Las empresas vendían sellos hasta un 900% por encima del precio de mercado

Afinsa Bienes Tangibles y Fórum Filatélico supuestamente sobrevaloraban el valor de los sellos que compraban en el mercado y que luego ofrecían como garantía de la inversión a sus clientes. Los investigadores aseguran que se han detectado sellos sobrevalorados hasta en un 900% e incluso se han remitido pliegos de sellos a la Casa de la Moneda para ver si son verdaderos o falsos. Afinsa compraba la mayor parte de sus sellos a su propia filial en EE UU, Escala Group, que era la que fijaba el valor de la estampación (en lugar del vendedor original) antes de revendérselos a su matriz.

La sociedad de inversión de bienes tangibles Afinsa compró sellos hasta 2004 por un precio muy inferior al que luego los vendía a sus clientes. "Es decir, daba a los sellos el precio de venta que le apetecía", explicaron ayer fuentes de la investigación. "Por ejemplo, adquiría un sello a ocho ó 10 pesetas y luego se lo vendía a un cliente por 100 pesetas, con lo que sacaba una rentabilidad de hasta un 900%".

Un afectado por el caso explicó ayer que había invertido más de 1.000 euros en sellos en Fórum Filatélico y que los había llevado a casa. Cuando necesitó el dinero, acudió a una casa de subastas para intentar venderlos antes de recurrir a Fórum. "Me dijeron que los aceptaban, pero que de 1.120 euros nada, sino que me ofrecían un precio máximo de salida de entre 60 y 100 euros", dijo mientras trataba de presentar denuncia en comisaría.

Afinsa tenía firmados sendos acuerdos de exclusividad de suministros de sellos con dos empresas vinculadas accionarialmente con ella: su propia filial en Estados Unidos, Escala Group, que ayer volvió a descalabrarse en el Nasdaq, y la española Central de Compras Coleccionables. Escala era la encargada de comprar los sellos en el mercado norteamericano y de ponerles el precio. Según el último informe de Escala a la comisión de valores de Estados Unidos (SEC), entregado ayer mismo, era la propia Escala (propiedad en un 67% de Afinsa), y no quien le suministraba los sellos, la que fijaba el valor de venta de las estampaciones.

Un 10% de comisión

Afinsa pagaba un 10% de comisión a su filial por esas mismas estampaciones. Escala, además, no había informado a los inversores de EE UU de que su principal fuente de ingresos era precisamente la venta de colecciones de sellos a su matriz en España, y además con sobreprecio. Ésta es la base de la demanda colectiva presentada ayer en Nueva York contra Escala, Afinsa y varios de sus administradores.

La investigación se va a centrar ahora en determinar la procedencia de esos sellos, en verificar si eran auténticos e incluso si realmente existían los mismos o, por el contrario, "Afinsa sólo vendía humo". El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tomará declaración mañana a seis personas en relación con esta supuesta macroestafa destapada por la Fiscalía Anticorrupción basándose en un informe de la Agencia Tributaria. Entre otras personas, va a interrogar a Juan Antonio Cano, presidente de Afinsa; a los hermanos Albertino y Carlos Figueiredo (éste último, actual presidente de honor de la firma), y a los suministradores de los sellos hasta 2004, la citada familia Guijarro Lázaro.

En un registro efectuado en un chalé llamado La Mora, sito en la exclusiva urbanización de La Moraleja (Alcobendas, Madrid) y propiedad de la familia Guijarro Lázaro (Francisco ha sido detenido en relación con este caso), la policía halló anteayer 10 millones de euros en billetes, un Lamborghini y otros vehículos de altísima gama, y cuadros de cotizados pintores. Los investigadores han hallado también "centenares de pliegos de sellos con apariencia de falsos", que han sido remitidos a la Casa de Moneda y Timbre para su cotejo.

La investigación judicial sobre Afinsa surge a raíz de una denuncia interpuesta por un particular ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en julio de 2005. El tribunal remitió el asunto a la Fiscalía Anticorrupción y ésta pidió un informe a la Agencia Tributaria. Hacienda comenzó a indagar y descubrió una retahíla de supuestas irregularidades en torno a las actividades de Afinsa. La querella de Hacienda sobre Afinsa, que consta de seis folios, llama la atención sobre la ausencia de fiscalización administrativa sobre las sociedades inversoras en bienes tangibles.

Ante el juez Pedraz desfilarán mañana como imputados las personas antes citadas, y que este momento se hallan detenidas por la policía. Si el fiscal pide medidas cautelares contra ellos, fuentes de la investigación no descartan que el juez las adopte, habida cuenta de la alarma social que ha suscitado este caso. Tras los interrogatorios, el juez analizará con las partes la posibilidad de nombrar a un administrador judicial que evalúe el estado financiero de Afinsa.

Según fuentes de la investigación, el informe de la Agencia Tributaria, referido a 31 de diciembre de 2004, alude a un déficit en Afinsa de 1.100 millones de euros. En 2001, ese déficit se elevaba a 500 millones de euros, en 2002, a 600 millones y en 2004, a 1.100 millones de euros. En 2005 es posible que el déficit se haya incrementado en un 20% más. El monto calculado del desfase patrimonial acumulado por ambas empresas ha sido fijado en 3.522 millones de euros, de los que 2.416 pertenecen a Fórum y el resto a Afinsa. Las fuentes consultadas aseguran que, con la acumulación de otras deudas y otros delitos, el monto final de la supuesta estafa podría alcanzar los 6.000 millones de euros (un billón de las pesetas en desuso).

La Audiencia Nacional ha ordenado ya el bloqueo de las cuentas y del patrimonio de ambas sociedades y de sus principales directivos para hacer frente a las deudas que tenga esta sociedad con sus clientes. Si el administrador judicial, tal como ya ha avanzado en un informe la Agencia Tributaria, entiende que la situación financiera de Afinsa es de quiebra técnica, se abrirá otro procedimiento en un juzgado mercantil de Madrid.

Numerosos afectados por la situación de Afinsa están presentando denuncias contra los directivos de la entidad para exigir la devolución del dinero que tenían invertido. La Audiencia Nacional se ha limitado a hacer público un comunicado en el que insta a los afectados a esperar. En la nota se señala que en el futuro podrán personarse en las diligencias como afectados, al tratarse de unas acciones que no prescriben.