Justicia creará la oficina solicitada por los jueces para atender a los inversores de las dos empresas

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, explicó ayer que su departamento creará "cuanto antes" una oficina para atender las denuncias de los afectados por la estafa de Afinsa y Fórum Filatélico. Esta oficina había sido solicitada por los jueces instructores de la estafa, Santiago Pedraz, que se encarga de Afinsa, y Fernando Grande-Marlaska, que investiga a Fórum. En una nota de prensa difundida ayer, ambos jueces aluden a la necesidad de esta oficina por la "imposibilidad material" de proveer en este momento las innumerables denuncias y personaciones en la causa. Sólo el juez Pedraz tiene sobre su mesa ahora mismo más de 2.000 denuncias.

Con esta oficina, los afectados no tendrán obligatoriamente que buscar a un abogado ni interponer querella; bastará con una denuncia, que podrán presentar en la propia oficina, en comisaría, juzgados de guardia de sus localidades o en dependencia de la Guardia Civil. Al frente de esa oficina estará una secretaria judicial, bajo supervisión de los jueces Pedraz y Grande-Marlaska.

Por otro lado, una comisión judicial mandatada por el Juzgado Central de Instrucción 1 e integrada por funcionarios y peritos de Hacienda desprecintó tres de las sedes de Afinsa en Madrid para analizar la documentación contable que hay en su interior.

Los jueces instructores han solicitado además la presencia en la causa de expertos filatélicos -ajenos a ambas sociedades- para la realización de los informes periciales sobre los sellos intervenidos en ambas compañías. Es decir, para que dictaminen si los sellos que se ofrecían a los clientes son o no falsos y si éstos fueron sobrevalorados.

Para agilizar los trámites, la Audiencia recomienda que los perjudicados se agrupen de forma que cada grupo tenga una misma dirección letrada y procurador. Los jueces han señalado que, aunque de momento los perjudicados no estén personados en la causa, el fiscal velará por sus derechos ejercitando las acciones civiles correspondientes.