Los partidos definen por consenso el nuevo objeto de la ‘ley mordaza’

La nueva ley de seguridad ciudadana que este martes han empezado a discutir todos los partidos políticos en una ponencia específica en el Congreso para cambiar la anterior ley mordaza tendrá un objeto que parte de entrada con el consenso de la casi totalidad de los grupos: la norma regula el "conjunto de acciones integradas que realiza el Estado para asegurar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los ciudadanos". 

La ponencia para modificar la ley de seguridad ciudadana aprobada en solitario por la mayoría absoluta del PP en 2015 y en contra de todos los demás partidos ha iniciado al fin sus trabajos con la idea de lograr un "consenso de Estado" para una norma fundamental, según admitieron a la salida de su primera larga jornada de trabajo varios de los diputados que participan en los trabajos. Las discusiones de esa primera sesión se concentraron, sobre todo, en definir el objeto y los fines de esa reforma y acabar con medidas que pudieran limitar derechos como la libertad de expresión o de reunión o "desalentar la protesta social".

Algunos partidos, sobre todo Podemos, Bildu y Compromís, se mostraron de partida más remisos a permitir una concepción amplia de la seguridad ciudadana y plantearon limitarla a la vulneración de derechos fundamentales. PP y Ciudadanos, especialmente, pusieron como ejemplo los estropicios provocados por vándalos para defender que también deberían contemplarse dentro de la ley de seguridad ciudadana y no quedar, como están ahora, tipificados en otras normas. Hubo objeciones, pero al final triunfó esa concepción más amplia de la seguridad ciudadana.

Tras la reunión, el portavoz socialista, David Serrada, ha resaltado el buen ambiente político y los niveles de acuerdo para relacionar, casi por unanimidad, la seguridad ciudadana con el ejercicio de los derechos de los ciudadanos en los espacios públicos.

Los grupos dedicaron esa jornada a discutir el objetivo de la ponencia y a estructurar y estudiar las casi 200 enmiendas tramitadas a la proposición de ley presentada por el PNV, a la también terminó sumándose el PSOE. El PP ha registrado 17 enmiendas a su propia ley, Podemos 55, Ciudadanos 33, ERC 13, seis el PDeCAT, 56 Bildu (el que más) y 25 el PSOE. Durante la primera cita los partidos se han mostrado flexibles para aceptar incluso nuevas enmiendas in voce. En las sesiones matinal y vespertina de esta primera jornada, que se han prolongado más de cinco horas, ha dado tiempo para estudiar los dos primeros capítulos de la ley y 13 de sus 54 artículos.

Antes de comenzar sus trabajos el presidente de la comisión de Interior, el exministro de Justicia popular Rafael Catalá, ha pedido a los grupos que afronten estos trabajos "sin dogmatismos", con la intención de defender que muchos aspectos de la ley aún vigente de Seguridad Ciudadana del PP tiene aspectos positivos. A la salida de la cita, el ponente popular, José Alberto Martín Toledano, ha insistido en ese argumento al señalar que después de tanta polémica sobre la ley mordaza resultó que "no debía de ser tan mala cuando la mayoría de las discusiones se han centrado en aspectos técnicos o meros retoques". Sául Ramírez, de Ciudadanos, ha explicado que "las primeras discusiones han girado sobre determinar si el concepto de seguridad ciudadana se simplificaba o es un derecho potestativo o coercitivo".

PSOE, Podemos, PNV y Bildu han recordado que los trabajos acaban de comenzar y que aún no se habían abordado los aspectos más polémicos de la ley, como las devoluciones en caliente de inmigrantes o los límites a las manifestaciones y a determinadas actuaciones policiales. Los diputados de Unidos Podemos, Ricardo Sixto y Eduardo Santos, han resaltado esos avances en la metodología de la ponencia pero han avisado de que las discusiones llegarán más adelante con posiciones más ideológicas.

Uno de los asuntos relacionados con la inmigración que sí ha dado tiempo a discutir en este primer día ha tenido que ver con la validez y sobre todo el nivel de protección ante posibles falsificaciones del actual número o tarjeta de identificación de extranjeros (NIE), al que se quiere otorgar un blindaje similar al DNI (Documento Nacional de Identidad) de los ciudadanos nacionales. Esos NIE se podrán redactar y confeccionar a partir de la entrada en vigor de la nueva ley en español y en una de las lenguas cooficiales vigentes "en la zona de residencia" del afectado. Esta opción estaba ya en vigor en algunas regiones de España y protegida por diversos decretos, pero en el futuro se quiere incluir esa posibilidad en la nueva ley.

En la futura redacción de la ley de Seguridad Ciudadana se establecerá la obligación para los extranjeros de portar en todo momento su NIE como para los nacionales el DNI con el nuevo sistema de protección. El próximo encuentro de la ponencia se ha programado para el día 12 de diciembre y luego, ya tras la navidades, para los días 15, 16 y 17 de enero, en jornadas intensivas, con la meta puesta en conseguir terminar una primera lectura del total de la nueva ley para mediados de enero.