Un debate ordenado

Desde hace un tiempo la sociedad española siente la necesidad de un debate político amplio, de magnitud prácticamente constitucional. Buena parte de las instituciones nacidas en la transición están necesitando una “parada en boxes” de la que algunas podrían salir renovadas, otras puestas a punto y otras, en fin, camino del desguace.

Hoy no nos condicionan “ruidos de sables” ni amenazas terroristas. Nada, salvo el “bienestar de la República”, es sagrado. No hay un hipotético “destino en lo universal”.

Pero, para que puedan ofrecerse alternativas, el debate no puede ser caótico, sino ordenado y el orden del debate (la “agenda”) sólo se puede plantear desde el poder, sea un poder revolucionario o reformista. El pueblo puede sancionar una propuesta, pero su elaboración corresponde a unas élites políticas conscientes de su función.

Por ejemplo, podríamos considerar que la democracia se compone de cuatro movimientos básicos: representación, mandato, ejecución y control.

En cuanto a la representación… ¿Hasta qué punto nos parece satisfactoria la articulación entre el pueblo” y la mal llamada “clase política”?

Una vez elegidos los representantes, es necesario que las aspiraciones populares lleguen efectivamente a orientar la acción de los poderes públicos

Aquí se pone de manifiesto todo lo relativo a la legislación y prácticas electorales; la comunicación política; los partidos; la estructura de los parlamentos; la irrupción de otro tipo de actores políticos, etc.

Hay algo que no podemos pasar por alto: la estructura territorial en la que se manifiesta el poder. ¿Produce una suficiente representación o no?... ¿Qué clase de Estado queremos?

Ahora bien, una vez elegidos los representantes, es necesario que las aspiraciones populares lleguen efectivamente a orientar la acción de los poderes públicos.

Estamos hablando de las relaciones entre el Poder Representativo y el Poder Ejecutivo (desde el Gobierno central hasta los ayuntamientos).

¿Puede el poder representativo inferir mandatos al sistema institucional de manera eficaz, o se distorsionan por la intervención de agentes no representativos?

Pero, aún desde el Gobierno, todavía queda un largo camino (y no precisamente de rosas) para su materialización… ¿Cómo se consigue la ejecución efectiva de una agenda política?

Hay que pensar de forma racional y estructurada, no llevados por la histeria, las las manías o el sectarismo

Entramos en el proceloso mundo de la Administración, de la aplicación de medios de todas clases para llevar a cabo las políticas públicas.

¿Quién debe hacer las cosas?... ¿Cuánto de privado y cuánto de público?... ¿Cómo hacerlas?... ¿Cómo financiarlas?

Acaso sea en este “cómo hacer las cosas”, más que en relación a “qué cosas hacer”, donde se encuentre la verdadera trinchera política actual.

Por último (“last, but no least”), una vez que el Gobierno ha producido unas determinadas políticas públicas, tendremos que comprobar que se han llevado a cabo con “pleno sometimiento a la ley y al derecho” (Art. 103.1 de la Constitución) y que, además, se han hecho “las cosas que queríamos que se hicieran” y se han producido los efectos sociales que queríamos producir de una manera eficiente, sin derroche de recursos públicos.

Y, finalmente, que las desviaciones entre nuestros deseos y la realidad de los servicios públicos son adecuadamente conocidas (transparencia), evaluadas (accountability), sancionadas (responsabilidad) y corregidas (reingreso en la agenda).

En definitiva, que discutir, podemos discutir de todo y de cualquier manera, a golpe de catástrofe cotidiana, de demagogia aprovechada o de agravios imaginarios pero, si queremos discutir de una manera eficaz que pueda producir cambio político, lo primero que deberíamos hacer es ordenar el debate.

Pensar de una manera racional y estructurada, no llevados por la histeria, las manías o el mero sectarismo.