Nadie asume en la Diputación la responsabilidad por la adjudicación ilegal de la plaza de toros de Valencia
El diputado provincial del PP Miguel Tatay eludió ayer asumir su responsabilidad política por la reciente sentencia de la sala tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia TSJ) valenciano que declara ilegal la adjudicación de la plaza de toros de Valencia en 1997. Tatay se negó a dimitir como le pedía la oposición y anunció que la Diputación recurrirá ante el Tribunal Supremo el fallo del TSJ. La sentencia, conocida la semana pasada, considera 'contrario a derecho' el acuerdo del pleno de la Diputación que en noviembre de 1997 adjudicó el contrato de explotación de la plaza de toros al empresario taurino Ramón Espinosa. La sala estimaba así el recurso de la sociedad Martauro, que explotaba la plaza hasta entonces. El fallo ordena a la Diputación a indemnizar al empresario Emilio Miranda con la cantidad de 157 millones más intereses.
El recurso de Martauro se basaba en que la Diputación violó el pliego de condiciones del concurso, que establecía que 'cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal', y que añadía que 'la infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas'. Martauro denunció que Espinosa optó al concurso a título individual, por un lado, y como socio y consejero delegado de la sociedad Tauro Castellón, por otro.
En el pleno de la Corporación provincial celebrado ayer los socialistas presentaron una moción en la que pedían la dimisión inmediata de Tatay, diputado responsable de asuntos taurinos. Ramón Ortolá, del PSPV, recordó que los socialistas intentaron en su día mejorar el pliego de condiciones del concurso y que ya advirtieron entonces de que los tribunales anularían la adjudicación. Por eso, ayer Ortolá dijo que la sentencia del TSJ, 'rotunda y clara', es la 'crónica de una decisión anunciada' y pidió a Tatay que se aplicara 'la teoría de las responsabilidades políticas' del PP. 'Pedimos su dimisión por incapacidad de gestión y por haber adoptado una decisión contraria a la ley que, además, le costará mucho dinero a la Diputación'.
Tatay argumentó que el pliego de condiciones fue consensuado por todos los grupos y apuntó que la adjudicación se hizo de forma 'escrupulosa y con rigor'. El PP considera que la sentencia sólo pone en duda la doble concurrencia de una misma persona al concurso y que a la Diputación 'no le corresponde' velar por el cumplimiento de las obligaciones y limitaciones que la ley de contratos establece en torno a los concursantes. Eugenio Pérez, del PP, dijo que la sentencia 'interpreta de forma extensiva' el artículo de la ley referido a la concurrencia y acusó a los socialistas de querer 'matar al mensajero', en referencia a Tatay, que 'lo único que hizo fue hacer suyas las propuestas de los órganos de asesoramiento'. Por todo ello, y dado que la sentencia no es firme, el PP anunció un recurso al Supremo y rechazó, con UV, la moción socialista, que fue apoyada por EU.
