El Supremo ordena indemnizar a 24 inspectores que el PP apartó en 1996

El Tribunal Supremo ha fallado a favor del recurso interpuesto por 24 inspectores de educación que accedieron a la función inspectora mediante el concurso de méritos convocado por el PSOE en 1986, y que fueron 'desposeídos de sus puestos' al entrar el PP a la Generalitat en enero de 1996 sin que fueran indemnizados en virtud de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad que les negaba el derecho. El Supremo establece ahora 'el error judicial' y restaura el derecho de los recurrentes a ser indemnizados.

Casi seis años después, el conocido caso de los inspectores ha dado la razón a los 24 profesores de enseñanza primaria y de medias que fueron despedidos de sus puestos en la función inspectora de la Consejería de Educación a los seis meses de haber llegado a la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana. La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo emitió el 13 de octubre pasado una sentencia que rectifica el auto dictado en 2000 por el TSJ de la Comunidad Valenciana en contra del derecho de los recurrentes a ser indemnizados por la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado, una vez que sea publicada ésta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en la colección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La ponencia del magistrado ponente Pascual Sala Sánchez, 'declara que la sentencia del TSJ de la Comunidad, Sección Segunda, del 11 febrero de 2000, incide en el error de haber negado a dichos recurrentes la posibilidad de reclamar responsabilidad patrimonial de la Administración autonómica valenciana' y pide 'la consiguiente indemnización por los daños sufridos como consecuancia de la actuación de la sala al convocar, irregularmente en 1986, el concurso en virtud del cual accedieron en propiedad a puestos de la función inspectora educativa de la Generalitat'. Fuentes próximas a los recurrentes comentaron anoche a EL PAÍS que 'el Supremo da la razón moral y jurídica a los inspectores que se han visto afectados en público y durante años por la actitud ofensiva del PP hacia la función inspectora que desempeñaron en la etapa socialista'.

Rectificación a Camps

'La sentencia', explican, 'reconoce expresamente 'la existencia de error judicial' del TSJ, que era lo que reclamaban los afectados, y ordena, además, que se les pague el complemento que les hubiera correspondido por los años trabajados en puestos de inspección'. Indemnizaciones a parte, la sentencia del Supremo supone un duro varapalo a la gestión política del anterior consejero de Educación y actual vicepresidente del Congreso, Francisco Camps, y su número dos en la consejería, el abogado Carlos Alcalde, quien ha ejercido en primera persona las principales batallas jurídicas tanto en enseñanza como en materia del valenciano tanto antes como después de que el PP llegara al poder en julio de 1995.

Los afectados, que en la actualidad trabajan en la enseñanza en sus respectivos centros educativos y universitarios, han mantenido contactos y reuniones esta semana para estudiar la posibilidad de pedir, incluso, que sean restaurados en la función inspectora. Fuentes sindicales subrayan que 'ellos y los directores generales socialistas, Baltasar Vives, y Javier Paniagua, han sufrido todo tipo de descalificaciones por haber accedido a la 'función inspectora autonómica' mediante el procedimiento [concurso de méritos] establecido antes de la LOGSE'. El propio Grupo Parlamentario del PP se ha amparado en muchas ocasiones en el auto del TSJ para descalificar a Vives, que en la actualidad es portavoz de Educación en las Cortes valencianas, cuando éste denunció el año pasado que 'el PP ha colocado a dedo a 48 inspectores en cinco años' y los ha consolidado con 'una oposición a medida'.