La ‘ley mordaza’ recauda casi 270 millones en multas desde su entrada en vigor

La entrada en vigor de la ley de seguridad ciudadana, bautizada como ley mordaza, ha tenido consecuencias en los derechos civiles de los españoles, pero también en las arcas del Estado. Con sanciones previstas de hasta 600.000 euros, que generaron un enorme rechazo de la oposición cuando se aprobaron, esta norma ha permitido al Gobierno abrir expedientes por valor de casi 270 millones de euros desde mediados de 2015, cuando comenzó a aplicarse, según los datos de Interior.

Las cifras del Ejecutivo revelan que las sanciones superaron los 41,7 millones en la segunda mitad de 2015. Un importe que se ha multiplicado en los años posteriores, hasta alcanzar los 89,6 millones en 2016 y los 135,7 millones en 2017. El Gobierno aún no tiene cuantificado cuánto ha sumado en 2018, según explica un portavoz del departamento encabezado por Fernando Grande-Marlaska, porque hasta final de año no se recaban los datos de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Las elevadas multas previstas en la ley aprobada por el PP, gracias a la mayoría absoluta de la que gozaba en el Parlamento, fue uno de los aspectos que más rechazo generó entre los opositores a la norma. De hecho, la modificación de las cuantías económicas es uno de los puntos previstos ahora en el acuerdo de Presupuestos pactado por el Gobierno y Unidos Podemos la pasada semana.

Aunque el texto acordado entre el Ejecutivo y la coalición de izquierdas no especifica cómo se va a abordar esta reforma, el documento contempla “ajustar” las multas a la “capacidad económica” del sancionado. Además, Unidos Podemos quiere reducir drásticamente los importes y plantea que las sanciones por infracciones muy graves, que oscilan actualmente de los 30.001 a los 600.000 euros, se recorten hasta un máximo de 12.000.

Unidos Podemos también quiere que las infracciones graves, penadas en estos momentos con hasta 30.000 euros, bajen a un máximo de 6.000. Y las leves, con multas de 100 a 600 euros, se reduzcan a un máximo de 300.

El análisis del balance económico de la ley mordaza evidencia, por su parte, que Interior ha acumulado más de 24,6 millones de euros en sanciones a ciudadanos por desplantes a la policía, uno de los aspectos más polémicos de la norma impulsada por el PP.

Los artículos 37.4 y 36.6 —que, respectivamente, castigan las faltas de respeto, un precepto nuevo; y la desobediencia a los agentes, elevado de infracción leve a grave— se han convertido en dos de los puntos utilizados de forma más recurrente. En base al primero, se han impuesto 43.749 multas por valor de 6,5 millones de euros. La aplicación del 36.6 ha supuesto la apertura de 29.438 expedientes por un importe total de 18,1 millones.