Marlaska pide “solidaridad y corresponsabilidad” en el reparto de menores extranjeros

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido que el desfase en el recuento de menores extranjeros no acompañados no "oculte" la "realidad del problema" que, a su juicio, tiene que afrontarse con "solidaridad y corresponsabilidad", después de que este miércoles, la Comunidad de Madrid y la Generalitat se quejaran de que las cifras de atención a menores inmigrantes que maneja el Gobierno no coincidan con las que trabajan las comunidades autónomas. 

"El hecho de que haya unas diferencias en el número de los menores sometidos a la protección de las distintas administraciones no puede ocultar la realidad del problema, que el conjunto de administraciones nos tenemos que hacer cargo en términos de solidaridad", ha subrayado Marlaska este jueves 18 de octubre en declaraciones a los medios. Así lo ha precisado tras su intervención en la Jornada Nuevos Retos en la Lucha contra la Violencia a la Infancia desde el ámbito institucional y judicial, organizada en Madrid por la Fundación Mutua Madrileña y la Asociación Profesional de la Magistratura.

Esta diferencia de números ha hecho que Madrid no reciba ni un euro de los 40 millones que el Ejecutivo va a destinar a las autonomías para mejorar la atención de este colectivo y que dependen del incremento de jóvenes en sus centros en lo que va de año. Según las cifras oficiales la Comunidad de Madrid no acoge más niños que en diciembre de 2017, cuando había 478

En todo caso, el ministro del Interior ha insistido en que más allá del baile de cifras en el número de estos menores protegidos en las distintas administraciones, especialmente la autonómica, "lo primero" es "ponerse de acuerdo" y la "solidaridad y corresponsabilidad de todas las administraciones en garantizar el interés, la protección y el bienestar de estos menores".

Devoluciones en caliente

Por otro lado, Marlaska ha indicado que la cuestión de las "devoluciones en caliente" debe situarse en el marco de la reforma de la Ley de Extranjería y no de la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como "ley mordaza".

Además, al tratarse de la política de control de flujos migratorios que es "una política común de la Unión Europea" y de una materia de Derechos Humanos y libertades fundamentales, el ministro ha instado a esperar a la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que resolverá próximamente sobre el caso de dos subsaharianos expulsados de forma sumaria en 2014 tras saltar la valla de Melilla.

Una vez haya resuelto el Tribunal de Estrasburgo, el Gobierno tendrá que abordar esta cuestión "en el ámbito concreto de la reforma de la Ley de Extranjería" y no de "la Ley mordaza o Ley de seguridad ciudadana, independientemente de que fue utilizada para una reforma de la Ley de Extranjería", según ha precisado el ministro.