Sánchez lamenta la impopularidad de algunas normas medioambietales y pide colaboración ciudadana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido la impopularidad que generan algunas normas medioambientales. "Las leyes de cambio climático no son muy populares entre los ciudadanos", ha afirmado en referencia a algunas normativas que contemplan medidas como las limitaciones a los vehículos más contaminantes o "trasformaciones industriales" como el cierre de las plantas que queman carbón o minas. Por ello, Sánchez ha abogado por hacer "pedagogía" desde la política y por "pedir a los ciudadanos" colaboración ante la adaptación que se necesita en el "corto plazo".

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A cambio, Sánchez ha resaltado las oportunidades que se abren vinculadas al cambio climático. Por ejemplo, en inversiones. El presidente ha anunciado este viernes que el futuro plan nacional integrado de energía y clima, que debe servir para limpiar el sector energético de España de gases de efecto invernadero durante la próxima década, supondrá inversiones por valor de 235.000 millones de euros hasta 2030, la mayoría procedentes del sector privado. Sánchez ha asegurado que ese plan se presentará en breve.

El plan de energía y clima es una obligación impuesta por Bruselas a todos los Estados. España debería haberlo presentado antes del 31 de diciembre, pero se ha retrasado su remisión a la Comisión Europea y la presentación pública. Algo parecido ha ocurrido con la ley de cambio climático, que aún no ha llegado al Congreso a pesar de que desde el Ministerio de Transición Ecológica se había anunciado que se haría antes de final de año.

En el seno del propio Gobierno algunas de las medidas que contemplan tanto el plan de energía como la futura ley han generado discusiones. Y algunas de esas propuestas han sido rechazadas por sectores empresariales. Por ejemplo, la patronal Anfac ha criticado con dureza la intención de prohibir las ventas de los vehículos de combustión a partir de 2040, a pesar de que entronca con los planes de otros países europeos e, incluso, de algunos fabricantes de coches.

Anfac, que agrupa los intereses de los fabricantes de automoción de España, no parece tener intención de aflojar en este asunto. La asociación ha recurrido ante Bruselas y el Ministerio de Economía la reciente ley de la islas Baleares de cambio climático, que está en fase de tramitación, por fijar un calendario para impedir la circulación de los coches de combustión en esta comunidad. Ese recurso ha sido apoyado a través de un escrito público este viernes por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), que han mostrado un "apoyo unánime".

En el primer borrador de la futura ley de cambio climático (que aún no ha pasado por el Consejo de Ministros) se contemplaba que en 2040 ya no se puedan comercializar los motores de combustión. Sin embargo, en varios de los borradores en los que se ha ido trabajando se eliminaba esa fecha y se posponía la decisión sobre el veto. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reiterado en varias ocasiones que la fecha de 2040 se mantendrá en la futura norma.

Transición justa

El presidente Sánchez ha realizado estas declaraciones durante la clausura del evento Impulsando la ambición climática, que ha organizado el Ministerio para la Transición Ecológica y que ha reunido durante dos días en Madrid a expertos internacionales en la lucha contra el calentamiento global. En esas jornadas, el concepto de "transición justa" para las personas que se verán afectadas por los cambios necesarios para limpiar de gases de efecto invernadero la economía se ha utilizado reiteradamente.

También lo ha utilizado la ministra Teresa Ribera para referirse, por ejemplo, al cierre de minas y centrales de carbón. Todas las minas de carbón de España dejaron de funcionar el 31 de diciembre debido a la normativa europea que impide que esos yacimientos sigan recibiendo fondos públicos. Paralelamente, las eléctricas han iniciado una carrera por cerrar sus centrales que queman carbón durante el próximo año y medio. A esas compañías no le resulta rentable acometer las obras de descontaminación a las que Bruselas les obliga si quieren seguir funcionando más allá de 2020. En total, nueve de las 15 centrales de carbón del país cerrarán de forma inmediata.

El anuncio de los cierres ha desencadenado ya protestas en las regiones afectadas (Asturias, Galicia, Aragón y Castilla y León). Pero, de momento, esos cierres están motivados por normas comunitarias que España y las empresas han de cumplir. En el plan de energía y clima que España debe presentar sí tendrá que haber un pronunciamiento concreto del Gobierno. Es decir, el Ejecutivo tendrá que exponer sus planes de cierre para las centrales de carbón que seguirán operando más allá de 2020 y de las nucleares.