Los agentes urbanizadores han consolidado más de 3.000 hectáreas en 2.000 planes desde 1995

La Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (COPUT) defendió ayer la legalidad de la ley 6 /1994 Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y alabó su eficacia a la hora de favorecer la construcción de viviendas. Así, el número de programas para el desarrollo de actuaciones integradas (PAI) tramitados por agentes urbanizadores durante los últimos seis años ha sido de unos 2.000, de los que se han aprobado ya casi el 70%. Al amparo de esta figura han crecido todos los nuevos barrios de las ciudades valencianas. Unas actuaciones que suman más de 3.000 hectáreas y que suponen construir bajo techo 110 millones de metros cuadrados.

El PP siempre han alabado la figura del agente urbanizador, establecida por ley por los socialistas desde junio de 1994. Lo definen como un 'delegado de la Administración para transformar el suelo urbanizable en urbanizado, contando siempre con el beneplácito de la administración'. Su misión no es construir edificios, que también lo hace, sino comprometerse a dejar suelos, urbanizables en potencia, en solares urbanizados (con luz, accesos, alcantarillado, agua, telefonía...) y aptos para acoger viviendas.

Desde Obras Públicas se detallan las cifras: Ya en 1995 se tramitaron 40 PAI, cifra que se disparó a 328 en 1997, a 469 en 1999 y a 483 el año pasado. Lo que supone una media de más de 300 PAI tramitados al año y más de 200 programas aprobados.

Según apunta Obras Públicas, si se comparan estas cifras con las de los expedientes de reparcelación y las juntas de compensación (figuras anteriores a la LRAU) que se impulsaron entre 1990 y 1994, en que la media era de 40 actuaciones al año, la actividad urbanizadora se ha multiplicado por siete.

Los socialistas también apoyan la LRAU, pero creen que necesita mejoras. De hecho, el modelo valenciano, una norma creada por Gerardo Roger y Luis Casado, directores generales de Vivienda y Urbanismo, respectivamente, en tiempos del consejero Eugenio Burriel, ha sido copiado en otras comunidades. Eso sí, modificando las partes que ahora cuestiona por incostitucionales el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, según recuerda el concejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio. Según explica, en un solar consolidado urbanísticamente sólo hace falta una licencia para construir, pero para hacer un programas de actuación integral (PAI), o incluso para planes parciales (PP), que implica el detalle o una modificación del planeamiento del municipio, o hasta para un plan de reforma interior o de mejora (PRIM), para reurbanizar un espacio urbano ya consolidado, siempre hace falta la figura del agente urbanizador. El problema es, según Rubio, que los ayuntamientos -'así lo hace siempre Rita Barberá', asegura- en vez de poner las condiciones para hacer la urbanización de una zona del municipio aceptan siempre sin modificaciones el modelo propuesto por el urbanizador. Y recuerda que ya propusieron para el primer PAI aprobado en Valencia tras la ley, el de Orriols, que se convocara un concurso público con las condiciones para adjudicarlo.