El conflicto de Irak
VIVIR Y MORIR EN BAGDAD
Saad Eskander dirige la Biblioteca Nacional de Irak, en Bagdad, pero no siempre está ocupado en ordenar archivos y catalogar documentos. Este kurdo-chií, dedica buena parte del tiempo a esquivar las explosiones que asolan a diario la capital iraquí y a evitar que le secuestren, mientras lleva a cabo misiones burocráticas ajenas a su cargo, como paliar los cortes de luz o asegurarse una hora de conexión a Internet.
El plan de seguridad en Bagdad, puesto en marcha hace dos semanas por el Gobierno de Nuri al Maliki y aplicado por las fuerzas militares de EE UU e Irak, empieza a dar sus frutos: el número de civiles muertos en febrero ha descendido un 8%.
J. M. MARTÍ FONT | París
Los socialistas denuncian el robo del ordenador de la principal asesora de Ségolène Royal
Javier Solana, alto responsable para la política exterior y de seguridad de la UE, defendió ayer la autonomía de los países para suscribir acuerdos con Washington, como el pactado por Polonia y la República Checa, para instalar un sistema antimisiles en su territorio.
PILAR BONET | Moscú
El Parlamento estudia que las petroleras puedan crear grupos armados para vigilar sus oleoductos y gasoductos
Con la mirada puesta en las elecciones presidenciales del próximo otoño y con duras críticas a anteriores Gobiernos, al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la prensa, el presidente argentino, Néstor Kirchner, se dirigió ayer al Congreso en el que supone su último discurso ante la institución antes de los comicios.
Un religioso iraní negó hace unas semanas que la tumba del asesino de Omar, el segundo califa del islam suní, se halle en Irán.
GLORIA TORRIJOS | Tokio
El primer ministro revoluciona la política de Japón al otorgar a su esposa el papel de primera dama al estilo occidental
El Gobierno chino va a reformar el sistema de detención administrativa conocido como reeducación por el trabajo, según anunció ayer la prensa oficial. Adoptado en 1957 -ocho años después del ascenso al poder de Mao Zedong-, permite a la policía encarcelar hasta cuatro años a personas sospechosas de delitos menores sin necesidad de pasar por un juez.
