Las peticiones de asilo aceptadas en España caen a la mitad en un año

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Las cifras de quienes solicitan protección internacional y quienes reciben una respuesta positiva se polarizan en España. En el año 2017, el país recibió el mayor número de peticiones desde la primera Ley de Asilo de 1984: 31.120. Y, sin embargo, las finalmente aceptadas se redujeron a la mitad respecto a 2016: a finales de febrero de 2018, 42.025 personas aguardaban la resolución de su expediente y, con ella, el fin de la incertidumbre sobre su presente y su futuro. Estos son datos publicados este lunes en el informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que denuncia que tanto la tramitación de solicitudes como los programas de acogida e inclusión están "colapsados". "Este ha sido el año del incumplimiento de los compromisos internacionales, sobre todo en reubicación: de 160.000 personas que Europa se comprometió a acoger, solo ha aceptado a 30.000 de las personas comprometidas y en España solo al 8,4%", ha denunciado la secretaria general de la Comisión, Estrella Galán.

El decimosexto informe de CEAR analiza la situación de las personas refugiadas en España, en la Unión Europa y en el mundo, donde actualmente más de 70 millones de personas se encuentran desplazadas de manera forzosa debido a los conflictos, la violencia y la persecución. Se trata del mayor éxodo registrado jamás, que ya afecta al 1% de toda la humanidad, y tiene sus focos de origen en África subsahariana, Oriente Próximo y países asiáticos como Myanmar y Afganistán. Esta cifra supone un aumento del 9% en el primer semestre de 2017 con respecto al año anterior, con 1,9 millones de personas refugiadas y 4,6 millones de desplazadas internas, es decir, dentro de su propio país.

Además, más de 3.000 personas se ahogaron en el Mediterráneo intentando alcanzar las costas europeas, una cifra que convierte a esta en la ruta migratoria más peligrosa del planeta, un año más. Son migrantes que se topan con las fronteras "visibles e invisibles" de los países de la Unión Europea que están desarrollando cada vez políticas más restrictivas y antimigratorias. El último ejemplo de las graves violaciones de derechos humanos que supone este rechazo se ha visto en Italia, cuando la pasada semana el Gobierno de Matteo Salvini prohibió la entrada del buque de salvamento Aquarius, con 630 personas rescatadas a bordo, y que finalmente ha sido recibido por España este fin de semana.

Respecto a la acogida de estos 630 tripulantes, la secretaria general de CEAR, Estrella Galán, ha manifestado agradecimiento por el gesto, que marca un giro en las políticas de asilo y refugio. "Esperamos que este hecho permita poder poner en la agenda del nuevo Gobierno cuestiones prioritarias para hacer una política de asilo y recepción", ha afirmado Galán. Frente al "ostracismo" de Europa, la secretaria general ha considerado que esta es una oportunidad para que España "lidere nuevas políticas en esta Europa cada vez más desentendida en sus responsabilidades de asilo y : refugio". "Se trata de que España pueda influir, no podemos dejar que todo lo decidan Alemania y Francia, este puede ser un momento para que esto se modifique. ¿Qué vamos a hacer, si no?", ha completado Carlos Berzosa, presidente de la CEAR.

"2017 ha sido otro año desperdiciado por las instituciones y los Gobiernos europeos para definir una política de migración y asilo común realmente comprometida con las personas refugiadas y respetuosa con los compromisos internacionales adquiridos", denuncia CEAR en su informe.  La organización alerta del crecimiento de las fuerzas políticas xenófobas (Polonia, Hungría, Serbia... ). Frente al aumento del número de desplazados en el mundo contrasta el descenso de quienes solicitaron protección en Europa: 704.625 personas, casi la mitad menos que en el año anterior, que fueron 1.259.265. El país que más recibió fue Alemania, con 222.560, seguido de Italia con 128.850. España está en sexta posición, con las 31.120 mencionadas.

La explicación está en las políticas de cierre de fronteras. Dos medidas, en concreto, se pusieron en marcha el año pasado que contribuyeron a esta bajada: por una parte, y siguiendo el modelo del acuerdo UE-Turquía de marzo de 2016, en febrero de 2017 la Unión suscribió un convenio con Afganistán para promover el "retorno voluntario" de personas refugiadas. Un mes después se anunció el EU Action Plan on Return, que propone a los países miembros medidas para acelerar los procedimientos de retorno. CEAR llama especialmente la atención sobre la situación de las islas griegas: en virtud del acuerdo firmado con Turquía, cinco de ellas se han convertido en lugares de confinamiento para quienes han solicitado protección internacional.

Las personas refugiadas en España

Una vez más, Venezuela es el país de procedencia de la mayoría de quienes piden protección en España: 10.355. De estas, se tramitaron 1.545 a lo largo de 2017, pero solo 15 personas lograron el estatuto de refugiado. Solo 20 sirios de los 4.225 llegados a España lo obtuvieron y otras 3.470 recibieron la protección subsidiaria. Pese a las proporciones de la guerra en este país, a 150 personas se les denegó su petición. En total, España otorgó el estatuto de refugiado a 595 personas, la mayor cifra desde 1994, pero el porcentaje de personas que ha recibido algún tipo de protección internacional cayó del 67% de 2016 al 35%, colocándose por debajo de la media de la UE (45%). Y mientras, miles de solicitudes de protección internacional siguen acumulándose: a finales de 2018, 42.025 personas seguían a la espera. Incluso simplemente para formalizar la solicitud, el tiempo de espera media ahora mismo es de cinco meses, según ha alertado el Defensor del Pueblo. "Esto es un modus operandi. Cuando estalla un conflicto de duración incierta, la oficina de asilo tiene la costumbre de arrinconar los expedientes esperando a que escampe", ha denunciado Paloma Favieres, directora de los servicios jurídicos de CEAR. "Lo hicieron con Siria y ya han visto que hay que dar respuesta, y ahora lo están haciendo con los solicitantes centroamericanos", ha completado, en referencia a quienes huyen de El Salvador y Honduras por la amenaza de las maras.

 CEAR alerta de la delicada situación en la llamada Frontera Sur de España, principalmente en las costas de Cádiz y Almería, a donde en 2017 llegaron tantas personas que colocó al país en la tercera posición europea en recepción de migrantes en sus costas. Una investigación realizada en terreno por esta organización y publicada el pasado febrero reveló arbitrariedades y descoordinación en la asistencia a los recién llegados. "La tónica general es la falta de acceso a los mecanismos de protección internacional", denunció entonces Paloma Favieres, directora de políticas y campañas de CEAR.

Por otra parte, aumentó el número de solicitudes en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, y el colapso del asilo quedó de nuevo en evidencia: en el 14,2% de los casos atendidos por los servicios jurídicos de CEAR, la admisión a trámite se produjo porque la Oficina de Asilo y Refugio no comunicó su resolución en el plazo legalmente estipulado. Además, recordó que las dependencias de la Terminal 1 destinada a acoger a solicitantes de protección internacional son inadecuadas, sobre todo para mujeres y niños. La situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) también preocupa porque, pese a las movilizaciones de la sociedad por su cierre, el Gobierno de Rajoy anunció el año pasado la apertura de otros tres centros.

CEAR ha publicado con este nuevo informe 20 propuestas destinadas a fortalecer el compromiso con las personas refugiadas. Pasan por implementar medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos en el control de fronteras, adoptar un Plan de Acción estatal para mejorar la gestión de llegadas y la identificación, garantizar el acceso a la información y al procedimiento de protección internacional y asegurar la asistencia letrada y de interpretación y mejorar los sistemas de identificación y protección de víctimas de trata y menores no acompañados.

De forma complementaria, CEAR apuesta por la eliminación de algunas barreras que dificultan la protección de los colectivos más vulnerables. Por ejemplo, reconocer la persecución por maras y pandillas en Centroamérica como motivo de concesión de la protección internacional, habilitar la posibilidad de solicitar asilo en los consulados y embajadas españolas, eliminar la exigencia del visado de tránsito para los ciudadanos sirios y suprimir la restricción de libre circulación de los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla (hoy en día no pueden pasar a la Península).