La Diputación de Valencia adjudicó de forma ilegal la Plaza de Toros

Una sentencia de La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia considera 'contrario a derecho' el acuerdo del pleno de la Diputación Provincial de Valencia por el que se adjudicó el contrato de explotación de la plaza de toros de Valencia en noviembre de 1997. La sala estima el recurso planteado por la sociedad Martauro, que explotaba la plaza hasta entonces, y ordena a la Diputación a indemnizar al empresario Emilio Miranda con la cantidad de 157 millones más intereses.

La última adjudicación del contrato de explotación de la Plaza de Toros de Valencia en noviembre de 1997 por tres temporadas estuvo rodeada de polémica. La oposición anunció recursos con carácter inmediato contra la adjudicación, que fue aprobada en pleno con los votos favorables del PP y Unión Valenciana.

La sala de lo contencioso del TSJ, sin embargo, sólo admitió a trámite el recurso planteado por la empresa Martauro, que gestionaba la plaza hasta entonces y cuya opción para renovar el contrato fue estimada en segundo lugar por escasa diferencia.

Martauro alegó que la Diputación violó el pliego de condiciones del concurso, que establecía que 'cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal'. Y añadía: 'La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas'.

Y denunció que Ramón Espinosa optó al concurso a título individual, por un lado, y como socio y consejero delegado de la sociedad Tauro Castellón.

La sentencia acepta el recurso y rechaza como fraude de ley la argumentación esgrimida por la Diputación de Valencia, que alegó que 'siendo una persona física y otra jurídica en modo alguno cabe hablar de un solo licitador, sino de dos diferentes' que han presentado una sola propuesta en cada caso.

La sala tercera establece que Espinosa 'no sólo es consejero delegado en Tauro Castellón, sino asimismo socio de la misma con una notable participación en el capital social'. Y añade que si el pliego de condiciones establece que está prohibido optar al concurso en una unión temporal de empresas y formular propuestas a título individual, 'con mayor razón debe regir la misma interdicción cuando se trata de sociedades mercantiles de carácter permanente'.

La sentencia fija una indemnización de 157 millones de pesetas 'más los intereses legales' por daños y perjuicios a la empresa Martauro, de Emilio Miranda. La indemnización equivale al 6% de los ingresos brutos 'acreditados en autos' que ha gestionado durante los últimos tres años Ramón Espinosa y que eleva a 2.628.912.419 pesetas.

Ramón Espinosa, a título individual, optó al concurso junto a Juan Ruiz Palomares, apoderado del torero valenciano Enrique Ponce, en calidad de gerente.

Tauro Castellón, la sociedad de la que Espinosa es socio de acuerdo con la sentencia, gestiona la Plaza de Toros de Castellón, que también es propiedad de la Diputación provincial que preside Carlos Fabra.

También optaron al concurso los hermanos Lozano, que gestionan la Plaza de las Ventas, en Madrid; y una sociedad en la que participaba el torero, también valenciano, Vicente Ruiz, El Soro.

La sentencia de la sala tercera de lo contencioso del TSJ que anula la adjudicación de la Plaza de Toros de Valencia en noviembre de 1997 avivó la polémica que rodeó entonces el procedimiento.

Ramón Ortolá, diputado socialista, anunció que el PSPV exigirá la inmediata dimisión de Miguel Tatay, responsable de asuntos taurinos en la Diputación de Valencia, que controla y controlaba el PP con mayoría absoluta.

Ortolá calificó el contenido del fallo judicial como 'muy grave', ya que explica que 'se tomó una decisión contraria a la ley', es decir, se cometió un delito de prevaricación. El diputado socialista celebró el 'precedente' que constituye la sentencia respecto a 'una práctica habitual en muchos sitios donde gobierna el PP'. Ortolá aseguró que el concurso se adjudicó de acuerdo con criterios exclusivamente políticos e insinuó que 'la orden procedía de Madrid'. También pidió que se estudiara la actuación de la mesa técnica que evaluó las propuestas.

Miguel Tatay evitó hacer comentarios ayer alegando que desconocía el contenido exacto de la sentencia. Pero fuentes del PP explicaron que los servicios jurídicos de la Diputación no pusieron ningún reparo a la vinculación de Roberto Espinosa con Tauro Castellón alegando que sólo ejercía como gerente de la Plaza de Toros de Castellón.

Las mismas fuentes señalaron que la mesa de contratación asumió la valoración de las ofertas que elevó la mesa técnica correspondiente.

La adjudicación se debatió en el pleno de la institución y fue aprobada por los votos a favor del PP y Unión Valenciana. El PSPV, Nova Esquerra y Esquerra Unida votaron en contra.

Se da la circunstancia de que la sentencia, que fue entregada ayer a las partes, se hace pública cuando debe procederse a la adjudicación del contrato de explotación de la plaza durante los próximos tres años.

El socialista Ortolá comentó que la adjudicación se debería haber votado en pleno durante el pasado mes de octubre y se está retrasando demasiado. También denunció que el PP se ha negado a aceptar la presencia de diputados de la oposición en la mesa de contratación, que tiene la última palabra sobre la decisión de los técnicos.