Interior ampliará la terminal de Fuerteventura ante el hacinamiento que sufren los inmigrantes

El edificio de la antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura será convertido en un gran centro de detención de inmigrantes indocumentados. El Gobierno estudia habilitar el viejo vestíbulo de salidas de vuelos, en desuso, para proporcionar más espacio a los africanos que se hacinan en los 1.500 metros cuadrados de la sala de llegadas. Ésta es una de las medidas que contempla el delegado para la Extranjería, Ignacio González, para aliviar el colapso que sufren los centros de internamiento de la isla. El número de internos en las instalaciones asciende a 635, y las previsiones apuntan a que continuará creciendo en los próximos meses.

'Esto hay que mejorarlo, y mucho', declaró González tras recorrer la terminal. Su diagnóstico contrasta con el que realizó hace sólo unos meses su antecesor en el cargo, Enrique Fernández-Miranda, quien calificó de 'óptimas' las instalaciones.

La vieja terminal del aeropuerto de Fuerteventura fue habilitada en 1999 como 'una solución provisional', en palabras del delegado del Gobierno en el archipiélago, Antonio López, para encerrar a los inmigrantes que llegaban a la isla en pateras.

Sus condiciones fueron denunciadas por organismos defensores de los derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y por el Defensor del Pueblo cuando albergaba a 200 inmigrantes menos que ahora. La adjunta primera del Defensor del Pueblo, María Teresa Cava de Llano, visitó personalmente las instalaciones y denunció las graves deficiencias higiénico sanitarias del centro.

Sólo hay cinco retretes y seis duchas. La mayoría de los internos duermen en viejos colchones esparcidos por el suelo y son alimentados por el catering del aeropuerto, que reparten y recogen ellos mismos.

El estatuto legal de este centro de detención es desconocido. Sus características no se corresponden con las de un Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI), porque no es de régimen abierto. Pero tampoco cumple las normas de un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE). En uno o en otro, los internos gozarían al menos de unos derechos claramente establecidos. En el pasado, el Ministerio del Interior explicó que se trataba de una extensión de los calabozos de la comisaría de Puerto del Rosario, la capital de la isla. Gerardo Mesa, responsable de Cruz Roja, lo calificó como 'desván para guardar los trastos'. Las visitas están prohibidas: la policía ha vetado la entrada incluso a la comisión de Inmigración del Parlamento de Canarias y a los responsables del cabildo de Fuerteventura.

La vieja terminal del aeropuerto, que se halla situada al borde de las pistas y sólo está custodiada por dos policías, es propiedad de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Los responsables de este organismo han reclamado en varias ocasiones su devolución para acometer importantes obras de ampliación en el aeródromo, cuyo coste ha sido calculado en 30.000 millones de pesetas. Sin embargo, fuentes aeroportuarias dicen ahora estar dispuestas a aplazarlas y comenzar la remodelación por el extremo norte del complejo, lejos de los inmigrantes detenidos.

La terminal de salidas es una sala gemela y vecina a la de entrada, en la que se hacinan actualmente los extranjeros. Cuenta con una claraboya por la que penetra una luz difusa y carece de ventilación. En la actualidad es utilizada como almacén, y también para aislar temporalmente a algunos extranjeros y para albergar locales sindicales.

Prudente satisfacción

El Gobierno autonómico ha recibido con prudente satisfacción los planes del delegado para la Extranjería. El consejero de Empleo y Asuntos Sociales, Marcial Morales, se refirió a 'un cambio de estilo y de ritmo' en la actitud del Estado respecto a los problemas que genera la inmigración irregular en las islas. Durante una conferencia de prensa en la que comparecieron ambos, Ignacio González anunció la intención de aportar este año al Ejecutivo canario una considerable cantidad de dinero 'para distintos convenios de tipo social relacionados con la inmigración'.

También destacó un aumento del 54% en las subvenciones anuales que se conceden para estos fines a ONG que operan en las islas. González afirmó también que el Estado invertirá este año 6,6 millones de euros para implantar en las islas el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), y anunció otros cuatro millones de euros para los próximos tres años.

El delegado del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería destacó que el Servicio de Vigilancia no sólo permitirá reforzar la seguridad en las costas de las islas Canarias sino que salvará muchas vidas humanas, como ocurre en el Estrecho.