‘Sordida Officia’
Hoy tendremos por “oficio vil” al que el derecho no reconoce su condición laboral y que, por tanto, no obtiene su amparo, como la libre elección de oficio, el acceso a la Seguridad Social o la protección por desempleo
Hoy tendremos por “oficio vil” al que el derecho no reconoce su condición laboral y que, por tanto, no obtiene su amparo, como la libre elección de oficio, el acceso a la Seguridad Social o la protección por desempleo
El autor propone medidas contra los políticos corruptos que pese a su "vagancia" han demostrado "una extraoprdinaria capacidad para el enriquecimiento ilícito".
Javier Maroto tendría que arrepentirse de su cobardona toma de postura con sus declaraciones xenófobas
"Manifestamos esa abnegada pasión amando de corazón a los compatriotas"
De la denominada pena de banquillo no se libra nadie
Miles de buenos políticos y buenos funcionarios siguen asumiendo con un generoso compromiso la abrasiva tarea de cohonestar la política y la gestión administrativa
El autor sostiene que el deseo de fragmentar el Estado nos parecerá más o menos razonable, pero no merece otro tratamiento que el de un adecuado cauce de expresión democrática
El sistema político ha de recuperar una neutralidad social que hace tiempo perdió
La reglamentación del Parlamento vasco obliga a un Gobierno a presentar su proyecto de Cuentas
"El debate no puede ser caótico, sino ordenado y su orden sólo se puede plantear desde el poder"
Estamos ante un mercado falso y opaco como la Mafia
Sostiene el autor que es falaz presentar el debate sobre ideas y proyectos como más noble que la discusión sobre el liderazgo de las personas.
Afirma el autor que el presidente del PNV abre un proceso de introspección estratégica en el mundo nacionalista de hondísimo calado.
Estima el autor que la politización de la justicia es un fenómeno más peligroso que el inverso, la judicialización de la vida política.
Cuestiona el autor que pueda justificarse desde el interés público la anunciada financiación por las instituciones vizcaínas
Sostiene el autor que, para la opinión pública española, la intervención judicial en cuestiones políticas resulta algo especialmente grave.
Argumenta el autor que no es lo mismo la derrota de ETA, algo que ya se produjo en los años ochenta, que su final
Analiza el autor los mecanismos utilizados por el nacionalismo para poder presentar como inevitable la necesidad de modificar el modelo de convivencia definido en el Estatuto.
La tendencia a desviar a los jueces debates que corresponden al ámbito político empobrece, según el autor, la vida pública
Defiende el autor que los gobiernos tienen la obligación legal de presentar los presupuestos y no pueden retirarlos sin debate
El autor recuerda el gran interés jurídico del tema canadiense, que resulta actual en torno al debate político del País Vasco