Devoluciones en caliente: se regula lo ilegal
Un momento del salto de la valla de Melilla en abril de 2014. / Antonio Ruiz (EL PAÍS)
El 26 de marzo de 2015 pasará a la historia como el día en que los españoles perdimos parte de nuestra libertad. El Congreso de los Diputados aprobó en el pleno de ese jueves la ley de seguridad ciudadana, llamada también ley mordaza porque supone un profundo recorte de los derechos y libertades de los ciudadanos. Ha sido rechazada por la sociedad (un 82% está a favor de eliminarla o modificarla) y también por todos los partidos políticos de la oposición, así que el Gobierno la aprobó utilizando su mayoría.
Esta ley castiga comportamientos como manifestarse junto al Congreso o tratar de impedir un desahucio, y las castiga con multas de hasta 30.000 euros. Lo que nos interesa en Migrados, no obstante, es que esta norma también ha nacido para legalizar las devoluciones en caliente. Esta ley de Seguridad Ciudadana incluye una reforma en la Ley de Extranjería donde se aprueba la figura del rechazo en frontera para amparar una práctica que la Guardia Civil realiza en Ceuta y Melilla desde hace años.
Las devoluciones en caliente han sido ampliamente documentadas gracias al abundante material gráfico que han difundido en el último año activistas y organizaciones en defensa de derechos humanos. Estas también han sido rechazadas por todos los grupos políticos salvo el PP, por un centenar de ONG, entre ellas algunas internacionales como Human Rights Watch. Incluso el comisario europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa advirtió después de visitar Melilla que estas devoluciones no se ajustan a la legalidad internacional ni de la UE ni de las Naciones Unidas.
¿Cómo se puede aprobar una ley que legaliza prácticas que son ilegales para las Naciones Unidas o para la Unión Europea y que prohíben normas supra nacionales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Europea de Derechos Humanos o la Convención de Ginebra, entre otros? No se puede. Por eso, la norma es ambigua. La ley con la que se legalizan las devoluciones colectivas ha perdido la referencia a que las expulsiones sean en grupo y ha incluido un matiz que dice que los inmigrantes podrán ser expulsados en la frontera siempre y cuando se respete la normativa internacional de derechos humanos y de protección.
Continúan las deportaciones sumarias en Melilla: 24-04-2014 from Asociación Pro.De.In. Melilla on Vimeo.
Para que las devoluciones se produzcan de acuerdo a estas garantías, todo inmigrante que entre ilegalmente en el país debe pasar por un proceso que incluya la identificación del interesado, la asistencia gratuita de un abogado y de un intérprete si fuera necesario y el dictado de una resolución administrativa después de haber escuchado al inmigrante que indique si esa persona tiene que ser devuelta o, por el contrario, necesita protección internacional.
Ninguna de estas prácticas se están llevando a cabo en las devoluciones en caliente. Los vídeos y fotografías publicados hasta la fecha demuestran que los agentes de la Guardia Civil se limitan a capturar a los inmigrantes que han saltado la valla o que se encuentran en el intervallado y entregarlos a sus homólogos marroquíes por las pequeñas puertas dispuestas a lo largo de la verja que conectan los dos territorios. Nada más.
Sí existen -todo hay que decirlo- los puestos de asilo que Acnur (la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados) habilitó en Ceuta y Melilla para atender a los solicitantes de asilo y refugio. Tan solo entre enero y septiembre de 2014,más de 5.000 personas llegaron a estas dos ciudades autónomas, entre ellas más de 2.000 huidos del conflicto en Siria, el 70% de las cuales eran mujeres y niños. Sin embargo, los ciudadanos subsaharianos no tienen, de momento, acceso a estas oficinas, según han advertido la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Acnur. Aunque el país de origen no es un condicionante a la hora de solicitar asilo, el ministro de Interior aseguró durante la inauguración de estos puestos a mediados de marzo que los inmigrantes que intentan entrar ilegalmente a través del perímetro fronterizo no tienen derecho a asilo. "Son inmigrantes por razones económicas y sociales, que es dramático, pero no les legitima para pedir asilo" dijo en unas declaraciones recogidas por Europa Press. Acnur, por su parte, calcula queel 60% de las personas que entran irregularmente en España son potenciales solicitantes de asilo pero
Ahí está la ambigüedad, una contradicción entre lo que se aprueba y lo que verdaderamente se puede hacer según las normativas supranacionales que indican que, después de todo, las devoluciones en caliente seguirán siendo ilegales tras la aprobación de esta ley si se siguen realizando como hasta ahora. De este gazapo ha escrito ampliamente la periodista y compañera Gabriela Sánchez en eldiario.es. Ella ha consultado con varios expertos en materia jurídica y todos han convenido en que la manera de realizar devoluciones en caliente seguirá siendo contraria a las leyes internacionales mientras no se modifique. Y el Gobierno no ha anunciado modificación alguna, por el momento.
La aprobación de esta reforma no solamente atañe a las personas que saltan la valla y que ahora podrán ser devueltas por la puerta trasera de manera, supuestamente, legal. También cambia las reglas de juego a favor de los 25 agentes de la Guardia Civil imputados por la muerte de 15 inmigrantes en Ceuta el año pasado cuando intentaban llegar a nado a la costa española, al coronel que firmó un protocolo interno para permitir las devoluciones en la valla en Melilla y a losagentes que golpearon a un inmigrantehasta dejarlo inconsciente en el intervallado de esta misma ciudad. El propio ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, defendió ayer esta ley en el Congreso con el argumento de que dotará de cobertura jurídica a estos agentes.
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