Fórum Filatélico: Cronología de la enorme estafa piramidal en España

La Audiencia Nacional ordenó la intervención de ambas sociedades de inversión computándoles seis delitos, entre ellos, el blanqueo de dinero y la estafa piramidal. En el caso de Fórum, que llegó a ser la mayor empresa de compraventa de sellos en España, ofrecía altos intereses a sus clientes —en torno el 6%— usando como garantía lotes de productos filatélicos (en la mayoría de los casos sobrevalorados). En la operación se detuvieron a cuatro personas de la entidad y hubo 21 registros. Los afectados de Fórum Filatélico ascendieron a más de 250.000 personas.

Ambas sociedades pusieron en marcha sofisticadas estrategias empresariales para mantener vivo el negocio durante más de dos décadas. Las investigaciones comenzaron en 1998, al comprobar que las compras llevadas a cabo en el extranjero no cuadraban con las ventas efectuadas en España, con un sobrecoste de hasta un 900%. Hacienda también se percató de que no existían, en muchos casos, facturas de los proveedores con los que Fórum (todos ellos extranjeros) contactaba y de que había una gran cantidad de sellos de “dudosa calidad".

Pronto, los afectados constataron cómo sus sellos se devaluaban con los vaivenes del mercado. “Esto va por ciclos y nadie te puede garantizar que valdrán en un tiempo más, igual o menos”, aseguraban expertos en filatelia a EL PAÍS tres días después de los registros. Ante la cantidad adeudada, el Partido Popular culpó al Gobierno de Zapatero “de no velar por la seguridad jurídica de los afectados”. La estafa, denunciada en la prensa extranjera un año antes, hizo que el Gobierno y las autonomías llegaran un acuerdo para impulsar la defensa gratuita de todos los clientes perjudicados.

El agujero patrimonial de la entidad ascendía a más de 2.400 millones de euros. Este hecho junto a otros delitos como administración desleal o insolvencia punible, llevó al juez Grande-Marlaska a decretar prisión para cuatro directivos de Fórum. Ninguno de ellos tenía inversiones en la entidad superiores a 30.000 euros y, según el magistrado, “existía un claro riesgo de fuga y de destrucción de pruebas”. Además, la justicia investigó la conexión de una filial de la entidad con el lavado de dinero en la Costa del Sol, que participó en la compra de terrenos en dicha región.

La exministra de Sanidad, Ana Pastor, avisó hasta dos veces en 2003 al Ministerio de Economía de falta de desarrollo jurídico en la norma que regula la filatelia. Un limbo legal en el que estas actividades quedaban fuera de las actividades financieras y debían ser transferidas al Ministerio de Sanidad. La norma, que entró en vigor un mes antes de las elecciones de 2004, no fue desarrollada con posteridad. El socialista Pedro Solbes, que ocupó la cartera de Economía, afirmó que “no fue advertido por Rato de que quedaba pendiente desarrollar una regulación más exhaustiva”.

Las irregularidades emergieron antes de la intervención de Fórum Filatélico. El Banco de España descubrió en 2004 cómo muchos de los proveedores de la entidad, que operaban en el extranjero, recibían pagos muy superiores al valor real de sellos. La trama de blanqueo se extendía por Reino Unido, Francia, Bélgica y Holanda. Algunos de estos supuestos delitos fiscales acababan en Hong Kong o Suiza. Ante la avalancha de denuncias (el juez Pedraz llegó a acumular 2.000 denuncias en tan solo una semana), el ministerio de Justicia creó una oficina específica y se destinaron dos millones de euros para la defensa de los afectados.

La Agencia Tributaria señaló que los directivos de la entidad facturaron por servicios “supuestamente falsos” a Fórum a través de otras empresas para acumular bienes personales. El juez Grande-Marlaska ordenó el embargo de sus bienes y activos. La estafa piramidal (por la cual los nuevos clientes que entraban sostenían los beneficios de los antiguos) se prolongó 27 años. En diciembre de 2005, el agujero patrimonial de Fórum ascendía a 3.400 millones de euros, una cifra suficiente para que el fiscal negara la excarcelación de su cúpula. 

Francisco Briones, presidente de la empresa filatélica, entregó un millón de euros para eludir la prisión provisional impuesta por el juez Baltasar Garzón. Briones reveló tener una cuenta personal en Suiza. Un mes antes, Garzón también dejó en libertad bajo fianza a dos consejeros. El presidente de Fórum culpó a Hacienda de tratar a su empresa como “una institución financiera” en vez de “mercantil”, como indica la legislación, y aseguró “la imposibilidad de pagar de una tacada a todos los clientes”.

Las autoridades suizas investigaron al presidente de Fórum por un presunto delito de blanqueo de capitales. El saldo de sus cuentas personales ascendía a 3,6 millones de euros gracias a unos ingresos periódicos —todos ellos en metálico— entre 2002 y 2005. La presión ciudadana siguió aumentando con el paso de los meses y la ausencia de indemnizaciones. En diciembre de 2006, 1.500 afectados de ambas entidades se dieron cita en Madrid para exigir que “el Gobierno se convirtiera en responsable subsidiario”. Cuatro meses después, más de 200 autobuses se desplazaron a la capital para manifestarse.

La tasación de los productos filatélicos que atesoraba Fórum Filatélico rebajaba a una quinta parte su valor real (283 millones de euros) y desmentía la afirmación de los gestores que lo estimaban en 1.380 millones. La línea de crédito de 500 millones habilitada por el Gobierno durante 2007 a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) no rebajó la tensión de los miles de afectados. Las asociaciones, hastiadas con la situación de desamparo, pidieron a los estafados que votaran al PP en las elecciones de 2008. Rajoy se comprometió por carta a compensar a los afectados con un fondo de garantía si su partido llegaba al poder.

La justicia dictaminó que la Administración del Estado no estaba obligada a indemnizar a dos de los perjudicados por los casos de Afinsa y Fórum. La resolución hacía hincapié en que “las competencias sobre el control en materia de consumo corresponden a las comunidades autónomas”. Un mes después, la decepción entre los 270.000 inversores de esta última entidad fue unánime al establecerse que solo recibirían una cuarta parte del dinero (unos 12.000 euros de media) debido a la liquidación de la sociedad.

El juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid aprobó el plan de liquidación con el objetivo de pagar de forma inmediata el 10% de las inversiones a los afectados (328,74 millones de euros). Además, el juez Santiago Senent rechazó la petición de los antiguos gestores para que se subastara la empresa de forma global, y no activo por activo. Cuando la entidad fue intervenida, en mayo de 2006, tenía 150 oficinas repartidas por todo el país, 300 empleados y llegó a formar una red extensa de comerciales que ascendía a 4.500 personas.

El juez Pablo Ruz procesó a 32 responsables por la estafa masiva de Fórum imponiéndoles una fianza de 3.700 millones por el daño causado a 270.000 clientes. El magistrado aseguró que la empresa "era económicamente inviable desde su origen y resultaba de todo punto insostenible” al fijarse los precios de los sellos “de forma unilateral al margen del mercado”. Ruz estableció también que, “en el mejor de los casos”, el valor real de los productos filatélicos era 11 veces menor del que aseguraba Fórum. Seis meses después, el juicio queda visto para sentencia—tras extenderse nueve años— a falta de dictaminar si la responsabilidad recae en los máximos responsables de la entidad.

La justicia declaró culpable el concurso de Fórum Filatélico y responsables del mismo al expresidente de la sociedad, Francisco Briones, y a otros cinco consejeros y altos cargos, a los que condenó a pagar 2.259 millones de euros. El fallo estableció que el negocio era una “venta piramidal” porque los gestores hicieron creer que “los beneficios provenían de la revalorización de los sellos, aunque en la práctica se captaban mediante las aportaciones de los nuevos compradores”. La Audiencia Nacional rechazó a finales de 2015 la petición de los abogados de los acusados de juzgar al Estado por dicha estafa. Los magistrados calificaron la solicitud de “extraña”.

Una de las manifestaciones celebradas en Madrid, a la que asistieron 5.000 personas, tuvo como lema “Ni un año más sin solución” al cumplirse una década de la intervención. Los convocantes se quejaron del pasotismo de los distintos gobiernos ante un “problema de emergencia social que afecta al 1% de la población”. Los organizadores también recordaron el acuerdo, aprobado en noviembre de 2014 entre los parlamentos autonómicos y el Congreso —y aún en suspenso— por el que el ICO debía asumir los bienes de ambas entidades para proceder a su venta. En julio, los principales responsables de Afinsa fueron condenados con hasta 12 años de cárcel.

La aseguradora Mutua Madrileña adquirió la antigua sede madrileña de la entidad filatélica por 30, 8 millones de euros, en manos de Credit Suisse. La empresa suiza, previamente, la compró en el proceso de administración concursal. El edificio, de 3.600 metros cuadrados y siete plantas, fue alquilado más tarde a Barclays. Las asociaciones de afectados lamentaron que el inmueble se vendiera por debajo de la tasación oficial (cuatro millones y medio de euros menos). El juicio a la excúpula de la entidad comienza el día 18 de septiembre y se prolongará hasta el 15 de diciembre. En once años, solo el 20,5% de los ahorros de los 270.000 afectados han sido devueltos.