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OPINIÓN

Bombardeo sobre población

El sistema político ha de recuperar una neutralidad social que hace tiempo perdió

A España le cabe el honor de haber escrito, junto con otras páginas brillantes de la historia universal, el dudoso privilegio de haber realizado atrocidades como, por ejemplo, el primer bombardeo planificado de aviación, algo que tuvo lugar el 5 de noviembre de 1913, en la Guerra de Marruecos. Por cierto, que también fuimos innovadores en el uso de bombas químicas en la misma desdichada aventura colonial.

Asimismo, con ocasión de la Guerra Civil española, Durango fue la primera población indefensa bombardeada de Europa, aunque el más famoso ataque de este tipo, junto con los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki, es el que fue llevado a cabo por la aviación nazi, a las órdenes de Franco, el 26 de abril de 1937 sobre Gernika.

Dejando de lado la destrucción estratégica de vías de comunicación, fortificaciones, instalaciones o fábricas de armamento o material de guerra, el bombardeo aéreo, en términos generales, suele consistir en un ataque contra objetivos indefensos con el propósito de desmoralizar a la población civil y a las autoridades para conseguir la rendición del enemigo.

Como consecuencia de su falta de precisión, la destrucción provocada suele ser inmensa. Poco importa. Desde el inicial sonido de las sirenas, toda la acción está orientada a quebrar la resistencia moral de las víctimas. El bombardeo sobre población forma parte de lo que denominaríamos guerra psicológica. Una población lo suficientemente aterrorizada es una población derrotada de antemano.

Este tipo de estrategia, la del daño inmenso, impreciso e innecesario que se cierne de manera brutal sobre víctimas potenciales indefensas, no se limita al ámbito estrictamente militar, sino que puede ser empleada eficazmente para la desmoralización de cualquier colectivo en una situación de conflicto y muy singularmente en el conflicto político y social.

La amenaza eficiente de una ruina personal absoluta, que parte de la pérdida del empleo para seguir consecuentemente con la de la vivienda, el patrimonio individual y el sentido personal de la propia vida, en muchos casos, puede llevar (y de hecho, lleva) a las personas a aceptar todo tipo de recortes de sus derechos y de su bienestar y a aceptar robos manifiestos que serán, entonces, percibidos como un “mal menor”, cuando no como un “mal necesario”.

Resulta, en efecto, una estrategia particularmente cruel. El artículo 22 del Código Penal determina que el abuso de superioridad que debilite las posibilidades de defensa del ofendido constituye una circunstancia agravante. ¿Cómo podríamos denominar a lo que se está haciendo con la gente, sino como una estrategia alevosa y cruel de empobrecimiento colectivo?

Así, tras la dictadura de Franco, la población española instauró esperanzada un Estado de Derecho democrático. Era la ley, se suponía, el canon que habría de resolver los conflictos sociales. Nunca más la revolución ni el fascismo. ¡Nunca!

Ahora bien, para que el sistema democrático funcione es imprescindible que la ley sea razonablemente neutral e igual para todos. Tras un proceso electoral en el que todas las opciones pueden plantear sus postulados, el electorado escoge y eso es lo que se convierte en norma jurídica. Lo cierto, sin embargo, es que las cosas no son así. Los poderes extrapolíticos, los poderes económicos, los poderes corporativos, la Iglesia católica, en fin, ejercen su influencia sobre los legisladores para determinar a su favor normativas y decisiones de todo tipo.

A la ciudadanía, que no tiene más capacidad de influencia que la estrictamente electoral, una vez consultadas las urnas, no le queda sino atenerse a la legislación vigente, a los procedimientos y a las decisiones del Gobierno y de la Administración. Pero esa legislación vigente, como digo, no es igualitaria ni neutral. Todas las normas están hechas a satisfacción, imagen y semejanza de los intereses y de los privilegios de los poderosos. ¿Cómo puede exigirse, entonces, que la gente, que la ciudadanía, que los trabajadores, que los pobres en definitiva, busquen exclusivamente su amparo y su defensa en el Estado de Derecho?

Pongamos un sencillo ejemplo. El marco legal del crédito hipotecario en España es el que es y bajo ese marco legal firmaron sus hipotecas los hoy desahuciados, no hay mucho que discutir. Ante el impago del crédito, producido por la pérdida del puesto de trabajo, nos devanamos los sesos buscando fórmulas paliativas para los desahucios de hoy, pero ¿por qué no cambiar el marco legal para el futuro? La dación en pago, por ejemplo, no aparece como viable para muchas de las hipotecas firmadas antaño y que hoy se ejecutan, pero ¿por qué el legislador no modifica esta situación para el mañana? ¿Qué o quién lo impide?

Así, para la gente común, para las clases trabajadoras, la fuerza solo puede derivar de su unidad y de su movilización, de su resistencia y de su capacidad de hacer ver al poder, al capital o al poder político, que el sistema bajo el que vivimos y que respetamos, si es demasiado injusto, puede ser desbordado. Porque la legislación vigente necesita, además de ser legal, ser legítima y el sistema político ha de recuperar una neutralidad social que hace tiempo perdió irresponsablemente.

Se está bombardeando población indefensa. La crueldad social puede terminar saliendo muy cara.

Rafael Iturriaga es vocal de la Autoridad Vasca de la Competencia.