Hasta 83 recursos exigen paralizar PAI al amparo del auto del TSJ valenciano
Según la firma Abogados Inmobiliarios (Inmoley), al menos 83 escritos judiciales complementarios se han amparado en el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que cuestionaba la legalidad de la ley valenciana 6/94 Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) para solicitar las paralizaciones de programas de actuación integrada (PAI) de toda la autonomía. Según Inmoley, 'las consecuencias de esta actuación pueden suponer la paralización de parte de las promociones valencianas, por lo que hay una gran alarma en el sector'.
Los abogados de la firma aseguran que en 2000 se tramitaron 483 PAI y que a lo largo de 2001 se presentaron otros 200. 'Los recurrentes solicitan la paralización de todas las actuaciones hasta que se resuelva el asunto de la posible inconstitucionalidad' de la ley, según Inmoley.
El auto del TSJ cuestionaba las relaciones entre agentes urbanizadores (intermediarios que se comprometen a dotar de accesos, alcantarillado, luz, agua y telefonía a zonas urbanizables) y la Administración, las garantías provisionales del adjudicatario, la falta de información pública y los procedimientos de concurso y adjudicación, entre otras cuestiones, de la LRAU.
En ese sentido, el presidente de la Asociación de Promotores-Constructores de la Provincia de Valencia, Juan Bautista Soler, alabó ayer la LRAU e hizo un llamamiento a la calma para no alarmar a los ciudadanos. Soler anunció que su asociación alegará ante el Constitucional a favor de la ley socialista, que a su juicio ha facilitado el acceso a la vivienda de los ciudadanos y ha sido copiada por varias autonomías y distintos partidos políticos.
Benjamín Muñoz, secretario general de la asociación, aseguró que la publicación de ciertas informaciones ha provocado que toda persona que hubiese comprado una vivienda y esperase el fin de la construcción ya haya llamado a los promotores alarmado ante la posibilidad de perderla. A juicio de Muñoz, la polémica se limita a la 'jerga judicial' y asegura que ninguna medida del Constitucional implicará la paralización de los PAI.
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