“Detrás de cada conflicto vecinal, asoma el racismo”
La responsable de CEAR, Vitoria, Rosabel Argote edita una guía con 19 herramientas posibles para frenar el discurso político de odio al migrante
A Rosabel Argote (Vitoria, 1968) responsable de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Vitoria le inquieta el cambio social ante los refugiados y las personas migrantes en Euskadi, España y Europa. “De pedir que se abran las fronteras para acogerlos, hemos pasado a no querer que ni entren, ni alquilarles nuestras casas”.
Durante el último año ha buscado las causas de este cambio de actitud y ha encontrado en los discursos políticos de odio “la gasolina de la xenofobia”. Ahora pone por escrito todas las herramientas que existen al alcance de toda la ciudadanía para frenar esos discursos y fortalecer los contrarios: “La mayoría queremos sociedades abiertas y vemos con buenos ojos la convivencia con las personas que huyen de guerras y conflictos”. Y ella habla desde la experiencia. En 2014, arropó la denuncia al popular Javier Maroto cuando acusó a la población magrebí de “no tener ninguna intención de integrarse, ni de trabajar” en Vitoria.
La fiscalía archivó su denuncia al no ver delito de odio pero sirvió para impulsar un nuevo movimiento en su ciudad: “Gora Gasteiz”, plataforma que aglutinó a todos aquellos, ciudadanos y asociaciones, que querían defender Vitoria de las agresiones racistas. Y consiguió un cambio mucho mayor de lo esperado. En las siguientes elecciones, pese a ganar en votos, Maroto no consiguió formar gobierno. “Conclusión, protejamos la libertad de expresión. Permitamos que haya discursos ofensivos, pero dotemos de herramientas a la ciudadanía para cortar rápido la difamación, para que no termine en incendio social”.
Así ha surgido “Guía contra incendios: 19 herramientas contra los discursos políticos de odio”. Testado con la experiencia de “Gora Gasteiz” y con información útil sobre las acciones posibles en el ámbito jurídico, institucional, político, mediático y asociativo. La guía ya está disponible de manera digital, en breve se imprimirá en papel para entregarla a todas las asociaciones vascas. Ante las declaraciones xenófobas de los líderes políticos, documenta los casos europeos ocurridos en Grecia, Italia, Alemania o Suecia para proponer después figuras judiciales como el litigio estratégico, el envío de un escrito a la Fiscalía, la acción popular o la querella por calumnias para que no terminen después en agresiones directas.
En todas, detalla cómo proceder, cómo financiarlo y cuál puede ser la mejor estrategia para plantearlas. Pero también pone en valor otras acciones extrajudiciales ligadas a la eliminación de contenido en las redes sociales o las intervenciones urbanas, como la elaboración de murales que transmitan mensajes rotundos contra el odio. A las plataformas ciudadanas de Euskadi dedica también una de las fichas para aquellos que deseen sumarse a los que ya trabajan en apoyo a las comunidades más vulnerables. “Los que apostamos por la convivencia somos mayoría. Tan solo es necesario hacerse notar”.
En el fondo, Rosabel derrocha optimismo. Ha detectado un cambio ante las personas refugiadas pero cree que la ciudadanía está también cada vez más activa. “Lo vimos el 8M, lo vimos ante la sentencia contra “La Manada”: la sociedad está despierta, sabe reaccionar ante lo que no quiere en sus vidas”. Y así aporta su propia guía para que también reaccionemos todos a los ataques racistas sean delito u ofensa. “Vivimos en clima propenso para el discurso del odio y de la sospecha. Sufrimos todavía una crisis económica y detrás de muchos conflictos vecinales, asoma racismo. Ahora toca combatirlo”.
Ante las palabras racistas de un político
Argote plantea en la guía el caso hipotético de que un medio de comunicación se haga eco de las declaraciones de un político contra un grupo religioso y sus lazos con el terrorismo.
Y aplica sus 19 herramientas ante el caso. Entre ellas, destacan las judiciales: la capacidad de cada ciudadano de denunciar las palabras bien por escrito ante la Fiscalía para que las investigue, bien en calidad de testigo ante la Policía si uno forma parte de ese colectivo o como acusación popular junto a una asociación que defienda los derechos humanos.
De manera institucional, también plantea la posibilidad de acudir a la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, órgano con sede en Ginebra y parte del Consejo de Europa. Así como al Comité de Naciones Unidades para la Eliminación de la Discriminación Racial, una vez agotadas las vías de denuncia nacionales.
Ambas entidades son lentas pero sus resoluciones puede generar el eco mediático inverso. Tampoco descarta aprovechar las cartas al director de los diferentes medios de comunicación o utilizar también las redes sociales para contestar, frenar su difusión o acudir al crowdfunding para financiar publirreportajes.
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