El Congreso rechaza despenalizar las injurias al Rey tras el fallo de Estrasburgo

La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de condenar a España por imponer una pena de 15 meses de cárcel a los dos manifestantes que quemaron en Girona en 2007 una foto gigante de los Reyes resultó muy oportuna este martes para Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), aunque no eficaz. El Congreso ha rechazado su proposición de ley para derogar los artículos del Código Penal en los que se castiga con penas de prisión el delito de calumnias o injurias a los miembros de la Casa del Rey, así como multas por ofensas o ultrajes a España, sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas.

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El eco atronador de la sentencia ha alimentado el debate de la propuesta de ERC, pero los votos en contra de PP, PSOE y Ciudadanos han impedido que prosperara. La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, avanzó antes del pleno que los diputados socialistas votarían en contra de la proposición de ley de ERC para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España. Según el PSOE, la iniciativa de ERC busca despenalizar una serie de conductas que "van mucho más allá de la libertad de expresión y entran en el ámbito del respeto institucional". La portavoz marcó diferencias entre la iniciativa de ERC y la sentencia del Tribunal de Estrasburgo.

La defensa de la iniciativa ha corrido a cargo de Gabriel Rufián. Traía “un discurso muy chulo” lleno de reproches al Gobierno por lo que él considera “injurias a la patria” (pagar con dinero público el rescate de los bancos o la indemnización a las empresas promotoras del almacén de gas Castor), pero la actualidad hizo que tuviese que cambiarlo. “Les traigo algo mejor”, ha subrayado, “una sentencia” del Tribunal de Estrasburgo que rechaza las objeciones del Gobierno por la quema de fotos del Rey y la penalización por “hechos que suponen una expresión de la crítica política”.

Rufián no ha reparado en apelaciones al PSOE para salvar su propuesta. “Esperamos al mejor PSOE”, ha emplazado sin éxito. Ha tenido, en cambio, el apoyo de buena parte del Grupo Mixto, con retirada de expresiones por parte de la presidenta, Ana Pastor, como la de la diputada de Compromís Marta Sorlí, que ha parafraseado una canción del rapero Valtonyc por la que fue condenado por injurias a la Corona: "Los derechos humanos se los pasan por los cojones".

También ha contado con el respaldo del PNV, que ya se posicionó a favor de iniciativas similares en aras de la libertad de expresión. “No es un debate sobre la Monarquía o los símbolos sino sobre la democracia”, ha destacado Mikel Legarda. Y, por su puesto, de Unidos Podemos, que ha considerado que ha apuntado que la sentencia de Estrasburgo arroja "serias dudas" sobre aspectos de la legislación española que, "impone una especie de Estado de excepción" contra la libertad de expresión.

Al otro lado, se han situado Ciudadanos, el PSOE y el PP. Ciudadanos ha reprochado a ERC que plantease una iniciativa para "legislar en beneficio propio". "Lo que quieren es despenalizar acciones que ustedes protagonizan", ha criticado José Manuel Villegas. El PSOE ha aducido que la crítica al Rey no está penalizada en España y que lo que pretendía ERC no era despenalizar la crítica política "sino la injuria y la calumnia presentándolas como una expresión de libertad". El PP ha reducido la iniciativa a "un esperpento alegremente secundado por algunas fuerzas democráticas”.

'Fake news'

El pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado también una proposición no de ley del PP para exhortar al Gobierno a impulsar medidas contra las ciberamenazas y noticias falsas que circulan por internet (las llamadas fake news) para evitar injerencias extranjeras que pongan en peligro la estabilidad de las instituciones en España, como ha ocurrido recientemente en los procesos electorales de varios países que ya están tomando medidas.

La iniciativa instaba al Gobierno a dotar a la seguridad pública de sistemas de vigilancia y respuesta ante acciones extranjeras que debiliten la confianza en las instituciones públicas y los valores democráticos. También, a colaborar y buscar un acuerdo internacional contra la desinformación como amenaza global sobre los sistemas democráticos. Y a reforzar la comunicación estratégica frente a campañas de desinformación desestabilizadoras con intenciones hostiles contra países de la Unión Europea.

Defendida por el diputado Teodoro García, la proposición incluía cuatro líneas de actuación que implican al Gobierno, instituciones públicas especializadas, proveedores de servicios e infraestructuras de Internet, medios de comunicación, usuarios y asociaciones. El primero de sus puntos proponía al Ejecutivo elaborar métodos para determinar la veracidad de las informaciones que circulan por la red y garantizar su detección y "sellado o descalificación" en caso de ser falsas.

El PSOE ha criticado que la propuesta pusiera el énfasis en las "noticias asombrosas" frente a aquellas intromisiones que suponen un riesgo para la soberanía mediante agresiones extranjeras. En ese sentido lo ha considerado “recorte de libertades”, incluso “censura”. Para el PSOE no corresponde a un Estado dilucidar si es una notica es falsa o no, una tarea que ha situado en el autocontrol de los medios y en la capacidad de limpieza de las agregadoras de noticias.

La iniciativa no ha despertado tampoco el entusiasmo de Ciudadanos (que ha reclamado “un gran pacto de Estado para la ciberseguridad”), ERC (que la ha considerado "una versión digital del contubernio" de Cataluña), el PDeCAT (para el que "el PP es todo él una fake news") o Unidos Podemos (que la ha calificado como "una ofensiva clara contra la libertad de expresión").

Hace una semana, la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley para instar al Gobierno a reforzar los medios materiales y humanos dedicados a combatir las campañas de desinformación en el ciberespacio y las denominadas fake news. Esta iniciativa, impulsada por el PSOE, fue respaldada por el PP y Ciudadanos.