Un nuevo impuesto del Consell incrementará el precio de la vivienda

La Asociación de Promotores-Constructores de la Provincia de Valencia anunció ayer que el precio de las viviendas valencianas aumentará entre 250.000 y 300.000 pesetas si sale adelante el punto de los presupuestos de 2002 que prevé duplicar los impuestos sobre los Actos Jurídicos Documentados (AJD) que gravan diversos trámites urbanísticos. Los constructores también exigieron la aprobación del Plan Nacional de Viviendas de Protección Oficial, que aseguran que sufrirá un retraso de seis meses, y auguraron que el precio de la vivienda subirá un 10% a lo largo de 2002.

En un desayuno con los medios de comunicación, el presidente de la Asociación de Promotores-Constructores de la Provincia de Valencia, Juan Bautista Soler, y el secretario general, Benjamín Muñoz, anunciaron que la subida que ha marcado el Consell, mediante los presupuestos del 2002, del impuesto sobre AJD, que pasa del 0,5% al 1% en algunos trámites administrativos de la vivienda (división horizontal de las fincas, agrupación y segregación de solares...), supondrá un encarecimiento de entre 250.000 y 300.000 pesetas por cada vivienda. Un sobrecoste que, según dijeron, o bien puede asumirlo el promotor o bien repercutirlo en el precio final. Muñoz, que cifró en un 18% el porcentaje que suponen las tasas en el precio final de la vivienda, calificó de 'tremenda subida de impuestos encubierta' al efecto que tendrán las nuevas medidas fiscales para 2002.

Efectivamente, el aumento previsto por el Consell en los ingresos por los impuestos directos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (AJD) supone la quinta parte del aumento total de los ingresos de la Generalitat. Así, si en 2001 el Consell esperaba ingresar en todos los conceptos 7.553 millones de euros (1,26 billones de pesetas) y en 2002 la cifra se ha elevado a 8.339 (1,39 billones), esa subida del 10%, es decir, en 786 millones de euros (130.000 millones de pesetas), se debe en gran media a los ingresos directos, que aumentan en un año en un 103,37%. Y en particular, al concepto de tasas sobre transmisiones y AJD, que suben un 30,73% al pasar de 591 millones de euros a 773, es decir, en 182 millones de euros (más de 30.000 millones de pesetas).

Eso sí, como el Consell reduce del 0,1% al 0,4% los impuestos que gravan las escrituras de una vivienda habitual nueva a la vez que eleva del 0,5% al 1% el resto de los gravámenes, el Consell, en su Informe económico y financiero de los presupuestos, sólo destaca que la variación en las tasas supondrá unos beneficios fiscales para los ciudadanos ('una disminución de ingresos tributarios') de 33 millones de euros (5.500 millones de pesetas) en lo referente a las 'transmisiones patrimoniales' y de otros 33 millones para los AJD. Es decir, las cuentas elaboradas por el equipo del presidente del Consell, Eduardo Zaplana, no sólo ocultan que se espera ingresar mucho más dinero en esos apartados sino que además sólo destaca la parte que supone un beneficio para los que compran su primera vivienda en el mercado de nueva construcción.

Sin embargo, los constructores ya han echado sus cuentas y aseguran que la medida supondrá un encarecimiento de la vivienda de entre 250.000 y 300.000 pesetas. Es decir, sufrirán ese sobrecoste incluso los compradores que compren su vivienda habitual y paguen menos en 2002 por la escritura. Un incremento que además hay que sumar a la propia subida de los precios del mercado. En este sentido, Muñoz dijo que los promotores esperan que se moderen los fuertes incrementos de los últimos años (entre el 14% y el 16% anual) y que el año próximo sólo suba un 10%.

Los promotores también exigieron que el Estado apruebe pronto el Plan Nacional de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) 2002-2005 y explicaron que el retraso que lleva su tramitación supondrá una demora de al menos seis meses a la hora de empezar a construir viviendas acogidas al plan. Según dijeron, todavía no se ha pactado el documento final entre las distintas fuerzas políticas, ni mucho menos se ha negociado con la banca las cuotas de créditos hipotecarios correspondientes a cada entidad.

Benjamín Muñoz, secretario general de la Asociacion de Promotores-Constructores de la Provincia de Valencia, se quejó de que siempre se les culpa a ellos de la falta de viviendas protegidas y de que se les acusa de que no las construyen porque con ellas ganan menos dinero. 'Eso es mentira', explicó, 'las VPO suponen el 30% del mercado a nivel nacional, y ningún sector económico deja sin cubrir una cuota de mercado del 30%'.

'Dénme un plan, apruébelo el Consejo de Ministros, pacten con la banca, decidan las condiciones', exigió Muñoz, que anunció que en las actuales condiciones difícilmente se construirá una sola vivienda protegida el año próximo en toda la ciudad de Valencia.