El TSJ pone en duda la constitucionalidad de la ley que regula la actividad urbanística valenciana
La figura del agente urbanizador no se adecua a la del contratista en la norma estatal
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De la Rúa reclama al CGPJ mayor sensibilidad hacia la Comunidad
Una sentencia fija una indemnización de 157 millones a Martauro
La asociación Boatella culpa al Ayuntamiento de la degradación
Una sentencia cuestiona el uso que el Consell hace en L'Alcora de las declaraciones de interés comunitario
El fallo rectifica el 'error' del TSJ y establece el derecho de los recurrentes a cobrar
La firma de L'Alcora logró que se calificara de interés comunitario
La Sala entiende que el veredicto del jurado fue arbitrario