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La ampliación de la justicia universal permitirá reabrir casos de crímenes impunes

La revisión de casos como el del cámara José Couso podría reabrirse con la reforma sobre la que trabaja el Gobierno

Varias personas se concentran en protesta por la muerte de José Couso en Madrid en 2014.
Varias personas se concentran en protesta por la muerte de José Couso en Madrid en 2014.

La investigación de casos como el del cámara José Couso, asesinado por las tropas de EE UU en la guerra de Irak en 2003, podría reabrirse con la reforma de la justicia universal sobre la que trabaja el Gobierno. La revisión de ese y otros procesos, como el genocidio en el Tíbet, emergió ayer en la primera reunión del consejo asesor creado por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para recuperar y “ampliar” la justicia universal, es decir, la capacidad de los tribunales españoles para juzgar delitos graves ocurridos en otros países.

Cuatro expertos en derecho internacional se reunieron con Delgado durante más de tres horas para empezar a poner en común los criterios que regirán la futura Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que permitirá recuperar la jurisdicción universal. Esa potestad quedó severamente limitada por una reforma impulsada por el PP en 2014, cuando contaba con mayoría absoluta en el Congreso.

“Hemos empezado a hablar de reformas procesales que, según cómo se planteen y cuál sea su alcance, podrían dar lugar a la reapertura de investigaciones como la de Couso”, explican fuentes conocedoras del encuentro. Los juristas se mostraron satisfechos por el planteamiento “abierto” de la ministra, cuya intención es no solo recuperar la justicia universal sino ampliar sus contornos. “En estos años, la normativa internacional ha evolucionado mucho y estaría bien incorporar esos avances”, señalan las mismas fuentes.

Recuperar la jurisdicción universal es una de las prioridades de Justicia en esta legislatura, como señaló Delgado en una comparecencia en el Congreso el pasado julio. La reforma del PP, criticó, había “limitado la eficacia de España” para combatir el narcotráfico y el terrorismo. Además de la protección de los derechos humanos y el amparo a las víctimas de genocidios y otros delitos graves, la reforma pretende “dar un paso más” y adentrarse en campos como la persecución de la “criminalidad internacional organizada” y la de “los delitos contra el medio ambiente”, informó ayer el ministerio en un comunicado.

“La doctrina va a un ritmo y los Estados, a otro. Ahora se trataría de actualizarse, porque los convenios nos están diciendo que ciertos delitos, también económicos, deben combatirse de forma transnacional”, apuntan esas mismas fuentes. Los juristas lanzaron ya algunas ideas y la ministra les solicitó “un primer informe” que tenga en cuenta “la realidad social actual” y “la más moderna jurisprudencia” para ir en consonancia con los tratados internacionales suscritos por España.

Además de la reforma de la LOPJ, los juristas “anotaron” ideas para introducir cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal e incluso en el Código Penal. “Se trata de mejorar las formas de persecución”. Con esas reformas, coinciden, se abre la puerta para que se retomen casos a los que los jueces tuvieron que dar carpetazo con la reforma de 2014. Uno de los más emblemáticos fue el de José Couso, abatido el 8 de abril de 2003 por un carro de combate norteamericano que disparó contra el hotel Palestina de Bagdad, en el que se alojaba la prensa internacional. La familia está pendiente de que el Tribunal Constitucional resuelva un recurso que pretendía declarar nula la reforma de la justicia universal. Otros casos sonados fueron los de los vuelos de la CIA o las torturas en la cárcel de Guantánamo.

Además de la ministra y del secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz, forman parte del órgano asesor cuatro juristas: José Ricardo de Prada, magistrado de la Audiencia Nacional que formó parte del tribunal que condenó al PP por la trama Gürtel; Manuel Ollé, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Complutense; Manuel Vergara, profesor de Derecho Penal, asesor de la Fundación Internacional Baltasar Garzón y colaborador del Tribunal Penal Internacional (TIP); y Hernán Hormazábal, catedrático de Derecho Penal y presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España.

Una proposición de ERC, base del trabajo de los expertos

El documento base sobre el que trabajará el comité es la proposición de ley presentada por Esquerra Republicana (ERC) y aprobada por el Congreso en 2017 con el apoyo de todas las fuerzas salvo el PP —que votó en contra— y Ciudadanos, que se abstuvo. Aquella propuesta sostiene que el principio de justicia universal es “una conquista irrenunciable de toda la humanidad” y critica las dos reformas que la limitaron. Una, impulsada en 2009 bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, que incluyó la necesidad de que existiera “una conexión relevante con España”. Y otra, de más calado, aprobada en 2014 por Mariano Rajoy.

La reforma del PP precisaba que los jueces españoles solo podían investigar delitos de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad cuando el proceso se dirigiese contra un ciudadano español o un extranjero que resida o se encuentre en España. El cambio fue impulsado para evitar un conflicto diplomático con China después de que la Audiencia Nacional pusiera en busca y captura a la cúpula del Partido Comunista Chino por el genocidio del Tíbet. El juez puso en busca y captura al expresidente de China, Jiang Zemin, de 87 años, y al ex primer ministro Li Peng, de 86, entre otros.

“Las víctimas”, subrayaba la proposición de Esquerra, “son universales y discriminarlas por su nacionalidad limita sus posibilidades de exigir justicia y pone coto a la impunidad”. La proposición se está tramitando en el Congreso y el plazo para presentar enmiendas acaba el 4 de septiembre, de modo que Justicia ha solicitado celeridad a los expertos.

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