Los médicos de familia reclaman un impuesto estatal a las bebidas azucaradas

Los médicos de familia se han conjurado para defender y extender a todo el territorio español el impuesto catalán a las bebidas azucaradas, cuyo reglamento fue anulado recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Es una cuestión de salud, de lucha contra la obesidad y de prevención de enfermedades cardiovasculares, justifica la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc). La organización científica, que lamenta la suspensión de la tasa catalana, estima que un impuesto del 20% podría lograr una reducción efectiva de calorías en la dieta del 4,7%, lo que significaría una reducción anual media del peso corporal de 725 gramos. El Ministerio de Sanidad señala que esta propuesta no está en la agenda del Gobierno.

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Con una epidemia de obesidad al alza —casi se han triplicado los casos desde 1975, según la Organización Mundial de la Salud (OMS)— y un escenario futuro poco favorable (ocho de cada 10 hombres y el 55% de las mujeres tendrán sobrepeso u obesidad en 2030, según un estudio), la comunidad científica ha sacado la artillería para combatir esta amenaza de salud pública. En su caso, la Semfyc ha cerrado filas en favor de un impuesto a las bebidas azucaradas como el catalán en toda España. La organización científica recuerda que, si bien la OMS recomienda que el consumo de azúcar no debe exceder el 10% de todas las calorías que debemos ingerir al día —es decir, 25 gramos, unas cinco cucharillas al día—, una sola lata de cola ya tiene 35 gramos de azúcar (siete cucharillas). "Dos latas de refresco dobla el riesgo de diabetes o de síndrome metabólico [los pacientes padecen, a la vez, obesidad, diabetes, hipertensión e hipercolesterolemia]. Y eso es todo a consecuencia del exceso de azúcar", ejemplifica el doctor Rodrigo Córdoba, coordinador del Grupo de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud de la Semfyc.

Los médicos de familia llevan tiempo detrás de una tasa al azúcar por motivos de salud. De hecho, en un documento de trabajo de 2016, la organización científica ya avanzaba en estos términos. “Proponemos gravar a todas las bebidas que contengan más de 80 gramos por litro con un impuesto mínimo de 36 céntimos por litro. Las bebidas con concentración de azucares entre 50 y 80 tendrían un impuesto de 25 céntimos por litro”. Según sus estimaciones, un impuesto medio de 30 céntimos por litro podría recaudar 860 millones de euros asumiendo un descenso de ventas del 10%.

"Hay que estudiar bien cómo hacerlo porque un incremento muy pequeño del precio puede no tener impacto. Lo ideal es que el impuesto sea del 20% sobre el precio final", explica Córdoba. El presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, Francisco Tinahones, aboga por combinar estrategias. “Hay que estimular la reducción del consumo y probar estrategias impositivas. Pero también hay que buscar el compromiso de la industria para que reduzca el contenido de azúcar”, señala.

Cataluña impulsó en 2017 un impuesto que variaba según los niveles de azúcar. Las bebidas que tienen entre cinco y ocho gramos de azúcar por cada 100 mililitros subían su precio 0,08 euros por litro. El segundo tramo, con un sobrecargo de 12 céntimos, se aplicaba a los productos con una concentración mayor a ocho gramos de endulzante por cada 100 ml. La semana pasada, el TSJC anuló, por un defecto de forma, el reglamento de la ley que grava las bebidas azucaradas en la comunidad desde 2017. Pero la Generalitat sigue cobrándolo porque alega que la sentencia no es firme y, además, apela al reglamento, no a la norma en sí.

Por su parte, la Federación Española de la Industria de la Alimentación y Bebidas (FIAB) rechaza la eficacia del impuesto para cambiar las actitudes de salud. "El impuesto no cambia los hábitos de consumo de la población y por tanto no es eficaz para lo que supuestamente fue creado, disminuye la renta de los ciudadanos y tiene un carácter recaudatorio que genera a la cadena agroalimentaria que opera en Cataluña una pérdida de competitividad por las cargas desproporcionadas que suponen para las empresas y la consecuente inseguridad jurídica”, explica en un comunicado la patronal del sector.

En su estudio técnico, la Semfyc recuerda que la OMS defiende la eficacia del impuesto para reducir el consumo y compara el impacto en la salud de la tasa al azúcar con los gravámenes al tabaco o a las bebidas alcohólicas. “Por cada 1% que aumenta el precio del tabaco, disminuye la demanda total con una reducción del 0,37% para los adultos y del 0,74% en jóvenes”, apunta. Y una subida del 10% en el precio del alcohol, agrega, implica una reducción del consumo del 4%. "Sin despreciar la educación, lo que sabemos seguro es que una medida legislativa es más efectiva que mil programas educativos. Son las leyes las que contribuyen a cambiar las normas sociales", zanja Córdoba.

En Cataluña se han realizado dos estudios científicos sobre el impacto de la tasa y, aunque se alcanzan resultados distintos por la metodología de análisis, ambas investigaciones coinciden en que el consumo se reduce entre el 2,2% y el 15,4%. Por su parte, el Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Ivàlua) ha recogido las conclusiones de sendos estudios y ha constatado que el impuesto “mejora la esperanza de vida, mejora la calidad y reduce los costes sanitarios”. “La tasa tiene impacto en la reducción del consumo. El objetivo no es recaudar, sino que el impuesto no sea necesario”, asegura el secretario de Salud Pública, Joan Guix.

El alto cargo de la Generalitat advierte, no obstante, de que esta medida no puede aplicarse en solitario: "Hay que fomentar el ejercicio físico, el etiquietado semáforo [verde para productos sanos y rojo para los calóricos]. El impuesto es una medida más, pero sola no sirve de nada”