La crisis de los menores sin papeles pone a prueba la capacidad de acogida

A pesar del impulso ciudadano de la gran manifestación de 2017 a favor de la acogida de refugiados, las instituciones no han podido hacer frente a la llegada masiva en los últimos meses de los menores extranjeros no acompañados (mena), cuyo aumento constante y exponencial ha hecho insuficientes los esfuerzos de la Administración catalana, que no ha podido crear plazas de acogida al mismo ritmo que se generaba la demanda. Entidades y expertos consideran que hace falta una revisión completa del sistema de protección a la infancia para afrontar con garantías estos movimientos migratorios.

La de los mena es una realidad muy diferente a la de los refugiados, destinatarios principales de la protesta de 2017 que llevaba por lema “Volem acollir”, y son también diferentes sus necesidades. Los menores migrantes que llegan sin referentes familiares necesitan un sistema de protección más complejo: acogida, trabajo psicológico, respuesta educativa y tutelaje hasta que sean mayores de edad. Para ello son necesarios centros de acogida que cumplan con las ratios, y recursos y educadores especializados. “Aún así, refugiados y mena, todo se reduce a situaciones de injusticia global”, resume Ruben Wagensberg, impulsor de la campaña “Casa nostra, casa vostra” y diputado por ERC.

La llegada masiva de menores este año ha imposibilitado a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), responsable por ley de la protección de los menores en el territorio, poder llevar a cabo estas tareas con los estándares de calidad esperados, tal y como ha denunciado el Síndic de Greuges en su último informe. Hasta mediados de septiembre habían llegado a Cataluña 2.156 adolescentes, más que en todo el año anterior (unos 1.500). El colapso del sistema de protección ha dejado las imágenes de menores durmiendo en comisarías, albergues u hoteles a la espera de que se creasen nuevas plazas, lo que ha llevado a la Fiscalía a investigar a la Generalitat.

“El problema de la Administración, a pesar de haber hecho grandes esfuerzos, ha sido verlo como una emergencia, ya que es obvio que si lo ves así vas a trabajar como en una emergencia, a pocas horas vista. Hay que entenderlo como una situación estructural, para tener una maquinaria que te permita aguantar, y para trabajar las causas en origen”, abunda Wagensberg. En este sentido, considera que la Administración se tendría que haber preparado antes, y que la revisión del sistema la tiene que liderar el Departamento de Asuntos Sociales, pero se tienen que sumar todas las consejerías y extender el esfuerzo al Estado y Europa.

Ricard Zapata, profesor de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, considera prioritario el dirimir responsabilidades sobre los jóvenes. La mayor parte de los adolescentes provienen de Marruecos y pasan por otras comunidades antes de llegar a Cataluña. “¿Qué ha pasado antes de que llegaran aquí? ¿No se han detectado? ¿Quién se hace responsable de estos chicos? Todo gira alrededor de esta pregunta”, afirma Zapata. El Govern ha anunciado que trabajarán para retomar el programa Cataluña-Magreb para trabajar en origen y en colaboración con Marruecos, un programa suprimido en los recortes de 2011. “Con todo, se ha avanzado mucho: este tema antes lo gestionaba Justicia, hasta que empezó a coordinarlo Asuntos Sociales. Se han hecho cosas bien, pero la emergencia está haciendo aflorar los déficits, en especial la colaboración entre instituciones”, añade el profesor.

Las entidades privadas, que gestionan el 80% de los centros de acogida, también recuerdan que este fenómeno migratorio no es nuevo, y que en cierta medida se podría haber previsto. “Lo que era imprevisible era este crecimiento exponencial”, explican en la Federación de Entidades de Atención y Educación a la Infancia y la Adolescencia. El aumento de las llegadas sí ha puesto en apuros los recursos disponibles. “La Generalitat ha ido abriendo centros sobre la marcha, y en muchos casos el esfuerzo económico lo han adelantado las propias entidades, ya que se dobla el servicio con prácticamente los mismos recursos”, explica Laura Pinyol, portavoz de la Fedaia.