Notas para un concierto

Critica el autor que una sociedad pública como

el BEC, con pérdidas millonarias, no cobre el

alquiler por el concierto de Bruce Springsteen.Una de las características del sistema político vasco tiene que ver con la dicotomía (calificada por algunos directamente de esquizofrenia) entre el dramatismo con que vivimos el debate sobre aspectos simbólicos (el Ser, la Libertad, el Pueblo, la Decisión, etc.) frente a la pachorra de la vida institucional, que es donde al fin y al cabo se cuecen las políticas públicas que han de terminar afectando a los ciudadanos realmente existentes. Prueban esta afirmación dos hechos fácilmente comprobables. El primero, que desde la transición a la democracia, hace casi cuarenta años, en Euskadi no se ha producido ninguna alternativa política sustancial. En segundo lugar, la constatación de que esa falta de relevos entre poder y oposición es compatible con una crónica debilidad parlamentaria de los gobiernos, que ha llegado a provocar largos periodos de vacío presupuestario.

¿En nombre de quién anunció el diputado general la exención del alquiler para el concierto de Springsteen?

El BEC atraviesa una situación financiera delicada, con pérdidas de más de 62 millones de euros en 2005

A esta situación han contribuido múltiples factores, unos específicamente vascos y otros comunes a la crisis de las democracias representativas que vivimos hoy día. El primero consiste en que los propios parlamentos (la Cámara vasca y las Juntas Generales) ensimismados por el apasionante debate de las esencias patrias, han abdicado en buena medida del ejercicio de sus ordinarias prerrogativas de control, produciendo una legislación y una praxis deslegalizadora, todo ello a favor de una moda de regusto neoconservador que considera a la legislación y el control como auténticas "rémoras" para la gestión.

El segundo factor, no menos importante, tiene que ver con la abundancia de recursos públicos obtenidos merced al discutible (discutible si se mira más allá de la muga de Orduña, claro) mecanismo del Concierto Económico. Qué duda cabe de que la abundancia de recursos quita hierro a los debates presupuestarios. Siempre podremos gastar algo más de pólvora de rey, en fuegos artificiales, con la tranquilidad de saber que la santabárbara guarda provisiones suficientes para los cañones.

De este modo, las áreas "de gestión" de los distintos gobiernos viven una cómoda posición al abrigo de críticas. Cuando éstas llegan a producirse, no alcanzan un excesivo impacto en la opinión publicada ni en la pública. Suavemente se van disolviéndo los controles y multiplicándose las estructuras pseudoadministrativas y los procedimientos opacos de gestión, de contratación, etc.

Viene lo anterior a cuento de lo que para muchos no será sino una anécdota insignificante. Me refiero al anuncio hecho por el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, de que el próximo día 26 de noviembre el cantante estadounidense Bruce Springsteen actuará en un pabellón del Bilbao Exibition Centre (BEC) de Barakaldo sin que la empresa promotora del concierto pague el correspondiente alquiler del local. Como ocurre con los chistes, lo peor no es el hecho, sino las explicaciones. Las explicaciones son las que convierten la simple anécdota en categoría.

Señalemos en primer lugar que el BEC no es simplemente un recinto ferial, sino una empresa pública constituida por el Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya, que ostentan la inmensa mayoría de su capital junto con unas participaciones menores del Ayuntamiento de Bilbao, del de Barakaldo y de la Cámara de Comercio. Todos los socios son, por tanto, entidades públicas. Esta sociedad anónima tiene una dirección gerencial y un consejo de administración. ¿En nombre de quién anuncia el diputado general la exención de alquiler para el evento del día 26 con cargo a la cuenta de resultados? ¿Qué opinan el resto de los socios?

Añadamos a esto que, como puede leerse en el informe dado a conocer por el Tribunal Vasco de Cuentas el pasado 31 de enero, el BEC S.A. atraviesa una situación financiera delicada, con pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio 2005 de más de 62 millones de euros. Cuando la empresa deja de ingresar las cantidades que en la ordenada gestión de un buen padre de familia o un honrado comerciante deberían haber sido cobradas, ofende a la inteligencia de sus administrados que el diputado general diga que la Diputación (...) "no pone un duro" para el concierto, dado que "se limita a poner el local a disposición del promotor". En absoluto. Todos los costes en los que incurra BEC con ocasión del concierto, incluyendo la amortización y un beneficio razonable (en defecto de unas tarifas tasadas), y que no sean facturados a la promotora, constituyen una liberalidad a la espera de justificación.

Por otra parte, la razón que justifica que áreas cada vez más amplias de la gestión pública adopten personificaciones jurídicas sujetas al derecho privado y a las "leyes del mercado" es que, en determinados casos, se considera más adecuado para la gestión pública eficiente la primacía de tales leyes no escritas (que se concretan en la transparencia, la información, la igualdad competitiva, la libertad, la responsabilidad, etc.) sobre la normativa administrativa. Desde este punto de vista, ¿qué lógica económica tiene la decisión anunciada?

Curiosamente, en un giro argumental copernicano, frente a unos costes evidentes para la empresa (lógica de mercado) se oponen unos "beneficios sociales y económicos en sectores como la hostelería", de carácter indeterminado, si no imaginario (lógica política). Es un contrasentido. Si el BEC es un instrumento de ejecución de políticas de promoción económica por parte de sus dueños (Gobierno vasco y Diputación de Vizcaya), su gestión debería estar sometida a una dirección operativa y a un eficaz control jurídico y financiero público. Si, por el contrario, el BEC piensa actuar como un agente más, en condiciones de libre mercado, sobran este tipo de subvenciones en especie.

Por último. Si los locales del BEC son una infraestructura pública (que lo son) gestionados por una empresa pública (que lo es) no puede decidirse ad hoc a quién se cobra y a quién no.

Si se trata de un acto discrecional de la administración, tendríamos que respetar su base reglada, esto es, la normativa a la que sujeta los alquileres, incluido el precio (público), evitando caer en una derogación singular de un reglamento. Si, en su caso, entendemos que se trata de una decisión autónoma, adoptada en el seno de las facultades de dirección de la empresa, no deberemos olvidar la situación financiera de la misma y, por ello, la responsabilidad adquirida por los gestores.

De cualquier modo, por muy empresa que sea, no dejará nunca de tratarse de la gestión de una infraestructura pública, construida con dinero público que se suministra en régimen de monopolio, lo que obliga a respetar unos criterios elementales de libertad, concurrencia, igualdad, eficiencia y transparencia en evitación de toda arbitrariedad (Artículo 103 de la Constitución).

Decía un refrán popular que el Marqués de Santa Cruz se hizo un palacio en El Viso "porque pudo y porque quiso". Posiblemente tuvo sus razones, pero, sobre todo, gastaba de lo suyo, no del común.

Rafael Iturriaga es consejero del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.