Los aviones militares de EE UU podrán usar cualquier aeropuerto si lo piden 48 horas antes

El nuevo convenio de Defensa con EE UU, que el Gobierno ha remitido al Congreso para su ratificación, flexibiliza y simplifica las condiciones para sobrevuelos y escalas de aviones militares estadounidenses en España. Desaparece, por ejemplo, el requisito de comunicar con siete días hábiles de antelación los vuelos programados y en su lugar se establecen permisos genéricos de tres meses de vigencia para los vuelos logísticos. Los demás aviones podrán sobrevolar y hacer escalas en las bases de Rota y Morón, así como en cualquier otro aeropuerto español, civil o militar, si piden permiso 48 horas antes.

El nuevo convenio divide los vuelos militares norteamericanos en tres categorías. La primera la forman los aviones desplegados en España que, como hasta ahora, podrán entrar y salir del espacio aéreo, y utilizar las bases sin más requisitos que el cumplimiento de la reglamentación de circulación aérea. Luego están los vuelos de apoyo logístico, que gozarán de unos nuevos permisos de carácter genérico y duración trimestral para sobrevolar y hacer escala en Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), siempre 'que no transporten personalidades, mercancías peligrosas, ni pasajeros o carga que pudieran ser controvertidos para España'. Por último, los demás aviones de la Fuerza Aérea de EE UU, cuyos sobrevuelos y escalas en las bases conjuntas, 'así como [en] cualquier otra base, aeródromo o aeropuerto español', podrán ser autorizadas si lo piden 'con una antelación de 48 horas'.

Este nuevo régimen se justifica por parte española en base a la necesidad de 'agilizar' y 'simplificar' los procedimientos para conceder autorizaciones, eliminando burocracia. La extensión de las autorizaciones a cualquier aeródromo o aeropuerto español, y no sólo a las bases de Rota y Morón, ya se concedió con motivo de la guerra de Afganistán, aunque no llegó a utilizarse. Como contrapartida, España tendrá permisos anuales para sus aviones militares que vayan a EE UU, obviamente muchos menos.

Sin preguntas

El texto agrega que, 'salvo en caso de autorización expresa de las autoridades españolas, no se realizarán vuelos en condiciones VFR (Reglas de Vuelo Visual) o que puedan representar riesgo especial para la población'. El régimen de escalas de barcos estadounidenses en puertos españoles no se modifica, aunque se amplía la autorización a los buques de la Guardia Costera de EE UU que, al parecer, tienen intención de operar muy lejos de las costas de su país.

Se mantiene el compromiso español de no preguntar el tipo de armas que llevan los barcos de EE UU, así como el compromiso estadounidense de no instalar, almacenar o introducir armas nucleares o no convencionales sin autorización del Gobierno español. Mediante un nota de 1988, aún vigente, Washington se da por enterado de la política española de que no sobrevuelen su territorio aeronaves con armas o material nuclear a bordo.

El nuevo convenio, firmado el pasado 10 de abril en Madrid por el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, y el entonces ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, es en realidad una enmienda al tratado de 1988, aunque de gran calado, pues consta de 54 artículos, cuatro disposiciones y dos notas verbales. Se mantiene, sin embargo, lo que constituye el eje central del acuerdo: la necesidad de que cualquier uso de las bases que vaya más allá del 'ámbito bilateral o multilateral', en el marco de la OTAN, sea autorizado previamente por el Gobierno español. Un hipotético ataque de EE UU contra Irak, sobre el que se especula estos días, entraría de lleno en este supuesto.

No obstante, en la línea de mayor flexibilidad que ha llevado a simplificar el régimen de autorizaciones para aviones militares, el nuevo convenio prevé la posibilidad de que se creen nuevas instalaciones de apoyo de las Fuerzas Armadas de EE UU sin modificarlo, mediante un mero acuerdo del comité permanente bilateral, lo que abre la puerta a la ampliación de las capacidades de Rota que pretende el Pentágono.

El texto definitivo no arroja luz sobre el punto más polémico cuando se firmó: la posibilidad de que actúen en España los servicios de investigación criminal de la Marina y el Ejército del Aire de EE UU, pues se limita a señalar que 'las autoridades compatentes de ambos países deberán establecer las normas reguladoras' de su actuación.

En plena polémica sobre el rechazo de Washington a la Corte Penal Internacional, el convenio mantiene un fuero especial para los militares norteamericanos, que no ingresarán en la cárcel cuando un juez español dicte prisión preventiva contra ellos, sino que quedarán bajo custodia de las autoridades de su país.

Esta claúsula, que el nuevo convenio amplía a los miliares estadounidenses destinados los cuarteles de la OTAN en Retamares (Madrid) o Valencia, no se aplica sin embargo a los militares españoles destinados en EE UU.