El ‘caso Couso’ busca respuestas 14 años después

El 8 de abril de 2003, el disparo de un tanque estadounidense acabó con la vida del cámara de Telecinco José Couso, que en ese momento se encontraba filmando desde la terraza de la habitación 1.403 del hotel Palestina, en Bagdad. En ese lugar había establecido su cuartel general la prensa internacional que cubría la guerra de Irak. Era el vigésimo día de hostilidades. En el mismo ataque —de fuego amigo— murió el periodista ucranio Taras Protsyuk, que trabajaba para Reuters. 14 años después, la familia de Couso sigue clamando justicia. Exige derogar la reforma de la ley de justicia universal de 2014 y que se vuelva a “encender el flexo” para recuperar la investigación abierta en su día por la Audiencia Nacional. El caso se cerró de un plumazo del mismo modo que fueron sobreseídas otras causas por delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad, tortura y desaparición forzosa.

Sobre el asesinato de Couso ha caído un manto de silencio. El Pentágono concluyó que su muerte fue un acto de “defensa propia”. En medio de “un fuego intenso de morteros, granadas antitanques y misiles”, un militar detectó “a alguien con prismáticos” en una habitación elevada de un edificio. El mando ordenó disparar contra ese punto un proyectil de 120 milímetros.

La familia de Couso rechazó la “investigación de pacotilla” realizada por el Pentágono y se querelló contra tres militares estadounidenses. La Audiencia Nacional, con el juez Santiago Pedraz a la cabeza, intentó durante años sentar en el banquillo a los autores del ataque al hotel Palestina. El magistrado se trasladó incluso al lugar de los hechos para inspeccionar la zona: el puente Jamirohaora, a menos de dos kilómetros del hotel de los periodistas, desde donde un blindado del regimiento número 64 realizó el ataque mortal.

Todas las pesquisas han caído en saco roto desde que el PP sentenció que la justicia universal “no es eficaz” y decidió echar por tierra la ley que permitiría a la justicia española actuar fuera del territorio nacional. Así se enterraba el caso Couso y de paso los sumarios abiertos en torno a las torturas en Guantánamo o los genocidios en China y Ruanda. Durante años, el objetivo de EE UU, con presiones diplomáticas de por medio, ha sido cortocircuitar las ordenes de detención internacional y conseguir que la justicia española archivara el asesinato del periodista español.

Ahora, la familia, los amigos y compañeros del reportero fallecido en Bagdad cuando tenía 37 años confían en que se reabra la investigación para que “algún día” llegue el reconocimiento y la justicia. Siguen creyendo que la memoria y la justicia son elementos fundamentales del civismo. “Hay horrores contemporáneos que no deberían ocurrir nunca más”, dicen. Cualquier avance sobre el asesinato del reportero pasa por la derogación de la reforma de la justicia universal, algo que está exclusivamente en manos del Congreso de los Diputados.