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La crisis hispano-guatemalteca

España rompe sus relaciones diplomáticas con Guatemala

El Gobierno español decidió ayer, en Consejo de Ministros, la ruptura de relaciones diplomáticas con Guatemala y condenar públicamente la conducta seguida por las autoridades de esta república centroamericana, en la que Venezuela representará, desde ahora, los intereses españoles. El Gobierno ha exigido también a los primeros responsables guatemaltecos una explicación formal de los hechos que han costado la vida a 39 personas, víctimas del asalto de la policía contra la embajada de nuestro país, que había sido ocupada a primeras horas de la tarde por un grupo de campesinos de la zona de Quiché.

La decisión del Gobierno, que ha recibido el apoyo y simpatía de numerosos países y de las fuerzas políticas españolas, es la más enérgica que puede ser utilizada en las relaciones internacionales y supone el abrir un paréntesis importante en las relaciones exteriores globales que España mantenía, de manera especial, con todos los países de Latinoamérica, en el marco de su política en la zona.Más concretamente, estos hechos resquebrajan la acción diplomática de España en Centroamérica, área de múltiples tensiones en los momentos actuales, donde el Gobierno de Madrid intentaba desempeñar un papel de mediador y pacificador en favor de la construcción de regímenes democráticos.

Precedentes diplomáticos

Como precedentes inmediatos de esta decisión está la llamada a consulta del embajador de España en Argel, en 1978, y la retirada del embajador en Lisboa, en 1975, con motivo del incendio de la embajada hispana en la capital lusitana. España rompió sus relaciones con el Gobierno de Taiwan después de reconocer a la República Popular China a principios de los años setenta. Posteriormente retiró su embajador en la República Democrática Alemana con motivo de las ejecuciones de cinco militantes de ETA y FRAP en el otoño de 1975, y ante la decisión de este país de retirar su representante diplomático iniciativa esta que fue seguida por numerosos países de Europa occidental de manera unilateral. También se retiró el embajador en Guinea Ecuatorial durante la época de Macías.

Estas reacciones diplomáticas en casos violentos o de tensión se apoyan jurídicamente en el artículo número 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de abril de 1961, en el que se declaran inviolables las embajadas y residencias diplomáticas y en el que se conmina a los distintos Gobiernos a garantizar la seguridad de bienes y personas acogidos al status diplomático.

En lo. que a las relaciones hispano-guatemaltecas se refiere, se sabe que habían sido buenas, o «normales», en los últimos años. El rey don Juan Carlos visitó este país en septiembre de 1977. Con anterioridad a este desplazamiento se habían firmado a lo largo de los años sesenta y setenta múltiples acuerdos comerciales y culturales y se acordó el principio de la doble nacionalidad.

Desde 1971, fecha en la que el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Gregorio López Bravo, visitó este país, hasta ahora han sido numerosos los viajes de altos representantes de uno y otro Estado. En 1974, el entonces presidente de este país, Laugerud García, vino a Madrid en viaje privado. En abril de 1978, el ex ministro de Asuntos Exteriores Adolfo Molina, una de las víctimas del asalto a la embajada, visitó España.

Se desconoce por el momento cuál era el nivel de seguridad de la embajada de España en Guatemala. Al parecer, no contaba con sistemas especiales ni con personal encargado de la vigilancia y de la seguridad interna del edificio, como ocurre, con mayor o menor intensidad, en otras cancillerías españolas.

La izquierda pide debate parlamentario

La mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria han condenado públicamente el asalto de la embajada de España en Guatemala. Socialistas y comunistas han pedido que este tema sea incluido con urgencia en los debates parlamentarios. Felipe González y Miguel Angel Martínez han presentado una pregunta al Gobierno pidiendo explicación Por los hechos ocurridos, criticando las relaciones del Gobierno español con las autoridades de Guatemala, a las que acusan de permanentes violaciones de los derechos humanos, y exigiendo que el Gobierno tome y explique las medidas oportunas.

Por su parte, el Grupo parlamentario Comunista ha exigido una reunión urgente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de los Diputados y la comparecencia ante la misma del ministro Marcelino Oreja.

Por su parte, el partido gubernamental hizo público un comunicado en el que condena el asalto a la embajada, se apoya la decisión del Gobierno de romper las relaciones diplomáticas con Guatemala y recuerda la declaración de UCD en favor de la instauración de regímenes democráticos en América Latina y contraria a las explosiones revolucionarias que puedan degenerar en regímenes totalitarios.

El diputado de UCD y ex presidente del Congreso Fernando Alvarez de Miranda, hizo, por su parte, una dura declaración condenando estos hechos. Alvarez de Miranda presidió en agosto pasado una delegación de Amnistía Internacional, que criticó la violación de los derechos humanos en Guatemala.

Por otra parte, el portavoz del Gobierno español, señor Meliá, declaró tras el Consejo de Ministros que Marcelino Oreja repitió varias veces a su homólogo guatemalteco que no se debía intervenir en nuestra embajada, llegándole a advertir que la reacción española en tal caso seria muy dura. Respecto al futuro de Máximo Cajal, «el Gobierno español», dijo, «tiene tomadas las medidas necesarias para repatriar al embajador en caso necesario o a cualquier español que quiera regresar a España». La Administración española rechaza asimismo cualquier responsabilidad del señor Cajal en los acontecimientos.

Washington deplora el sangriento asalto

Acto insensato y de barbarie», «Deplorable», «Estamos fuertemente conmovidos», son las expresiones utilizadas en medios oficiales del Gobierno de Estados Unidos, de la Organización de Estados Americanos y del secretariado general de las Naciones Unidas, en comentario al trágico asalto por la policía a la embajada de España en Guatemala, informa Ramón Vilaró desde Nueva York.

En dicha ciudad, un portavoz del secretario general de la ONU, Kurt Waldheim, declaró que el acto «ha producido un fuerte shock». Agregó que «es el trágico ejemplo de lo que puede resultar de la toma de rehenes en las embajadas. También en Nueva York, el embajador de España acreditado ante las Naciones Unidas, Jaime de Piniés, entregó al secretario general, Kurt Waldheim, el texto de las medidas dispuestas por el Gobierno en relación con el Gobierno de Guatemala.

El secretario de Estado norteamericano, Cyrus Vance, envió también un telegrama al Gobierno español, en el que destaca el calificativo de «acto insensato y de barbarie».

El ministro de Asuntos Exteriores venezolano, José Alberto Zambrano, ha iniciado consultas con sus colegas del Pacto Andino para fijar una posición común frente a los sucesos ocurridos ayer en la capital guatemalteca.

Lo ocurrido en la sede diplomática española produjo una avalancha de información en Venezuela, donde la prensa reseña en grandes titulares los acontecimientos guatemaltecos. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Orfila, expresó ayer su «gran preocupación y grave pesar» por lo ocurrido en la embajada de España en Guatemala.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 2 de febrero de 1980

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