Los fabricantes de coches denuncian ante la UE el veto al diésel en Baleares

La batalla que tienen abierta los fabricantes de automóviles presentes en España contra las prohibiciones al vehículo diésel se ha trasladado este miércoles a Bruselas. Allí, la asociación de fabricantes Anfac ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que presentó el Gobierno de Baleares el pasado agosto y que supondrá que, a partir de 2025, no se puedan matricular nuevos coches diésel en la comunidad, aunque sí que podrán continuar circulando los modelos ya matriculados hasta entonces. A partir de 2035 ese veto se extenderá a los modelos impulsados por gasolina.

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Sostiene la patronal de marcas, que también ha llevado la medida ante el Consejo para la Unidad de Mercado del Ministerio de Economía, que la norma que plantea el Gobierno de Francina Armengol supone "un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea", y que sus medidas son "arbitrarias, inidóneas y desproporcionadas". Se da así por imposible la interlocución con el Ejecutivo para intentar llegar a un acuerdo. Anfac ha preferido denunciar la ley antes de que fuera aprobada por el Parlamento balear y tratar así de ganar tiempo para evitar su aplicación.

El texto entregado ante la UE sostiene que Baleares pretende "atajar un supuesto problema de calidad del aire", pese a que esta es entre buena y excelente, y acusa al Ejecutivo socialista balear de incumplir "flagrantemente" la libertad de circulación de mercancías y personas, la libre prestación de servicios y el marco europeo de homologación de vehículos. "Tendrá unos efectos negativos para el sector", sostiene un escrito que reclama el inicio de un procedimiento por infracción del Derecho de la Unión Europea y, en el caso de aprobarse la ley, la adopción de medidas cautelares para evitar la entrada en vigor de la prohibición a los diésel.

Anfac señala que el anuncio del Gobierno de febrero, la posterior aprobación del proyecto de ley y la actual tramitación parlamentaria genera unos "efectos graves" que empiezan a notarse ya en el mercado. El pasado año las ventas de vehículos en Baleares crecieron solo un 1,8%, muy por debajo del 7% del conjunto español. Según su interpretación, a seis años de su entrada en vigor ningún potencial comprador adquirirá un vehículo diésel y, en cambio, se incentiva el uso de coches de gasóleo más antiguos y más contaminantes.

"El efecto para el medio ambiente y la salud de las personas es el opuesto al que se pretendía conseguir: circularán vehículos cada vez más antiguos en vez de sustituirse por los nuevos", concluye Anfac en su acusación. "Es regresivo", ha explicado el vicepresidente de la patronal, Mario Armero a este diario.

Armero ha evitado comparar esta normativa con las prohibiciones a la circulación de vehículos diésel en los centros urbanos de Madrid y Barcelona, argumentando la extensión y el efecto de insularidad de Baleares. Asimismo, ha afirmado que "no se ha planteado" realizar una denuncia similar en el caso del que el Gobierno español apruebe su proyecto de Ley de Cambio Climático, que ha planteado inicialmente la prohibición total a la venta de vehículos diésel y de gasolina a partir de 2040.