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COLUMNA

La gestión de la sociedad civil

En nuestro comportamiento político destacan dos actitudes aparentemente contradictorias, denostar a los políticos y, al mismo tiempo, esperar de la Administración la solución a todos nuestros problemas. De modo bien diferente, por ejemplo, el mundo conservador anglosajón comparte esa político-fobia (curiosamente promovida con ardor desde ámbitos plenamente políticos), pero no espera gran cosa de lo público. Consideran que el Estado, como en el siglo XIX, debe ser un "Estado mínimo" y que todo lo demás debe quedar en manos de la "sociedad civil".

Desde una perspectiva menos política, definimos sociedad civil (término ambiguo donde los haya) refiriéndonos al conjunto de personas que, cohesionadas por unas normas o valores compartidos, se organizan libremente, dentro de unos marcos jurídico-públicos que en principio aceptan, para la promoción de sus ideales o intereses legítimos sin ánimo de lucro. Cuando una asociación no acepta el marco político y pretende cambiarlo (o, al revés, defenderlo frente a posibles cambios) es que se trata de una asociación estrictamente política, no civil en este sentido.

Perdida la espontaneidad en la acción, a las ONGs sólo les queda el discurso de la eficiencia

Una ONG nunca gasta el dinero como una empresa privada, sencillamente, porque no lo es

El poder político puede, entonces, considerar positiva para el bien común una mayor presencia de entidades asociativas e incluso desplegar acciones de promoción del capital social del país. ¿Hasta qué punto es necesario que, además de libre, el nacimiento de estas organizaciones sea espontáneo para que puedan ser consideradas sociedad civil? ¿Hasta qué punto, si no son espontáneas, pueden considerarse libres?

En cualquier caso, silvestres o de invernadero, salvo las congregaciones religiosas contemplativas, todas las demás organizaciones civiles buscan desarrollar algún tipo de actividad para la satisfacción de sus ideales o sus intereses legítimos no directamente lucrativos. Si su objetivo fuera el ánimo de lucro, estaríamos, lisa y llanamente, ante una empresa, no ante una entidad asociativa civil.

Pues bien, hacer cosas significa consumir recursos y los recursos siempre son escasos en relación con nuestras pretensiones, por lo que estas entidades necesitarán acudir a distintas fuentes de financiación, una de las cuales, nada desdeñable por cierto, es la propia Administración.

La Administración transfiere recursos de dos maneras, mediante la financiación de la existencia de entidades consideradas como de "interés general" o mediante la subvención de sus actividades. En el primer caso, sin entrar en los entresijos de su vida, los presupuestos prevén unas partidas nominativas para su subsistencia. Este tipo de financiación generalista choca con la propia idea de unos presupuestos programáticos. Es un error, se dice con razón, financiar la existencia vegetativa de entidades cuya eficiencia puede ser nula, corriendo el riesgo de suministrar unos recursos suficientes para no morir pero insuficientes para la puesta en marcha de proyecto alguno, con lo que únicamente se consigue mantenerlas parasitando el sistema público.

Para conjurar este riesgo se opta por una financiación programática, condicionada. Se colabora en la atención de los costes de unas actividades que el sistema político ha hecho suyas a través del Presupuesto. Esto obliga a la entidad beneficiaria a un mayor rigor y a la confección de algún tipo de contabilidad analítica que ponga en relación costes, objetivos y resultados. La posterior evaluación habrá de tener en cuenta, sin duda, la exactitud contable así como su grado de eficiencia en comparación con otras alternativas. Pero no solo es importante que una ONG exponga sus objetivos y acciones, también la Administración ha de tener, por lógica y por imperativo legal, unos objetivos políticos y unas acciones cuantificadas y jerarquizadas en las que debe encajar el plan de actividades de la entidad. Sincronizar estas dos estrategias no resulta sencillo.

Se establece una doble influencia. De un lado, una vez declarados por la Administración sus objetivos y los recursos que piensa destinar, las organizaciones, asociaciones y demás procurarán adaptar sus actividades a los postulados gubernamentales, a fin de obtener la mayor parte posible de la tarta presupuestaria. Este fenómeno, lógico por otra parte, acarrea inevitablemente la profesionalización (incluso proletarización) de lo que se ha dado en llamar tercer sector, con el riesgo de desviación de sus más puros ideales y de caída en el parasitismo que se intentaba combatir.

Perdida la espontaneidad en la acción y en el diseño mismo de las actividades, a la organización civil solo le queda el discurso de la eficiencia. Una ONG, se dice, es más eficiente que la burocracia administrativa a la hora de llevar a cabo las acciones encomendadas. ¿Es esto así? Suele responderse a esta cuestión con un prejuicio ideológico afirmando que las organizaciones civiles manejan los recursos públicos "como una empresa privada, libres de las múltiples trabas que impone el derecho administrativo" con lo que, se supone, optimizarán la gestión de los mismos. Esta ilusionante descripción olvida algo esencial, que una ONG nunca gasta el dinero como una empresa privada, sencillamente porque no lo es. En la empresa privada el dinero, el riesgo y el eventual beneficio es de sus accionistas, mientras que quien gestiona subvenciones gestiona dinero ajeno, lo que no es poca diferencia.

La eficiencia en la contratación de bienes, personas, servicios y suministros de todo tipo viene de la mano de la mayor transparencia, publicidad y concurrencia, precisamente los requisitos que la hipócritamente denostada legislación de contratos públicos exige. Hay que desconfiar de todo aquel que pretenda convencernos de que hará mejor las cosas de forma oculta (privada) que de modo transparente; y cuanto más elevado sea el fin político o social que inspire la acción, mucho más.

El otro flujo de la corriente entre organización y administración hace referencia a la conocida influencia del esclavo sobre su amo. La Administración debe construir un presupuesto por programas en el que lo más fácil, con mucho, es buscar el dinero y el recurso más escaso son las ideas. El dinero lo pone Hacienda pero... ¿y las ideas? El debate político podría suministrar algunas pero suelen ser, en el mejor de los casos, directrices excesivamente generales, y en el peor, pura basura hecha de demagogia y lugares comunes. La verdadera fuente de las políticas públicas no es otra que la propia máquina burocrática y la nube de consultores, empresas, lobbies, ONGs, etc. que pululan a la caza del contrato o la subvención.

Esta realidad no es, en sí, buena ni mala. Del mismo modo que sabemos desde Adam Smith que hace más por una efectiva distribución equitativa de los bienes el lucro de los mercaderes que la esperanza en su bondad, es muy posible que haga más por el interés general la profesionalización de los colaboradores de la Administración que un altruismo más o menos falso y exento de control. El principio de la discreción queda reservado, incluso en el discurso evangélico, a la práctica de la caridad privada (Mt. 6:1-4) no al uso de los recursos de todos.

El requisito irrenunciable cuando se trata de dinero público es la transparencia y la rendición de cuentas del gestor ante la Administración y de ésta ante el poder representativo. Justo lo contrario de esa huida del derecho administrativo tan en boga.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 14 de abril de 2007