Podemos arranca al PSOE la modificación del delito de injurias a la Corona

El acuerdo presupuestario firmado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, incluye el compromiso de impulsar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana del PP —conocida como ley mordaza— y modificar algunos artículos del Código Penal que afectan al ejercicio de la libertad de expresión, de reunión y de información. Entre ellos, aquellos que castigan las injurias a la corona y la ofensa a los sentimientos religiosos. El acuerdo se produce después de la polémica por el proceso judicial seguido contra el actor Willy Toledo por sus comentarios sobre la religión católica y la condena de cárcel por sus canciones contra la monarquía al rapero José Miguel Arenas, Valtonyc, actualmente huido en Bélgica.

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Sobre la reforma de la ley mordaza —a la que Sánchez se había comprometido ya en su discurso de moción de censura que le llevó a la presidencia—, el texto concreta que se utilizará la iniciativa parlamentaria que planteó el PNV y que aboga por cambiar 44 preceptos de la ley e incorporar tres disposiciones finales con el objeto de proteger derechos que la mayoría de las fuerzas parlamentarias consideran amenazado por el articulado sacado adelante por el PP con la mayoría absoluta que sostuvo el primer Gobierno de Mariano Rajoy. La Comisión de Interior del Congreso comenzó a trabajar en ello el pasado martes.

El acuerdo hace hincapié en la modificación de los artículos 23 y 30.3 de esta ley y del 8 de la Ley Orgánica de Derecho de Reunión para que no sea necesaria la comunicación previa a las autoridades para ejercer el derecho de reunión. También quiere que el registro corporal por parte de la policía en ningún caso incluya el desnudo total o parcial, y que solo pueda realizarse cuando haya “indicios concretos y comprobables” de la comisión de un ilícito. Además, PSOE y Unidos Podemos se comprometen a ajustar la elevada cuantía de las sanciones económicas que la ley mordaza impone y propone aplicar un “criterio de capacidad económica” que individualice las multas.

La reforma también abarca situaciones que, en opinión de ambos partidos, “tienen una hiperregulación tras las reformas legislativas introducidas por el PP”. Pone como ejemplo el artículo 315 del Código Penal, que establece penas de prisión de entre un año y nueve meses hasta tres años para los piquetes que “coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”. Podemos ya planteó en el Congreso en 2017 su derogación.

El acuerdo también recoge el compromiso de restablecer la Justicia Universal liquidada por el Gobierno de Rajoy. En este caso, ambas partes se comprometen a aceptar las conclusiones y propuestas que surjan de la comisión de expertos creada a finales de agosto por el Ministerio de Justicia con este fin.