El patíbulo de la violencia

LA ESCALADA de violencia en el País Vasco ha alcanzado una nueva cota con el brutal atentado que ayer ha producido el asesinato de seis guardias civiles, que escoltaban un camión con armamento, en las cercanías de Lequeitio. A la monstruosa violación del derecho humano básico -el derecho a la vida- y a la degradación moral de esa salvaje carnicería, que pretende inútilmente encubrirse con disfraces políticos, se une el absurdo y el sin sentido de tanta muerte, tanto dolor y tanta desolación en vísperas de las primeras elecciones para el Parlamento vasco, pieza básica del Estatuto de Autonomía.Las condenas del PNV de la violencia, en general, y de la violencia de ETA, en particular, son ahora tan abundantes y claras que queda lejos su antigua «ambigüedad» en este terreno. Y el rechazo de los nacionalistas vascos de las operaciones de guerra sucia, criminal y contraproducentemente puestas en práctica por grupos de ultraderecha a uno y otro lado de los Pirineos no sólo no invalida su condena de los asesinatos de ETA, sino que la legitima moral, política e históricamente.

Las propuestas de los socialistas y comunistas vascos -tan vascos como los nacionalistas y como los hombres y mujeres que viven y trabajan en Euskadi, a los que representan- de formar un frente democrático contra el terrorismo no hacen sino prolongar la firme actitud mantenida por unos y otros, desde el arranque de la transición, contra los sangrientos atentados dirigidos a desestabilizar las instituciones democráticas en toda España y a obstruir el camino hacia la autonomía en el País Vasco. El artículo de Txiqui Benegas publicado en EL PAÍS hace pocos días exponía bien a las claras las raíces teóricas y las concepciones políticas de esa valiente posición contra la violencia.

Por lo demás, si bien es cierto que el desenganche de Euskadiko Ezkerra de ETA político-militar no escapa a malentendidos y no puede considerarse todavía como irreversible, la perspectiva de que ese descabalgamiento de la violencia sea inequívoco y definitivo debería ser propiciada por todos quienes apuestan en favor de la democracia y de la paz en el País Vasco. El terrorismo sólo podrá ser erradicado policialmente cuando sea un problema exclusivamente policial, pero seguirá siendo irreductible a ese tratamiento mientras pueda enlazar, por las vías y con las consignas que fueren, con sectores de la población que lo respalden, se declaren neutrales o simplemente no lo combatan.

Por esa razón, mientras que la cuestión básica en el terreno de la seguridad ciudadana y de la protección del orden público continúa siendo la eficacia de los servicios de información y de los dispositivos policiacos preventivos, dentro del marco constitucional y de la legalidad vigente, existen también problemas de orden político de cuya solución depende la paz en Euskadi. Deseamos que la decisión del Gobierno de designar un delegado para el orden público en el País Vasco haya tomado en consideración esas dos caras del conflicto. Que ese nuevo cargo sirva para encontrar la difícil conjunción entre la lucha policial contra el terrorismo y la pérdida de bases políticas de los terroristas.

Importa, de una parte, que las instituciones de autogobierno diseñadas en el Estatuto de Guernica, en especial las encargadas de velar por ciertas áreas del orden público, sean puestas en vigor de acuerdo con el espíritu de las negociaciones del palacio de la Moncloa durante el pasado verano y a la mayor brevedad posible. Pero de parecida o igual trascendencia es esta cuestión clave en el momento presente: ¿cuándo alcanzará el cansancio ante la sangre derramada, los crímenes, la violencia, el sufrimiento y el dolor a las decenas de miles de votantes que apoyaron la opción de Herri Batasuna -tapadera de ETA militar- en marzo y abril de 1979?

El análisis de esta coalición radical abertzale, que respalda o disculpa el terrorismo de ETA militar, presenta toda la complejidad de los movimientos populistas, fenómeno con el que vienen estrellándose los intentos de explicación racional de historiadores o sociólogos a lo largo de las últimas décadas, y que ofrece específicas dificultades en el caso vasco. Seguramente la ruptura de los hábitos mentales y de comportamiento de una sociedad agraria y tradicional por obra de una industrialización acelerada, un proceso intensivo de modernización y drásticas alteraciones demográficas, como consecuencia de inmigraciones masivas, guarda alguna relación con esa insólita agregación de mentalidades reaccionarias, integristas y próximas al racismo con actitudes revolucionarias tercermundistas que se transparenta en Herri Batasuna. Viejos jauntxos, como Telesforo Monzón, coexisten en é»sa extraña coalición con líderes de vocación marxista-leninista, como Francisco Letamendía, o sacerdotes obreros, émulos de Camilo Torres, como Pedro Solabarría, y obtienen votos tanto de la burguesía y pequeña burguesía, herederos del carlismo y del independentismo intransigente, como de algunos sectores de la clase obrera de reciente inmigración.

La bucólica idealización del pasado vasco, por un lado, y la falsificación paradisiaca de los países del llamado «socialismo real», por otro, convergen en esa impía alianza que reivindica lo mismo a los ejércitos carlistas que al Vietcong, al general Zumalacárregui que al general Giap, al nacionalismo aldeano que al internacionalismo planetario, al monolingüismo euskaldún que al dialecto ideológico del marxismo-leninismo. A la acelerada secularización de una sociedad profundamente religiosa, al legado semirracista del fundamentalismo bizcaitarra y a la aversión hacia las luces y el liberalismo del ideario contrarrevolucionario carlista se unen ahora las inquietudes revolucionarias creadas por la crisis económica y el paro obrero y juvenil en la población inmigrada. El insólito y preocupante resultado es la tendencia a que los agravios reales de una parte del pueblo vasco se perpetúen rígidamente en agresivas reivindicaciones imposibles de satisfacer.

El Estatuto de Guernica ha abierto una amplia senda para el enderezamiento de antiguas injusticias y para el establecimiento, de auténticas instituciones de autogobierno. Nadie puede predecir si los terroristas detendrán algún día su carrera criminal, sometidos a la lógica cruel e implacable de los grupos que sólo saben ya matar. Más difícil resulta, en cambio, creer que la adhesión de los votantes de Herri Batasuna a su causa, pese a las sinrazones que impulsan a los movimientos populistas en su apoyo a la violencia, no terminará, antes o después, por debilitarse y extinguirse. En cualquier caso, sólo entonces podremos hablar de la violencia en Euskadi como de una lejana, superada e irrepetible pesadilla. Mientras tanto, los cuerpos acribillados de seis guardias civiles son el testimonio fiel de la flagrante condición de criminales comunes que integran a la siniestra ETA.