LA SITUACIÓN EN EL PAÍS VASCO
La Ejecutiva Nacional de EA desafió ayer al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, con la convocatoria de una concentración en la localidad vizcaína de Gernika bajo el lema 'En defensa de las libertades-Askatasunaren alde'. La ejecutiva de EA equipara a ETA y a las 'instituciones del Estado' porque 'coartan la libre expresión' de los vascos, y aunque no cita en ningún momento a Batasuna, denuncia el impulso que desde Madrid se está dando 'al recorte de libertades básicas'.
Los Parlamentos del País Vasco y de Navarra han pagado a Batasuna 104.038 euros correspondientes a las subvenciones de sus grupos parlamentario de julio y agosto, pese al embargo de sus cuentas dictado por el juez Baltasar Garzón el pasado 11 de julio.
LOS PROBLEMAS DE LOS INMIGRANTES
El edificio de la antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura será convertido en un gran centro de detención de inmigrantes indocumentados. El Gobierno estudia habilitar el viejo vestíbulo de salidas de vuelos, en desuso, para proporcionar más espacio a los africanos que se hacinan en los 1.500 metros cuadrados de la sala de llegadas.
Ignacio González, delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, visitó ayer Fuerteventura, el punto más caliente de la inmigración irregular en España, y declaró: 'El Gobierno intentará expulsar a todos los inmigrantes que pueda'.
ESPERANZA PELÁEZ | Ceuta
El posible cierre del paso a Marruecos por Benzú pone en riesgo el matuteo, un negocio de 600 millones al año
El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha aceptado las sugerencias de su equipo económico de presentar en el Congreso un texto alternativo a la reforma del desempleo, lo que también hará IU.
El nuevo convenio de Defensa con EE UU, que el Gobierno ha remitido al Congreso para su ratificación, flexibiliza y simplifica las condiciones para sobrevuelos y escalas de aviones militares estadounidenses en España.
La primera entrevista entre el nuevo ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, con el presidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, sirvió para que éste recordara al Gobierno la extensa lista de traspasos de competencias que reclama para completar la aplicación del Estatuto de Autonomía y, por lo tanto, del modelo constitucional.
