El Consejo de Ministros nombró ayer al general Carlos Sáenz de Santamaría, inspector general de la Policía Nacional, como delegado especial del Gobierno en el País Vasco, con todas las atribuciones del Gobierno en materia de orden público, y acordó enviar el Grupo Especial de Operaciones (GEO), de la Policía Nacional, y la Unidad Antiterrorista Rural (UAR), de la Guardia Civil. Esta ha sido la principal respuesta del Gobierno al asesinato de seis guardias civiles, víctimas de una emboscada en Lequeitio (Vizcaya), en la que murió también uno de los terroristas. La mayoría de las fuerzas políticas condenaron el atentado, atribuido a ETA militar.
El Gobierno español rompió ayer relaciones diplomáticas con Guatemala y condenó a las autoridades de este país centroamericano, a las que responsabilizó del asalto y posterior incendio de nuestra embajada en la capital guatemalteca, hechos que produjeron el jueves la muerte de 39 personas, entre ellas dos españoles. La respuesta fulminante del Gabinete español se produjo después de dos reuniones del Gobierno, y fue comunicada oficialmente a las siete de la tarde al embajador de Guatemala en Madrid, Ernesto Paz Novales, por el Ministerio de Asuntos Exteriores. El diplomático guatemalteco dispondrá de un plazo prudencial para abandonar nuestro país. A partir de ahora, Venezuela se encargará de defender los intereses españoles en Guatemala.Mientras tanto, la versión oficial de las autoridades guatemaltecas responsabiliza de la «masacre terrorista» a «facciones clandestinas extremistas», y afirma que nuestro embajador en Guatemala, Máximo Cajal, único superviviente de los trágicos sucesos, llamó a la policía solicitando auxilio inmediato. En todo momento, las autoridades españolas pidieron la no intervención policial. La versión española de los hechos fue ratificada por las imágenes ofrecidas por la televisión guatemalteca.
El Gobierno acordó ayer remitir al Congreso de los Diputados, según fuentes gubernamentales, la auditoría realizada en Radiotelevisión Española por la Intervención General del Estado, contenida en un informe entregado al ministro de Hacienda en junio del pasado año y del que EL PAÍS publicó un amplio resumen, en una serie de siete capítulos, entre el 20 y el 27 de enero.El PSOE ya tenía solicitada con anterioridad a la publicación del informe su remisión al Parlamento, que reiteró la semana pasada, y el PCE pidió el pasado 24 de enero, entre otras cosas, que el Gobierrib enviara al Congreso, en el plazo de quince días, el texto completo de la auditoría de Hacienda, a la que, desde el jueves último, contesta el director general de RTVE a través de las páginas de EL PAÍS.
Miguel Ángel Aguilar, director de Diario 16, ha sido procesado por el Juzgado Militar Permanente número 6 de Madrid, en relación con la información publicada en dicho periódico el pasado día 25 de enero y en la que se hacía alusión a una supuesta intentona militar abortada. Miguel Ángel Aguilar, al que se le ha declarado en libertad provisional, se negó a revelar los nombres de los autores y las fuentes de la información en cuestión y asumió las responsabilidades. Este procesamiento por la jurisdicción militar ha provocado una cadena de protestas en medios periodísticos españoles e internacionales. Las secciones internacional y española del Instituto Internacional de Prensa (IPI) han enviado con este motivo telegramas al presidente Suárez, ministro de Defensa y secretario de Estado para la Información exigiendo la remisión del proceso a los tribunales ordinarios, de acuerdo con la Constitución española.
EL PAÍS publica en páginas interiores el texto del pro.Vecto de ley de reforma del Código Civil en materia de matrimonio y causas de disolución del mismo, popularmente conocido como proyecto de ley de divorcio. Dicho texto legal, que contiene setenta artículos, una disposición transitoria, dos disposiciones adicionales y una derogatoria, tiene fecha del 15 de enero pasado y fue aprobado por el Consejo de Ministros el día 25 de este mismo mes.
