CiU presentará una enmienda al 'decretazo' para que sea el Estado el que pague los salarios de tramitación

Ni con el Gobierno, ni con los sindicatos. En la tramitación como proyecto de ley de la reforma del desempleo, el llamado decretazo, que se retomará la próxima semana, Convergencia i Unió optará por la vía del medio en lo que a salarios de tramitación se refiere. Al igual que el Gobierno, la coalición no quiere que sean los empresarios los que paguen al trabajador su salario entre el despido y la resolución judicial sobre la procedencia o improcedencia de éste. 'No es justo hacer cargar a la empresa con el mal funcionamiento de la justicia', afirmó ayer Carles Campuzano, portavoz de CiU en la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso. Sin embargo, en coincidencia con los sindicatos, CiU tampoco cree que se deba privar de este derecho a aquellos trabajadores que, debido a su falta de antigüedad, verían muy mermada su indemnización por despido.

Por ello, la coalición nacionalista baraja varias posibilidades para enmendar en este punto el texto del decretazo. Una de ellas es que sea el Estado, a través del Fondo de Garantía Salarial, el que pague estos salarios mientras dure el conflicto entre trabajador y empresario. La segunda opción sería la de dar de alta en el Inem al trabajador despedido mientras dure el contencioso, haya o no cotizado lo suficiente para acceder a la prestación por desempleo. En todo caso, según Campuzano, ambas medidas deben acompañarse de la reducción al máximo de los plazos en el trámite de conciliación y en el procedimiento laboral para alcanzar la resolución del conflicto lo antes posible.

CiU también discrepa del Gobierno en dos de los puntos más polémicos del decreto. Como los sindicatos, la coalición está en contra de que los fijos discontinuos dejen de cobrar el paro durante sus meses de inactividad. Respecto a la obligación del desempleado de aceptar la oferta de empleo propuesta por el Inem, CiU exige que ésta se elija atendiendo a la situación personal del parado y al tipo de contrato ofrecido (fijo o temporal). Los nacionalistas cuantifican en 600 euros por desempleado el incremento de recursos que tanto el Inem como los servicios de empleo autonómicos deben recibir para poder cumplir con la función de intermediador de ofertas de empleo.