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El Gobierno prevé derogar el núcleo de la ‘ley mordaza’ antes de fin de año

El grupo parlamentario socialista inicia contactos con otros partidos para acelerar la tramitación parlamentaria para reformar la norma que aprobó el PP en 2015

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega al Congreso el pasado miércoles.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega al Congreso el pasado miércoles.

El grupo socialista, a instancias del Gobierno, ha entablado en las últimas semanas discretas conversaciones con otras formaciones políticas para poner en marcha lo antes posible los trabajos de la comisión del Congreso de los Diputados que debe abordar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana —conocida como ley mordaza— que el PP aprobó en 2015. La previsión de los socialistas es que la ponencia que debe acabar con los artículos más polémicos se inicie en septiembre y no tarde más de dos meses en tener listo un texto definitivo que cuente con suficiente apoyo parlamentario para salir adelante.

Solo el PP se ha mostrado contrario a una reforma en profundidad que el propio Pedro Sánchez calificó de “urgente” en el discurso de la moción de censura que le convirtió en presidente. Un compromiso que reiteró en la entrevista concedida a EL PAÍS que se publicó este domingo. Sobre la mesa hay dos proposiciones de ley. Una, presentada por el PSOE, pide la derogación de la ley y la vuelta a la norma anterior, la ley Corcuerade 1992. La segunda, elaborada por el PNV, plantea trabajar sobre el texto de la actual y modificar sus preceptos más polémicos.

Esta duplicidad de propuestas es lo que hasta ahora ha esgrimido el PP —que preside la Comisión de Interior del Congreso donde debe debatirse— para retrasar el inicio de los trabajos desde hace meses, según denuncian los representantes de varios grupos políticos. Rafael Merino, diputado popular y presidente de la comisión, niega esa intencionalidad y asegura que uno de los grupos, ERC, no había designado sus ponentes hasta el pasado viernes y, por tanto, no había podido dar comienzo a los trabajos. Merino incide también en que la existencia de dos proposiciones provoca una “tramitación compleja” que ha obligado a pedir informes a los letrados de la comisión sobre cómo abordar los trabajos. “Si se retirara una de ellas, sería todo mucho más sencillo”, asegura a este diario.

Precisamente, sobre este último punto han girado los contactos que en las últimas semanas han tenido representantes del PSOE y PNV, los dos partidos autores de las proposiciones de ley, según confirman fuentes de ambos partidos. Estas coinciden en señalar que lo más previsible es que los socialistas retiren la suya y los trabajos se centren en la proposición de ley de los nacionalistas vascos. “Eso nos evitaría problemas y acortaría la duración de los trabajos”, reconoce David Serrada, uno de los tres diputados socialistas que participarán en la ponencia.

Una tramitación compleja

El PSOE y PNV, que presentaron sendas iniciativas frente a la ley mordaza, querían impulsar un texto único para cambiar esta polémica normativa, en la línea de lo recomendado en el informe de los letrados de la Cámara.

La retirada de una de las iniciativas agilizaría el trámite, aunque las enmiendas hacen que los tiempos parlamentarios casi nunca acaben siendo como se preveían. / M. A.

Desde las filas del PNV reconocen “algún contacto” con el PSOE, pero los tildan de “informales” hasta ahora. “No nos hemos sentado a hablar con papeles en la mesa ni nos hemos citado para ningún día. Supongo que esto sucederá próximamente”, añaden. Los nacionalistas vascos sí admiten que el partido del Gobierno les ha trasladado su intención de “acelerar” la tramitación parlamentaria para modificar la ley. “Se mostraron abiertos a trabajar sobre nuestro texto en lugar de hacerlo sobre el suyo”, añaden.

En su proposición de ley, el PNV aboga por cambios en 44 preceptos de ley mordaza e incorporar tres disposiciones finales con el objeto de proteger el derecho de reunión y manifestación, la libertad de expresión e información, la libertad sindical y el derecho de huelga que consideraban amenazado por el articulado sacado adelante por el PP con la mayoría absoluta que sostuvo el primer Gobierno de Mariano Rajoy.

También propone modular el régimen sancionador que contempla y regular las devoluciones en caliente de inmigrantes irregulares en frontera. En este último punto, el Gobierno de Sánchez ya ha dado el primer paso para acabar con esta polémica figura al anunciar que va a revisar el recurso que había presentado el Ejecutivo de Rajoy a la reciente condena impuesta a España por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la expulsión por este procedimiento de dos inmigrantes en Melilla en 2013.

La propuesta del PNV como punto de partida es vista con buenos ojos por Ciudadanos. Miguel Gutiérrez, su portavoz en la Comisión de Interior, asegura haber hablado en los pasillos del Congreso con dirigentes socialistas sobre esta posibilidad y haber mantenido contactos “informales” con otros grupos sobre la necesidad de abordar ya la modificación de la ley mordaza.

Enmiendas de Ciudadanos

“Todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, tenemos la voluntad de cambiar la ley. No debe haber problemas para que se haga con rapidez si trabajamos con una única proposición de ley”, añade el dirigente del partido de Albert Rivera, que apunta al texto del PNV como su preferencia. Ciudadanos ha presentado más de 100 enmiendas a las proposiciones de PSOE y de los nacionalistas vascos que deberán verse en la ponencia de la comisión parlamentaria.

No son de la misma opinión en el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos. Fuentes parlamentarias de la formación reconocen que están más cómodos con la proposición inicial del PSOE, aunque discrepan en la vuelta a la ley Corcuera de 1992. La propuesta de la formación que lidera Pablo Iglesias es elaborar una nueva ley de seguridad ciudadana desde cero.

El fin de la polémica norma del PP fue una de las 20 medidas concretas que el líder de Podemos puso sobre la mesa en la discreta reunión que mantuvo con Pedro Sánchez el pasado 14 de junio en La Moncloa y en la que ofreció una “colaboración parlamentaria estrecha” a los socialistas para llevarlos a cabo. Ahora, sin embargo, se muestran más escépticos sobre el resultado que salga de la comisión. “A ver qué texto queda”, apuntan.

Reforma de los artículos recurridos al Constitucional

“El Gobierno que salga de esta moción de censura iniciará la derogación de los aspectos más virulentos de la ley mordaza”. Pedro Sánchez no solo anunció durante su discurso de la moción de censura su intención de acabar con la Ley de Seguridad Ciudadana del PP, sino que también limitó el alcance de los cambios a “aquellos artículos que fueron recurridos ante el Tribunal Constitucional por el PSOE y por los grupos de la oposición”, y sobre los que aún no se ha pronunciado el tribunal. Entre otros artículos, aquel recurso impugnaba el apartado 20.2, que “permite el registro corporal externo y superficial que, incluso, puede consistir en un desnudo total o parcial” sin requisitos ni garantías.

También los preceptos 36.2 y el 37.1, que castigan como “perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado” y “el incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo de las mismas”.

La objeción se extendía al 37.7, dirigido a evitar la “ocupación” de cualquier inmueble o, incluso, de la vía pública.

Otro artículo impugnado es el 36.23, que considera falta grave “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”.

El PSOE y los otros grupos también recurrieron la disposición final que legalizaba por primera vez las llamadas devoluciones en caliente en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla.

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