Gastando por el mapa

La gestión pública puede ser evaluada con arreglo a puntos de vista muy diversos. Puede serlo, por ejemplo, desde el de su eficacia o desde el de la economía, pero sin olvidar que el principal canon para valorar la actividad del sector público es la legalidad. La Administración, en efecto, debe actuar "con sometimiento pleno a la ley y al derecho", tal y como proclama el artículo 103 de la Constitución y como impone el sentido común.

Cuando se elude la normativa bajo pretensiones de una mayor eficiencia se burlan de modo solapado los principios que inspiran la legislación (casi siempre los de transparencia, competencia, mérito, capacidad, igualdad, etcétera). Esto es algo sabido por todos: los que lo hacen, los que lo consienten y los que desde las tribunas del "saber convencional" prestan su discurso legitimador. Si, a pesar de tal evidencia, me decido a escribir no es porque albergue la más mínima esperanza de frenar este proceso de auténtica corrosión democrática. No. Solamente quisiera que no nos tomen a todos por tontos.

¿Cómo puede ser que no se otorgue una ayuda de similares características al resto de empresas clientes del BEC?

Estoy refiriéndome, aunque la reflexión valdría para otros casos, a las delirantes explicaciones suministradas por los responsables del Bilbao Exhibition Centre (BEC) respecto del impacto económico del concierto del artista norteamericano Bruce Springsteen del pasado 26 de noviembre, para el que la empresa pública BEC, coparticipada mayoritariamente por el Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya, cedió gratuitamente el pabellón. Comenzaré por señalar que estoy plenamente de acuerdo con la afirmación de que "no hay que ver sólo lo que cuesta traerle, sino también la riqueza que ha generado". La cuestión, no menor, es que ese "lo que ha costado traerle" es por el momento una incógnita, de modo que, para poder continuar, diremos que el valor de la cesión del local ha sido "X".

Por otra parte, es preciso reconocer que la legitimación de la acción pública no se contrae a la satisfacción de un criterio de rentabilidad financiera. Tirar el dinero, desde luego, es nefasto para el sector público (y para el privado). Sin embargo, el hecho de que una determinada política pública resulte deficitaria no tiene por qué implicar una evaluación negativa. En estos casos habrá que valorar la obtención de resultados en términos de eficacia, equidad, solidaridad, etcétera. Pensemos sin ir más lejos en la universalización de la atención sanitaria, la educación, las pensiones mínimas y tantas otras.

No pretendo, pues, exigir rentabilidad financiera a una acción administrativa orientada a la satisfacción de otros objetivos políticos; eso sí, siempre y cuando se haya obrado con transparencia presupuestaria y de gestión. "Poner Bilbao [o Vizcaya o Euskadi] en el mapa" es una letanía que, por mucho que se repita, no adquiere valor justificante para cualquier dispendio.

En el presente caso lo que encontramos es una liberalidad cuya motivación, a tenor de las declaraciones de sus responsables, no tiene que ver con la buena marcha de la empresa (opera directamente contra su bastante delicada cuenta de resultados) ni pretende justificarse en una difusa función publicitaria. Al decir del propio BEC, el motivo de la donación de "X" miles de euros a la promotora del concierto no es otro que el logro de un impacto económico cifrado, según sus cálculos, en 1,8 millones de euros. Es aquí donde comienza el espectáculo de magia potagia o, por mejor decir, la tomadura de pelo.

Para comenzar, diremos que ni el BEC ni la promotora pueden saber cuántas personas acudieron a Barakaldo desde otras comunidades autónomas españolas o, incluso, desde países limítrofes. En cualquier caso, aun dando por válida la estimación del 20% del aforo (3.400 personas), tendríamos que admitir que el resto (13.600) no deberían computarse, pues al PIB vasco aportan sólo los que traen su dinerito de fuera y se lo gastan aquí. El hecho de que los vascos decidan gastar en un concierto, en comprarse un libro o en irse de parranda no aporta nada diferencial a no ser que se argumente (¡háganlo, por favor!) que el multiplicador de la demanda inherente a un gasto en "transporte, comida y potes previos" (BEC dixit) es superior al de un gasto en, pongamos por caso, ropa, frigoríficos o automóviles. Si tal cosa fuera cierta, la reflexión podría ser si no sería mejor olvidar nuestra rica tradición industrial y comercial para incorporarnos al futuro como potencia de "txaranga y trikititxa".

Por otra parte, si vamos a contar lo que se aporta, tendremos que descontar lo que se va. El señor Springsteen y su productora se supone que no han actuado gratis y desde luego, no son vascos. Algo se habrán llevado. ¿Cuánto?... Pongamos que "Y", de modo que los decrementos imputables al concierto serían "Z", es decir, "X" (valor de la cesión gratuita) + "Y" (factura del artista) y los ingresos netos incorporados al PIB vasco serían el resultado de multiplicar 3.400 (asistentes foráneos calculados) por una cifra estimada de gasto que, por no discutir, admitiría que entre comida, transportes, entrada y potes previos (como dice el BEC) puede alcanzar unos 150 euros (cifra tan sin fundamento como cualquier otra, aunque no llega a la osadía de contar dos veces el IVA, como hacen los analistas del BEC) o sea, unos 510.000 euros. De manera que el mencionado "impacto" neto sobre el PIB vasco quedaría en (510.000-"Z").

Bien, supongamos que "Z" es mayor que 510.000. En tal caso, desde el punto de vista económico, la contratación de Bruce Sprigsteen en los términos en que se llevó a cabo fue ruinosa. Imaginemos que, por el contrario, "Z" es menor que 510.000, es decir, que podemos detectar un efectivo incremento neto del PIB vasco como consecuencia del concierto. Ante ello, sólo cabe efectuar una objeción y una sugerencia. La objeción tiene que ver con un principio de igualdad en el acceso a los bienes públicos. En efecto, si en virtud de su impacto económico la Administración suministra bienes o servicios públicos gratuitos a alguna empresa sin sujeción a una normativa transparente previamente conocida, ¿cómo puede ser que no se otorgue una ayuda de similares características al resto de empresas clientes del BEC, desde la Feria de Máquina-Herramienta (de reconocido impacto sobre la economía vasca) hasta cualquier otra?

Y, para terminar, la sugerencia. Si el objetivo del BEC consiste en promover el incremento de la riqueza a través del uso de sus locales y se demuestra que el óptimo resultado se obtiene mediante su cesión gratuita, la consecuencia no puede ser otra que el establecimiento de una política de gratuidad generalizada. Pretender cobrar, siquiera los costes directos incurridos y la amortización, resultaría paradójicamente contrario a la economía vasca. ¡Y eso, nunca!

Rafael Iturriaga Nieva es miembro del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.