las inmediaciones de infraestructuras básicas o donde puedan suponen un riesgo. Además, se elimina la posibilidad de que la policía pueda disolver una manifestación por el mero hecho de no haber sido comunicada.

Lo que aún no se ha acordado de manera definitiva —aunque algunas fuentes parlamentarias consultadas apuntan a que está muy avanzado— es la eliminación de las sanciones por protestar en las inmediaciones del Congreso y del Senado, como ocurrió durante la etapa del Gobierno del PP, cuando se convocaron bajo el lema Rodea el Congreso y que acabaron con incidentes. Los populares y Ciudadanos se niegan a que estas concentraciones dejen de ser una infracción grave dentro de la ley de seguridad ciudadana. Los representantes del PSOE han puesto algunos reparos, pero finalmente se han adherido al texto propuesto, que eliminar las multas para este tipo de convocatorias, siempre y cuando sean pacíficas y no impidan el acceso de los representantes políticos a los edificios. El miércoles no se llegó a votar la redacción definitiva ante la ausencia de los representantes de ERC, aunque las fuentes consultadas aseguraron que se hará en la próxima reunión de la ponencia, fijada para el 20 de febrero.

Lo que sí se acordó el miércoles fue retocar los artículos referidos a las protestas junto a las denominadas infraestructuras básicas, como centrales nucleares o refinerías. Así, no todas serán punibles, como hasta ahora. Solo lo serán aquellas que causen “perturbaciones graves” al funcionamiento de esas instalaciones o que supongan un riesgo concreto para la vida y para la salud de las personas. También en el capítulo de las manifestaciones, los parlamentarios han acordado equiparar el régimen sancionador de las protestas de personas con las de uso de vehículos, como las marchas lentas de taxis que se han producido recientemente en Madrid.

Además, los responsables de los posibles daños que se produzcan en las manifestaciones no serán los convocantes, como hasta ahora fijaba la ley mordaza, sino las personas individuales que los provoquen. En este sentido, también se ha acordado que las sanciones por estos desperfectos se modularán según las capacidades económicas de los autores de los daños. Además, la perturbación de los oficios religiosos saldrá de la ley mordaza, al entender los legisladores que este tipo de protestas ya están castigadas suficientemente, si llegan a ser delito, en el Código Penal.