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El administrador judicial cifra el agujero de Fórum entre 2.700 y 3.400 millones

Se abre el plazo para que las personas a las que la compañía adeuda dinero lo acrediten

La Agencia Tributaria aún se quedó corta en lo que se refiere al cálculo del desfase patrimonial de la empresa Fórum Filatélico, que cifró al cierre de 2004 en 2.416 millones de euros. El administrador judicial de la compañía, que fue intervenida el pasado 9 de mayo, ha cifrado el agujero de la filatélica entre 2.700 y 3.400 millones de euros a fecha de diciembre de 2005. Ese desfase es precisamente una de las razones esgrimidas por el fiscal para negar la excarcelación del presidente de la compañía y otros tres consejeros. Ayer se autorizó el concurso por insolvencia para que las personas a las que la compañía adeuda dinero lo acrediten ante las autoridades judiciales. Fórum contaba con más de 200.000 clientes.

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En el informe elaborado por el administrador judicial, Pascual Tomás Hernández, que fue designado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska tras la intervención por una presunta estafa piramidal masiva, se explica que los compromisos de recompra y rentabilidad que mantenía la empresa con sus clientes se cifran entre 3.500 y 4.200 millones; en tanto que su patrimonio era únicamente de 410 millones en fondos propios y otros 400 en sellos, poco más de una cuarta parte del mínimo de sus compromisos. Estos datos fueron revelados ayer por el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón en la vista del recurso de apelación de los abogados defensores de los cuatro ejecutivos de la filatélica que aún permanecen en prisión: el presidente, Francisco Briones, y tres directivos.

A todos ellos se les imputan los delitos de estafa agravada, administración desleal, insolvencia punible y blanqueo de capitales. Precisamente es este último el que diferencia a los responsables de Fórum de los ejecutivos de Afinsa, la otra filatélica intervenida hace un mes y medio, que se encuentran en libertad desde el 7 de junio. El fiscal considera el riesgo de fuga -la condena puede llegar hasta los 12 años de cárcel- y el monto de lo presuntamente estafado aconseja su permanencia en la cárcel, donde ingresaron el 13 de mayo.

El informe del administrador apunta a "múltiples engaños", "que los sellos estaban sobrevalorados", que se "fingían" pagos como intereses, que no se cumplió con la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, que el auditor fue sancionado por el Instituto de Contabilidad este mismo año, y que en los contratos se intentaba "confundir" al cliente, al "hablarles de inversiones filatélicas, tipos de interés y valores", informa Efe. Concluye que "todo parece indicar" que la contabilidad "ha sido alterada de forma gravísima y consciente" y se oculta a los clientes aún a sabiendas de que "era una burbuja que tenía que acabar por reventar".

Según el fiscal, también estaría acreditada la destrucción de "importantes documentos" antes de la intervención de la empresa; incluso hay constancia de que entre los documentos que obran en manos del juez se encuentran correos electrónicos entre directivos de la firma advirtiendo de la investigación de la Audiencia Nacional, informa Europa Press.

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Luzón -quien señaló que el engaño se hace "especialmente indignante" por el perfil de los afectados, jubilado que invierte sus ahorros- indicó que los responsables de la compañía apenas invirtieron en sellos, tan sólo para cubrir las apariencias. Mientras que las principales inversiones estaban destinadas al mercado inmobiliario. La defensa dijo que los coeficientes de rentabilidad y liquidez de la compañía "han sido siempre excelentes" y que "nunca ha existido estafa".

El 9 de mayo se clausuraron todas las cuentas de la compañía, lo que ha impedido hacer frente a los compromisos adquiridos. Desde la publicación en el BOE (www.boe.es) de la declaración del concurso por insolvencia, los acreedores tienen un mes de plazo para comunicar y acreditar ante el juzgado su situación de afectados. De momento se han presentado 40, entre ellos la Agencia Tributaria o Banesto. Otros 150.000 clientes de Afinsa esperan también la autorización de concurso por insolvencia.

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