Los servicios públicos y su coste

El debate en torno a la intervención pública en la sociedad es un viejo debate. Aún reconociendo que casi todo puede ser objeto de tráfico mercantil y que cuando los gobiernos actúan no dejan de mirar de reojo sus efectos sobre las variables macroeconómicas, quiero referirme a un fenómeno harto sencillo y cotidiano: la prestación de servicios públicos

Cuando un alcalde, por ejemplo, se enfrenta a su exiguo presupuesto no está pensando en las cosas que le puedan pasar por la cabeza a mister Allan Greenspan, sino en cómo atender las demandas de sus vecinos. Frente al universo ilimitado de necesidades de una sociedad, nos preguntamos qué demandas deben ser satisfechas, por el Estado, en que medida y en que condiciones.

Piensa el autor, que cuando algún servicio es ofrecido gratuitamente, es decir sin precio, la ciudadanía lo percibe como algo sin valor

La intensidad de nuestra intervención en las prestaciones que hayamos decidido ofrecer, variará entre un máximo (servicio público gratuito) y un mínimo (subvención). El modelo de gestión podrá ser, a su vez, directo (administrativo) indirecto (a través de empresas u organismos delegados o subcontratados) o, finalmente, incluso privado. Así, por ejemplo, los servicios esenciales 'de garantía'' (aquellos que deben estar presentes y a disposición de la sociedad aunque nadie, afortunadamente, los precise), tales como bomberos, defensa, protección civil, urgencias sanitarias, etc., suelen ser ofrecidos directamente por las administraciones, mientras que otros más compatibles con una prestación alternativa en condiciones de mercado suelen subcontratarse.

La tendencia actual pasa por distinguir cada vez más entre garantía (financiación a cargo de las administraciones) y prestación a cargo de otros agentes colaboradores que optimicen la eficiencia del gasto, tales como empresas u ONGs. En cualquier caso, surge la cuestión de si la satisfacción de una necesidad pública cualquiera debe ser financiada por el propio usuario con el fin de cubrir una parte, siquiera mínima, de su coste.

Sucede, en efecto, que cuando algún servicio es ofrecido gratuitamente, es decir sin precio, la ciudadanía lo percibe como algo sin valor. Ello obedece sin duda a un problema cultural agravado por una falta de información al ciudadano-consumidor, por lo que resulta muy útil el efecto pedagógico derivado de la imposición de una tasa en la utilización de determinados servicios públicos. Para empezar, porque es necesario dar a conocer a los usuarios el coste real de los servicios que se prestan abandonando ese tabú que aún hoy parece que tiene la Administración a la hora de comunicarse con sus ... ¡clientes! (aunque para ello es evidente que la propia administración tendría que saberlo, cosa no tan frecuente como cabe suponer). En segundo lugar, creo que conviene hacer pagar al usuario una parte razonable de dicho coste como elemento disuasorio de un consumo irresponsable.

¿Qué parte? ¿A todos por igual? La intensidad y la forma de participación del usuario en el coste de los servicios públicos serán cuestiones a decidir en cada caso, en cada momento y en cada circunstancia. Son aspectos de oportunidad que no afectan esencialmente al modelo. Son, por así decirlo, cuestiones políticas para cuya decisión, además del efecto pedagógico, deberían considerarse otras variables como, por ejemplo, el coste efectivo del servicio, pero tomando la cuantía como un valor inverso.

Es decir, una vez adoptada la decisión de hacer participar al usuario en la financiación del servicio, el porcentaje de participación se reducirá hasta lo simbólico cuando nos encontremos con servicios de una enorme cuantía (servicios de garantía), mientras podría aumentar hasta la total financiación en casos más asequibles. En cuanto a la generalidad o individualización de la tasa también encontramos distintos parámetros a valorar, como la influencia de la tasa sobre el nivel de rentas de usuario. Se entiende que la individualización será más conveniente tanto en cuanto la renta disponible del ciudadano pueda verse más afectada por la tasa en cuestión. Así, no será razonable hacerlo con las tasas postales (irrelevantes), pero tal vez si sea conveniente con respecto a las académicas o sanitarias, etc. Asimismo convendría valorar la mayor o menor facilidad práctica de individualización.

La individualización de la tasa solo tiene sentido si la identificación de las condiciones subjetivas relevantes del usuario es posible y sencilla. Si resulta más complicado o más costoso intentarlo que lo que finalmente se pueda cobrar, será preferible el uso de una tasa generalizada.

En cualquier caso, lo que quiero poner de manifiesto es que el proceso psicológico del gestor público pasa por desmenuzar, también en estos aspectos, la decisión política de gasto en una multiplicidad de decisiones parciales y analizar cada una de ellas bajo la luz de unos concretos objetivos políticos, lo que implica, claro está, tenerlos. He ahí la cuestión.

Rafael Iturriaga Nieva es presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.