Azulejeras con mucho interés

Las industrias azulejeras han crecido como champiñones durante los últimos años sobre el suelo no urbanizable, incluso de especial protección, del municipio de L'Alcora. Eso sí, con permiso municipal y con el visto bueno de la Generalitat, ambos en manos del Partido Popular. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana declaró hace unos días que la ampliación de una fábrica cerámica en el municipio de L'Alcalatén era ilegal al entender que la declaración de interés comunitario (DIC), un trámite urbanístico que permite urbanizar sobre suelo rústico, emitida por el Consell no se ajustaba a derecho. El TSJ argumentó que sólo en suelo no urbanizable común, y no en el de especial protección, se permiten ciertas actividades industriales cuando la Administración autonómica considere que son de especial importancia.

La empresa Tierra Atomizada, SA, compró y expropió suelo no urbanizable de protección agrícola para ampliar su industria a pesar de que a ambos lados de su fábrica existía suelo industrial suficiente. Hay más casos similares en L'Alcora. Durante los últimos años el Ayuntamiento ha tramitado una decena de expedientes de declaración de interés comunitario, de los que en media docena de casos se beneficiaban industrias cerámicas interesadas en establecerse en suelo rústico. El negocio está claro: el concejal Julián Lozano, de EU, explica que para una firma de tamaño medio, de alrededor de 100.000 metros cuadrados, la compra de suelo industrial adecuado podría costarle alrededor de 1.000 millones de pesetas, mientras que hacerse con el suelo agrícola necesario se solventaría con sólo 30 o 40 millones de pesetas, a los que habría que añadir otra cantidad similar para urbanizar el terreno. Es decir, un pelotazo de más de 900 millones de pesetas.

'La utilización de la declaración de interés comunitario responde a intereses económicos', asegura José Luis Ramos, el abogado que ha batallado contra el trato de favor a Tierra Atomizada. 'El empresario tiene que pagar un mínimo de 10.000 o 15.000 pesetas por metro cuadrado para ocupar un polígono industrial legal', explica Ramos, 'mientras que si decide instalarse en suelo rústico de secano y dar un quiebro a la ley sólo le cuesta 300 o 400 pesetas'. Negocio redondo.

Numerosos casos

En el caso de Tierra Atomizada, la tramitación de la DIC por parte del Ayuntamiento sólo se hizo después de que se iniciara la ampliación para un almacén de arcillas. Fue en junio de 1996, y aquel mismo año el Consistorio hizo el mismo favor, para 'ampliación de industria para almacenaje de producto industrial', a las firmas Azulejera Técnica, SA, y Azteca Gres, SL. En 1997 tramitó el mismo tipo de expediente para Azteca Cerámica, SA, y otro de 'industria de fabricación de arcilla atomizada' para la mercantil Arcilla Blanca, SA. En este caso, según Lozano, los terrenos están en el cauce del río, 'pasándose por el forro a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la Consejería del Medio Ambiente'.

Ya en 1998 el Ayuntamiento de L'Alcora cursó otra DIC para 'industria de fabricación de azulejos' que beneficiaba a la firma Azulejos Mallol, SA, la más importante de las tramitadas en el municipio, operación que finalmente se solventó en una recalificación urbana para el polígono industrial de El Charco. Y ya en 1999 se ha tramitado otra para 'vertedero de residuos sólidos inertes' a cargo de las firmas Reyval Ambient, SL, y Arcillas Mas Vell, SL.

'Es inadmisible', argumenta Ramos, 'que existiendo instrumentos legales para resolver la falta de suelo industrial, si es que falta, como pueden ser el plan general de ordenación urbana o, mejor aún, un plan de acción territorial supramunicipal que ponga orden en esta comarca azulejera, se utilice, con clara desviación de poder, la declaración de interés comunitario para autorizar instalaciones industriales en suelo no urbanizable, y encima protegido'. Y añade que el resultado de la actuación del Consell culmina en una 'operación especulativa de miles de millones de pesetas que curiosamente siempre beneficia a los que están en condiciones de pagar campañas electorales'. La DIC de Tierra Atomizada, según Ramos, supondría un negocio de más de 1.000 millones de pesetas.

Durante el juicio, Ramos argumentó y demostró que no sólo L'Alcora contaba con suelo urbanizable apto para acoger fábricas, sino que además muchos municipios próximos (Onda, Ribesalbes, Figueroles, Borriol, Vilafamés, Castellón...) contaban con suelos industriales más que suficientes. Incluso un informe de la propia Consejería de Medio Ambiente, emitido en 1998, cuando L'Alcora tramitó la reclasificación del polígono industrial de El Charco, aseguraba que en el municipio existían 600.000 metros cuadrados de suelo industrial recientemente recalificados.

El abogado no duda de que la declaración de interés comunitario sea una tramitación conveniente en casos excepcionales y, como su nombre indica, de claro beneficio social, pero no con la profusión con que lo hace el Consell y, sobre todo, para beneficiar a particulares.