El Gobierno prepara el fin de las ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes en frontera

El 11 de junio, el día que Pedro Sánchez ofrecía acoger a los 630 inmigrantes del Aquarius, el Gobierno hacía otro gesto en política migratoria. El Ministerio de Justicia enviaba una carta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que anunciaba que iba a revisar el recurso que el Ejecutivo del PP presentó contra la sentencia que condenó a España por la expulsión exprés de dos inmigrantes. Sería el primer paso para acabar con las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla.

En la carta enviada al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el ministerio que dirige Dolores Delgado asegura que el nuevo Gobierno se ha dado cuenta “de inmediato de la destacada importancia” del caso de estos dos inmigrantes y anuncia que va a revisar la postura que España tenía previsto mantener en la audiencia por dicho recurso, prevista para el 4 de julio. Por la cercanía de esta fecha, el abogado del Estado —representante legal de España ante la Corte— solicita un aplazamiento de la audiencia. El TEDH ha aceptado la petición y la ha fijado para el próximo 19 de septiembre.

Un portavoz de Justicia confirmó ayer que el asunto está en estudio, pero que aún no se ha decidido si se mantendrá el recurso que planteó el Ejecutivo de Mariano Rajoy, se modificará o se retirará. “Todas las opciones están abiertas”, recalcó. Fuentes socialistas aseguraron ayer que la intención es acabar con la fórmula de devolución en caliente —la expulsión del inmigrante que acaba de cruzar la frontera sin darle opción a identificarse, pedir asistencia letrada, presentar recurso o solicitar asilo—, en consonancia con lo que Sánchez planteó durante el debate de la moción de censura. Aseguran contar con el respaldo de la mayoría de los grupos del Congreso.

Sentencia de octubre

El caso que ha dado pie al Gobierno para plantear este giro en la política migratoria arrancó con la denuncia de varias ONG por la expulsión el 13 de agosto de 2013 de N. D. y N. T., inmigrantes procedentes de Malí y Costa de Marfil que aquel día saltaron la valla que separa Marruecos de España. La Guardia Civil los arrestó y los condujo de vuelta al país magrebí de manera inmediata. En octubre de 2017, el TEDH sentenció que, al deportarlos nada más cruzar irregularmente la frontera, las autoridades españolas habían violado la Convención Europea de Derechos Humanos. La sentencia obligaba a España a indemnizar a cada uno de los dos inmigrantes con 5.000 euros.

El Gobierno del PP recurrió entonces la decisión ante la Gran Sala del TEDH al considerar que no hubo una vulneración de la legalidad internacional en unas devoluciones que siempre ha denominado “rechazo en frontera”. El Ejecutivo de Rajoy entendía que, en el caso de estos dos inmigrantes, no podía hablarse de devoluciones porque no habían llegado a entrar en territorio español pese a pisarlo, ya que no habían superado el cordón policial. El PP legalizó estas expulsiones al incluir en la Ley de Seguridad Ciudadana —conocida como ley mordaza—una disposición que permitía a Policía y Guardia Civil devolver a Marruecos de manera inmediata a los inmigrantes que saltasen la valla.