El Consejo de Europa pide a España que prohíba las devoluciones en caliente de la ‘Ley Mordaza’

La máxima responsable de derechos humanos del Consejo de Europa ha dejado claro este viernes la inmensa preocupación que suscita en Estrasburgo la Ley de Seguridad Ciudadana española, conocida también como Ley Mordaza. A la comisaria de DDHH del organismo, Dunja Mijatovic, le inquietan, y mucho, las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, que desearía ver prohibidas de forma “explícita”. Pero deja claro que también le preocupan enormemente otras disposiciones de la controvertida ley aprobada en 2015 y que, según Mijatovic, pueden fragilizar de manera sustancial libertades fundamentales amparadas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos como son la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica.

Así se lo ha hecho saber la propia comisaria por carta a los presidentes del Congreso, Ana Pastor, y del Senado, Pío García-Escudero. ¿Y por qué ahora? Pues porque Estrasburgo espera que sus grandes reservas se tengan en cuenta en el momento en que se estudia reformar la normativa aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

“Creo que es de la mayor importancia garantizar que la revisión elimine disposiciones que tienen el potencial de minar la protección de los derechos humanos en España”, subraya Mijatovic en su misiva, fechada en Estrasburgo el 20 de enero.

En la cuestión de las devoluciones en caliente, la comisaria considera que la disposición final primera de la Ley de Seguridad Ciudadana que enmendó la Ley de Extranjería legalizando la devolución a Marruecos de manera inmediata a los inmigrantes que salten la valla en Ceuta y Melilla, “no proporciona garantías claras contra las devoluciones y las expulsiones colectivas” de personas migrantes. Tampoco ofrece “garantías adecuadas” al derecho de toda persona a solicitar asilo “independientemente de la forma en que lleguen a territorio español”, agrega.

En este sentido, Mijatovic aconseja “encarecidamente” que se proporcione “sin demora” a la Guardia Civil “una orientación clara y obligatoria sobre cómo actuar de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos al interceptar a los migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla”. Dicha guía, debería incluir una “prohibición explícita” de las devoluciones en caliente y debería “resaltar” las garantías procesales que deben respetarse, “incluido el derecho a ser identificado, a evaluar las necesidades de protección internacional, acceso a un intérprete, a un abogado y asistencia médica según corresponda; y un recurso efectivo para impugnar cualquier violación de la Convención Europea de Derechos Humanos de la que las personas afectadas podrían alegar ser víctimas”.

La opinión de Mijatovic se conoce en momentos en que se espera, para comienzos de año, la decisión final del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo sobre un caso de devoluciones en caliente que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere utilizar como guía para la reforma de las normativas de extranjería.

Para Mijatovic, la Ley Mordaza también presenta un problema de formulación “amplia e imprecisa” que provoca que las fuerzas de seguridad tengan un “amplio margen de discreción” para interpretar la normativa. Esto, a su vez, da pie a “limitaciones potencialmente desproporcionadas y arbitrarias al ejercicio de la libertad de expresión y de reunión pacífica”. Por ello, la comisaria “alienta” al Congreso a que “garantice que la ley sea revisada de tal forma que limite las posibilidades de una aplicación arbitraria y desproporcionada” de sus presupuestos. Algo que, subraya, se hace más necesario en tanto que España “carece de un mecanismo de denuncia policial fuerte e independiente”.

Mijatovic considera “inquietante” que en 2017 se impusieran 21.122 sanciones por falta de respeto o de consideración hacia las fuerzas policiales y que se sancione como delito grave, incluidos los periodistas, la filmación no autorizada de fuerzas policiales.

Recuerda que en 2013 su oficina ya mostró su preocupación por "la creciente práctica de imponer multas administrativas" en manifestaciones. En el escrito, la comisaria hace suyas las palabras de la ONU en 2008: "Aumentar las multas por organizar o participar en reuniones pacíficas puede ser considerado una restricción represiva que excede el criterio de necesidad y proporcionalidad".