¿Pueden los impuestos a los refrescos azucarados salvar vidas?

Un refresco azucarado contiene decenas de calorías vacías, con escasos nutrientes que justifiquen su ingesta habitual, y menos en grandes cantidades. El consumo abusivo de esas bebidas se han convertido en uno de los símbolos de una epidemia de obesidad que es responsable del 5% de las muertes en el mundo y cuesta miles de millones a las arcas públicas. Frenar el avance del sobrepeso es una prioridad, pero las formas de hacerlo están en el centro de un complejo debate. La propuesta realizada esta semana por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para crear una tasa del 20% sobre los refrescos azucarados vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de recurrir a los impuestos para penalizar el consumo de ciertos productos, como ya sucedió en el pasado con el alcohol y el tabaco.

Desde que México, uno de los países que más refrescos consume, introdujo una tasa del 10% para las bebidas azucaradas en 2014, este tipo de medida fiscal está ganando apoyos. Reino Unido planea introducir una tasa en 2018, siguiendo pasos similares de Francia, Hungría y algunas ciudades de EE UU. Los contrarios a este tipo de iniciativas, con la industria a la cabeza, consideran que son inútiles, penalizan a los consumidores con menores ingresos y culpabilizan a un solo producto, por lo que proponen como mejor alternativa proporcionar a los ciudadanos información sobre hábitos de vida saludables.

Los partidarios replican que estos impuestos desincentivan el consumo y aumentan los ingresos del Estado. “El consumo de azúcares libres, incluidas las bebidas azucaradas, es uno de los principales factores del incremento global de personas que sufren obesidad y diabetes. Si los Gobiernos ponen impuestos a productos como las bebidas azucaradas, pueden reducir el sufrimiento y salvar vidas”, ha declarado Douglas Bettcher, director de Prevención de Enfermedades no Infecciosas de la OMS. “La evidencia indica que los impuestos sobre determinados alimentos y bebidas son por lo general ineficaces”, respondía a su vez la Asociación de Bebidas Refrescantes de España.

No es fácil evaluar la efectividad de este tipo de tasas, sobre todo porque se trata de iniciativas relativamente recientes. En México, un estudio del Instituto Nacional de Salud y la Universidad de Carolina del Norte estima que las ventas en ese país han caído un 6% de media. Entre los partidarios de la tasa, ya hay peticiones para incrementarla con el fin de reducir aún más el consumo. En Francia, la introducción de una tasa en 2012 se asocia al descenso de las ventas de los refrescos azucarados y a un mayor consumo de agua embotellada. Sin embargo, instaurar un impuesto sobre el azúcar sirvió de poco en Berkeley (California) porque los comerciantes asumieron la pequeña subida de precios para no arriesgarse a que su clientela se fuera a la localidad de al lado a hacer la compra. Para conseguir un efecto significativo, un informe de la British Medical Association (BMA) concluye que el precio de las bebidas con azúcar debería incrementarse al menos un 20%, en línea con lo defendido por la OMS.

Otra posibilidad es modular el impuesto en función de la cantidad de azúcar de la bebida, como ha hecho Hungría, que tiene además una tasa para la sal y la grasa. El resultado fue que el 40% de los fabricantes, según datos de The Economist, ajustaron los ingredientes a la baja para pagar menos impuestos, una decisión que al fin y al cabo terminó beneficiando a los consumidores.